Siete años después de su último viaje, el histórico tren eléctrico de Hershey continúa sin una fecha concreta para volver a operar. Las autoridades de la isla, a través del Ministerio de Transporte, han reconocido que las condiciones técnicas actuales impiden una reactivación inmediata de esta vía, crucial para la movilidad de 46 comunidades rurales entre La Habana y Matanzas. Mientras el gobierno cubano ofrece vagos anuncios de restauración, cientos de familias permanecen aisladas, evidenciando el colapso estructural del sistema de transporte público en el país.
Durante una reciente inspección a la provincia de Matanzas, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, abordó la situación del emblemático ferrocarril. Aunque el funcionario reconoció la relevancia del servicio para la población local, los anuncios se quedaron en meras intenciones institucionales. La Empresa Provincial de Transporte ha alistado un ferrobús, pero su propio director adjunto, Ramón Rodríguez Zamora, admitió al diario estatal Girón que el equipo «aún no está apto técnicamente», por lo que no se pueden efectuar pruebas ferroviarias hasta que esté completamente listo.
Paralelamente, el ejecutivo cubano contempla la restauración de la estación de Matanzas, un proyecto vinculado al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público. El ingeniero René Peña García, director adjunto de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en la provincia, explicó que la iniciativa busca recuperar el valor patrimonial del inmueble con fines operacionales y turísticos. Sin embargo, la estrategia de rehabilitación se desarrollará por etapas, priorizando la preservación arquitectónica y posponiendo el transporte de pasajeros para «cuando las condiciones lo permitan».
Uno de los aspectos más reveladores del anuncio es la intención de sustituir el sistema eléctrico original por equipos de tracción Diésel. Esta modificación representa un golpe a la identidad histórica del tren, que era el único ferrocarril eléctrico que ha funcionado en Cuba. Construido en 1917 por la empresa estadounidense Hershey Company para el transporte de azúcar y pasajeros, su conversión a diésel evidencia la incapacidad del régimen de La Habana para mantener una infraestructura energética básica, adaptando los servicios a la precariedad antes que a la modernización.
El ferrocarril, suspendido oficialmente en 2017, era la única vía de transporte para numerosos poblados a lo largo de su trazado. Su paralización abrupta y el deterioro progresivo de las vías y estaciones han afectado directamente el bienestar y la economía de cientos de familias. En zonas rurales donde no existen otras opciones de movilidad, la ausencia del tren ha significado el aislamiento total, dificultando el acceso a centros de trabajo, escuelas, mercados y hospitales.
Un reflejo del colapso sistémico del transporte en Cuba
El caso del tren de Hershey no es un incidente aislado, sino un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El sistema de transporte público cubano colapsó hace años, víctima de la falta de mantenimiento, la inexistencia de piezas de repuesto y la escasez crónica de combustible. El gobierno cubano ha sido incapaz de garantizar la conectividad interna, lo que ha generado un cuello de botella en la ya asfixiada economía nacional y ha profundizado la marginalidad de las comunidades rurales.
La crisis del transporte se entrelaza con la inflación galopante y la devaluación del salario real. Los habitantes de estas 46 comunidades se ven obligados a depender de alternativas informales de transporte, cuyos precios son inalcanzables para el trabajador promedio. Esta falta de movilidad obligatoria actúa como un catalizador del éxodo migratorio, ya que la población, al no encontrar soluciones a sus necesidades más básicas de desplazamiento y sustento, opta por abandonar el campo y, en muchos casos, el país.
La dictadura cubana ha gestionado la infraestructura del país sin rendición de cuentas ni planificación a largo plazo. La asignación de recursos ha priorizado históricamente el sector turístico y las zonas céntricas de la capital en detrimento de las provincias y áreas rurales. El anuncio de rehabilizar la estación de Matanzas con «fines turísticos y culturales» antes que para el transporte de los residentes locales es una muestra clara de las prioridades del poder: la captación de divisas extranjeras prevalece sobre el derecho a la movilidad de los ciudadanos cubanos.
Antecedentes de un abandono anunciado
El ferrocarril eléctrico de Hershey fue en su momento una obra de ingeniería pionera en América Latina. Tras la nacionalización de las empresas, la gestión estatal asumió el control del ferrocarril. Durante décadas, el servicio mantuvo una regularidad relativa, pero la caída del campo socialista en los años noventa marcó el inicio de su declive irreversible. La falta de inversión sostenida y la ineficiencia burocrática llevaron a un deterioro gradual de los vagones, los motores eléctricos y la red de catenarias.
Antes de su paralización definitiva en 2017, el servicio ya operaba en condiciones deplorables, con frecuentes averías y retrasos interminables. Las promesas de revitalización por parte de las autoridades ferroviarias han sido recurrentes en los últimos años, pero ninguna ha cristalizado en mejoras tangibles para la población. El estado de abandono acumulado durante estos siete años ha provocado que el saqueo de piezas y la degradación de las vías hagan cada vez más costoso y complejo un eventual regreso a la normalidad.
Consecuencias y panorama futuro
La indefinición de plazos por parte de los funcionarios consultados pone en duda que el tren de Hershey vuelva a circular en el corto o mediano plazo. Mientras no exista una voluntad real de asignar los escasos recursos del país a la solución de los problemas de la ciudadanía, los anuncios oficiales seguirán siendo piezas de propaganda sin sustento material. El futuro inmediato para las 46 comunidades afectadas es el de la continuidad del aislamiento y la precariedad.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a cómo la negligencia del Estado en la provisión de servicios básicos constituye una violación sistemática de los derechos económicos y sociales de los cubanos. La reactivación del tren de Hershey no solo es una necesidad logística, sino una demanda de justicia social para aquellos que han sido olvidados por un sistema que, durante más de seis décadas, ha demostrado su incapacidad para sostener la infraestructura que heredó. La recuperación de este patrimonio ferroviario requerirá, inevitablemente, un cambio de modelo que ponga en el centro la dignidad y el bienestar de los cubanos.
