El gobierno cubano publicó las Resoluciones 179 y 180 con el objetivo de incentivar la inversión en fuentes renovables de energía, eximiendo de aranceles la importación de tecnología fotovoltaica y ampliando los beneficios tributarios. La medida llega en un contexto crítico, tras registrar siete apagones nacionales en lo que va de año y un déficit de generación que supera los 2.200 megavatios, evidenciando el fracaso de la gestión estatal sobre el Sistema Electroenergético Nacional.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución 180/2026, firmada el pasado 5 de agosto, que deroga la normativa anterior aprobada en febrero. Este nuevo paquete normativo centraliza los beneficios fiscales y aduaneros dirigidos a personas naturales y jurídicas que decidan incorporar tecnologías limpias. La disposición exime del pago de impuestos aduaneros a la importación de sistemas fotovoltaicos, calentadores solares, bombas fotovoltaicas, pequeños aerogeneradores, biodigestores, equipos de biogás, alumbrado público solar, climatización basada en energía solar y cargadores para vehículos eléctricos.
Además de los equipos terminados, las autoridades de la isla también eliminaron los aranceles para la importación de materias primas, piezas y maquinarias destinadas a proyectos de generación eléctrica mediante fuentes renovables. Esta exención aplica tanto para las entidades estatales como para los actores de gestión no estatal, un sector que el ejecutivo cubano ha visto obligado a tolerar y fomentar ante la absoluta incapacidad del Estado para mantener la infraestructura básica del país.
Control de precios y compra de excedentes
El paquete normativo introduce ventajas tributarias adicionales para quienes generen electricidad, ya sea para autoconsumo o para inyectar en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN). El alivio fiscal estará vigente durante el período de recuperación del capital invertido y podrá extenderse por un máximo de ocho años. Para acceder a este beneficio, los interesados deben obtener un Dictamen Energético de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía y luego gestionar la exención ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), la cual cuenta con un plazo máximo de 60 días para emitir su resolución.
En un intento por frenar la especulación en un mercado azotado por la hiperinflación, la resolución establece que la comercialización de estas tecnologías debe realizarse con precios \»no recaudatorios\». Los márgenes de utilidad no podrán superar el 25% sobre los costos de operación. Sin embargo, la efectividad de este control de precios es cuestionable en una economía donde el mercado negro y la escasez dictan las reglas reales de oferta y demanda, muy por encima del control burocrático del Estado.
Por su parte, la Resolución 179/2026 busca estimular la generación privada mediante la compra de excedentes. La tarifa establecida para adquirir la electricidad inyectada al SEN por paneles solares o aerogeneradores particulares se fija en 90 pesos cubanos por kilovatio hora (kWh). Este precio se aplica de manera uniforme, sin distinción de horario ni de tipo de usuario (residencial o no residencial), manteniendo una tasa que ya había sido anunciada previamente, pero que ahora se oficializa en el nuevo compendio legal.
Un sistema eléctrico en ruinas
El régimen de La Habana ha presentado estas medidas como un \»nuevo impulso al programa de transición energética\», según reflejó el medio oficial Cubadebate. La meta oficialista aspira a que las fuentes renovables representen el 24% de la generación eléctrica para 2030. No obstante, este anuncio se produce en medio de la peor crisis energética de las últimas décadas, poniendo de manifiesto la desconexión entre los planes a largo plazo del gobierno y la realidad inmediata que sufre la ciudadanía a diario.
El contexto en el que se aprueban estas resoluciones no podría ser más adverso. Durante los primeros días de agosto, la población cubana ha sufrido nuevos colapsos totales del SEN, sumando siete apagones de carácter nacional en lo que va de 2026. La Unión Eléctrica ha pronosticado afectaciones superiores a los 2.200 megavatios en los horarios de mayor demanda durante julio y agosto, un déficit monumental impulsado por el estado de ruina de las termoeléctricas, los retrasos en los mantenimientos programados y la escasez crónica de combustible.
Contexto de crisis estructural y antecedentes
La crisis eléctrica es solo el síntoma más visible de la descomposición estructural del modelo económico cubano. La falta de mantenimiento, la ausencia de inversiones extranjeras reales y la concentración de recursos en sectores prioritarios para la dictadura, como el aparato represivo y el control sociopolítico, han dejado al sistema de generación en la ruina. Mientras el poder destina fondos y esfuerzos para vigilar, perseguir y encarcelar a opositores políticos y periodistas independientes, la infraestructura básica de la isla se desmorona, afectando directamente el derecho a la alimentación, la salud y el bienestar de la población.
El reconocimiento gubernamental de la urgencia de incorporar energías renovables no es nuevo, aunque su ejecución ha sido ineficaz. En febrero de este mismo año, el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga admitió la necesidad de ampliar los incentivos para la instalación de estas tecnologías en hogares, empresas e instituciones. A pesar de la construcción de decenas de parques fotovoltaicos que en ciertas horas del día aportan cientos de megavatios, la generación solar es insuficiente para compensar la pérdida de capacidad de las centrales termoeléctricas y las plantas de generación distribuida diésel, que operan al límite de sus capacidades o paradas por averías.
Históricamente, la matriz energética cubana ha dependido en gran medida de la importación de petróleo, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, relaciones que han demostrado ser frágiles ante los cambios geopolíticos. La caída en los envíos de crudo desde Caracas ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del modelo centralizado y planificado de La Habana, incapaz de generar alternativas sostenibles por sí mismo y rehén de sus alianzas internacionales.
Las nuevas exenciones fiscales y aduaneras, aunque necesarias en términos técnicos, chocan con la cruda realidad del poder adquisitivo de los cubanos. La inmensa mayoría de la población, inmersa en una crisis económica profunda con salarios devaluados y una inflación galopante, no tiene la capacidad financiera para importar paneles solares ni de invertir en infraestructura privada. El éxito de estas medidas dependerá de la capacidad real de los actores económicos para financiar estas inversiones y de la existencia de una red eléctrica que pueda integrar estas nuevas fuentes sin colapsar, dos condiciones que el actual gobierno cubano no ha podido garantizar, dejando a la ciudadanía a la espera de soluciones que parecen llegar demasiado tarde y con escasas posibilidades de materializarse en el corto plazo.
