Las recientes admisiones de «errores» por parte de altos funcionarios del gobierno cubano, desde el tarifazo de ETECSA hasta la incapacidad de garantizar el suministro eléctrico, revelan una estrategia sistemática para extraer recursos, reprimir a la sociedad civil y perpetuarse en el poder. La falta de rendición de cuentas en la Asamblea Nacional y la injerencia en instituciones independientes confirman que el colapso estructural de la isla responde a un diseño calculado más que a la simple ineptitud burocrática.
Durante la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) cometió «errores sobre la forma en que se condujo la implantación» del controvertido tarifazo, así como fallos en la «estrategia político-comunicacional». Sin embargo, a pesar de este reconocimiento público, ningún alto funcionario de la empresa estatal o del Ministerio de Comunicaciones ha presentado su renuncia o ha sido destituido. La ausencia de sanciones evidencia una protección institucional que responde a los elevados ingresos generados por la medida: casi 25 millones de dólares en apenas 46 días, obtenidos mediante la discriminación de la moneda nacional, la extorsión a los emigrados y la afectación directa a los sectores más vulnerables de la población, que vieron limitado su acceso a la información y a la comunicación con sus familiares en el exterior.
Detrás de esta operación financiera se encuentra la Administración de Empresas, S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial militar que controla la mayor parte de la economía cubana y que, según analistas, ideó el tarifazo en coordinación con las máximas autoridades del país. Cuando el descontento popular amenazó con desbordarse en una crisis social de magnitud similar a las protestas del 11 de julio de 2021, el ejecutivo cubano simuló deslindarse del «error», aunque manteniendo la medida en vigor. Como parte de esta estrategia de contención de daños, la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, fue apartada de la esfera pública en la víspera del anuncio y solo reapareció cuando la tensión inicial había disminuido, eludiendo así cualquier exigencia de explicaciones directas por parte de la ciudadanía y de la prensa independiente.
Colapso energético e impunidad institucional
La falta de responsabilidad también se extiende al sector energético, uno de los puntos más críticos de la crisis estructural. El ministro de Energía y Minas compareció ante el parlamento para admitir que la promesa de un verano sin apagones no se cumpliría, atribuyendo la crisis a la falta de combustible. Esta justificación omite la incapacidad de previsión de un aparato estatal que, durante más de seis décadas, ha culpado al embargo de Estados Unidos por sus propios déficits de gestión y planificación. Paradójicamente, el gobierno cubano mantiene un fluido comercio con Florida, de donde importa desde generadores eléctricos domésticos hasta alimentos y vehículos de lujo, mercancías que llegan diariamente al puerto del Mariel para abastecer a quienes poseen los recursos para adquirirlos, incluida la alta dirigencia del Partido Comunista y sus familiares.
Sobre este flujo comercial, vital para el sostenimiento de la élite, no se presentó ningún informe en la Asamblea Nacional. GAESA opera al margen de la auditoría de la Contraloría General de la República, una anomalía que los diputados han normalizado en cada sesión legislativa. El parlamento cubano funciona como un cuerpo legitimador de las decisiones del Consejo de Estado más que como un órgano de control y fiscalización, lo que permite que las grandes operaciones económicas del régimen de La Habana se mantengan en la opacidad. Este silencio parlamentario resulta aún más escandaloso si se compara con el caso de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien fue calificada de «valiente» por el propio Marrero Cruz tras sus polémicas declaraciones sobre los mendigos y la soberbia institucional.
La designación de «valentía» sugiere, en el lenguaje de la política cubana, que Feitó actuó como un peón sacrificado que verbalizó en público lo que la cúpula piensa en privado, asumiendo el costo político de una declaración que generó un repudio masivo. Tras la tormenta mediática, la exministra fue reubicada en «nuevas funciones», demostrando que el sacrificio de figuras secundarias es una táctica recurrente para apaciguar el descontento sin alterar las estructuras de poder que tomaron las decisiones originales.
Represión a la sociedad civil y manipulación de la masonería
La estrategia de control no se limita al ámbito económico y burocrático. La dictadura cubana ha orquestado una crisis interna dentro de la masonería, una de las pocas instituciones de pensamiento independiente que sobreviven en la isla. Las declaraciones del Ministerio de Justicia, que intentan desentenderse del asunto presentándolo como un conflicto estrictamente interno de la orden, contrastan con la visible presencia de agentes de la Seguridad del Estado rodeando los templos masónicos y los domicilios de periodistas que cubren la situación. Esta maniobra es característica de la dictadura, que delega en terceros el desencadenamiento de una crisis para luego sacar provecho político de la debilidad de las organizaciones no controladas por el Estado. El objetivo es claro: neutralizar a una cofradía que resulta molesta para un sistema obsesionado con el monopolio del pensamiento y profundamente temeroso de la disidencia pacífica.
Contexto: El exodo y el modelo de control estructural
Estos hechos no son acontecimientos aislados, sino piezas de un modelo de control político que se sustenta en la crisis permanente. El éxodo masivo de los últimos años, el mayor en la historia reciente del país, ha sido articulado por las autoridades de la isla en coordinación con gobiernos aliados en la región. Este fenómeno no solo ha servido para exportar la presión social interna y crear una crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, amenazando la seguridad nacional de ese país, sino que ha facilitado el despliegio de agentes de inteligencia e influencia. La diáspora, además, se ha convertido en el principal sostén económico del país a través de las remesas y el envío de paquetes, tributando directamente a las estructuras empresariales del régimen de La Habana.
A esta red de extracción se suman las centenares de empresas establecidas en paraísos fiscales como Panamá, el Reino Unido y Canadá desde la década de 1970. Esta estructura de blanqueo de capitales y operaciones en la sombra, que tuvo su apogeo en los años 90, no cesó con los escándalos de narcotráfico que culminaron con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, sino que se ha perfeccionado. Hoy opera de manera articulada con las embajadas y consulados cubanos en el exterior, así como con los grupos de solidaridad, conformando un entramado económico paralelo que enriquece a la cúpula militar mientras la población sufre hiperinflación, desabastecimiento crónico y el colapso irreversible de los servicios básicos de salud y educación.
Consecuencias y panorama futuro
Analizar la realidad cubana bajo el prisma de la «incapacidad» o el «error» resta perspectiva a un sistema que ha demostrado una notable capacidad de supervivencia a costa del sufrimiento ciudadano. La miseria y la falta de oportunidades no son subproductos de la mediocridad de los dirigentes visibles, sino el resultado de un método perverso donde los derechos ciudadanos se han convertido en privilegios otorgados o retirados a conveniencia. El castrismo funciona como un cuerpo endogámico donde quienes no pertenecen a la élite consanguínea o militar solo pueden aspirar a roles subordinados, siendo utilizados como elementos de sacrificio cuando las políticas de extracción generan repudio social.
Las implicaciones de esta estrategia son profundas para el futuro de la nación. Mientras la dictadura mantenga la capacidad de orquestar crisis para legitimar su control y reprimir cualquier intento de autonomía, la recuperación económica y social permanecerá estancada. La comunidad internacional enfrenta el reto de comprender que las concesiones diplomáticas y los alivios económicos no llegan a la población, sino que son redirigidos hacia las arcas de GAESA y sus filiales. El panorama apunta a una profundización del deterioro de las condiciones de vida en la isla, a menos que se produzca una presión coordinada que desmantele las estructuras de poder opacas que sostienen al régimen de La Habana y que permita la restauración de las libertades democráticas.
