El régimen de La Habana ha anunciado la autorización para que las personas naturales importen mercancías con fines comerciales, una decisión que entrará en vigor próximamente y que permitirá el ingreso de estos productos mediante el equipaje de viajeros y envíos. La medida, que obliga al pago de impuestos y servicios en dólares estadounidenses, representa un giro forzado en la política comercial de la isla ante el colapso del aparato estatal de abastecimiento y la expansión incontrolable del mercado negro.
La Resolución publicada en el Diario Oficial de la República de Cuba detalla que los ciudadanos podrán introducir bienes destinados al comercio, siempre y cuando cumplan con las regulaciones aduaneras y asuman el pago de las tarifas correspondientes en moneda extranjera. Esta apertura, sin embargo, no constituye una liberalización económica genuina, sino una válvula de escape diseñada por las autoridades de la isla para paliar la escasez crítica de productos básicos que sufre la población desde hace varios años.
El gobierno cubano ha mantenido durante décadas un monopolio absoluto sobre el comercio exterior, justificando este control bajo la premisa de la planificación centralizada. Esta centralización burocrática ha demostrado ser un fracaso rotundo, llevando al desabastecimiento de tiendas, farmacias y mercados agropecuarios. Al permitir que los particulares asuman el riesgo y la inversión de importar mercancías, el régimen transfiere la responsabilidad de la supervivencia económica a los ciudadanos, lavándose las manos frente a su incapacidad histórica para gestionar la cadena de suministro nacional.
Uno de los aspectos más reveladores de la nueva disposición es la exigencia de que los impuestos y servicios aduaneros sean pagaderos en dólares. Esta cláusula expone la profunda dolarización de la economía cubana y el desplome del peso cubano (CUP), que ha perdido casi todo su poder adquisitivo tras el fallido proceso conocido como «Tarea Ordenamiento». Las autoridades exigen divisas fuertes que la mayoría de los ciudadanos residentes en la isla no pueden obtener legalmente a través de sus salarios, que se mantienen en una moneda devaluada.
Una economía sostenida por la diáspora
En la práctica, esta medida no beneficia al ciudadano de a pie, sino a aquellos que reciben remesas o apoyo desde el extranjero. La importación comercial de personas naturales dependerá casi exclusivamente del capital inyectado por la diáspora cubana. El régimen de La Habana reconoce así, implícitamente, que la economía nacional no se sostiene por la producción interna ni por el sector estatal, sino por el flujo de dinero que envían los cubanos emigrados, a quienes ahora se instrumentaliza para abastecer el mercado interno a través de envíos y maletas.
El mercado negro y el comercio informal han crecido de manera exponencial frente a la ineficiencia del sector estatal. Los importadores informales ya operaban de hecho, surtiendo a la población de electrodomésticos, repuestos, ropa y alimentos que el Estado no provee. Con esta legalización parcial, el gobierno cubano busca captar ingresos a través del cobro de aranceles en dólares, monetizando una actividad que ya existía y que se desarrollaba al margen de su control fiscal.
Sin embargo, la burocracia y la arbitrariedad siguen siendo barreras formidables. Aun cuando la norma faculta la importación con fines comerciales, la Aduana General de la República ha sido históricamente un centro de corrupción, confiscaciones arbitrarias y exceso de poder. Los importadores se enfrentarán a la incertidumbre de que sus mercancías puedan ser retenidas bajo criterios subjetivos o por funcionarios que actúan por encima de la ley, un rasgo característico de la falta de seguridad jurídica en el país.
Apertura económica frente a cierre político
Mientras el régimen de La Habana implementa parches económicos para intentar frenar el descontento social por la escasez, la dictadura cubana mantiene intacto su aparato de represión política y censura. No existe una correlación entre estas medidas de supervivencia económica y un respeto por las libertades fundamentales. Los ciudadanos pueden importar mercancías para revender, pero no pueden organizarse políticamente, manifestarse pacíficamente ni expresar críticas en los medios de comunicación sin el riesgo de ser acosados, detenidos o encarcelados.
El contexto sistémico en el que se inserta esta autorización es de una crisis estructural multidimensional. El sector agrícola paralizado por la falta de insumos, la industria azucarera en ruinas, la infraestructura energética colapsada con apagones diarios, y un sistema de salud en estado de abandono, configuran un escenario de desesperación. La importación de mercancías por personas naturales no soluciona la nula productividad del país, simplemente maquilla el síntoma de una economía que no produce lo suficiente para sostener a su población.
Además, el requisito de pagar en dólares profundiza la desigualdad social en la isla. Se crea una brecha entre aquellos que tienen acceso a divisas extranjeras y la inmensa mayoría de la población que sobrevive con salarios en CUP y sufre los rigores de la inflación galopante. Esta política de dolarización forzosa penaliza al trabajador cubano promedio, generando un sistema de apartheid financiero donde el acceso a bienes y servicios depende de la posesión de moneda estadounidense.
Implicaciones a futuro y respuesta internacional
Las consecuencias a futuro de esta medida dependerán de su implementación real y de la voluntad del gobierno cubano de no revertir la norma en cualquier momento, como ha ocurrido en el pasado con otras políticas económicas. Si el régimen aplica impuestos confiscatorios o impone trabas aduaneras excesivas, la medida fracasará y el mercado negro continuará dominando. La falta de confianza en la estabilidad de las leyes es un factor disuasivo para cualquier intento de formalizar negocios por parte de los ciudadanos.
Frente a estas maniobras del régimen, la comunidad internacional y los organismos de defensa de los derechos humanos deben mantener una mirada crítica. No se debe confundir la flexibilización de las importaciones con una apertura democrática o una reforma estructural. La dictadura cubana sigue siendo la única responsable de la ruina del país. Mientras no se permita la libre empresa sin monopolios estatales, la propiedad privada de los medios de producción y la libertad política, cualquier ajuste en la aduana será únicamente un parche de oxígeno para un sistema que se asfixia bajo el peso de su propia ineficiencia y autoritarismo.
