En medio del rechazo generalizado por el reciente «tarifazo» de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), un dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) propuso reducir la velocidad de conexión a internet y vender planes de mayor rapidez a precios más elevados como vía para «ganar divisas». La sugerencia, presentada ante un grupo de trabajo creado por las autoridades de la isla para encauzar el descontento, contrasta frontalmente con las exigencias ciudadanas de accesibilidad y calidad en los servicios digitales.
La propuesta fue expuesta por Alain Álvarez, presidente de la FEU en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), durante el inicio de las sesiones del denominado «grupo multidisciplinario», un espacio transmitido por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El dirigente estudiantil sugirió limitar la velocidad de la conexión por defecto y comercializar la mejora de este parámetro como un servicio premium, argumentando que esta modalidad es común a nivel internacional y permite al usuario «pagar por calidad».
Álvarez justificó su planteamiento como una medida necesaria para «bajarle la tensión a la red» y, al mismo tiempo, incrementar la entrada de moneda libremente convertible al país. Aunque admitió que la solución podría ser «mucho más costosa a corto plazo», aseguró que otorgaría una «estabilidad muy consistente», aunque omitió ofrecer detalles concretos sobre los plazos de implementación o el impacto real que tendría en los hogares cubanos, donde el acceso a la red ya es limitado y costoso.
La iniciativa de reducir la velocidad como respuesta a la saturación de la red evidencia una profunda desconexión con las demandas reales de la población. Los ciudadanos cubanos exigen justamente lo contrario: mayor velocidad, mejor cobertura y precios accesibles. La conexión a internet en la isla es un servicio esencial para el desarrollo de la educación, el trabajo remoto y, crucialmente, para mantener la comunicación con los cientos de miles de cubanos que han emigrado en los últimos años. Deteriorar el servicio base desplaza la responsabilidad de una empresa estatal monopólica hacia los propios usuarios, a quienes se les exige pagar más por un servicio que ya funciona por debajo de los estándares internacionales.
Cuba: Sesiona Grupo Multidisciplinario entre ETECSA y la FEU
El «grupo multidisciplinario» y la contención del descontento
El escenario donde se presentaron estas propuestas es el llamado «grupo multidisciplinario», creado a propuesta de la Universidad de La Habana e integrado por estudiantes de diversas instituciones del país, abarcando carreras desde Matemática hasta Psicología y Diseño. Según Hugo Alejandro Fuentes, presidente de la FEU de la Universidad de La Habana, el objetivo es «fomentar un espacio donde los universitarios pudieran participar junto a la dirección de ETECSA» para analizar las decisiones tomadas y proponer alternativas.
Sin embargo, la formación de este grupo ha sido percibida por amplios sectores de la sociedad civil como una estrategia del gobierno cubano para encauzar la frustración popular sin rectificar las medidas impopulares que originaron la crisis. La prensa oficialista ha presentado la iniciativa como «un paso novedoso y necesario», pero la realidad es que surge tras un hecho sin precedentes: un parón de actividades académicas convocado por los estudiantes universitarios en rechazo a las nuevas tarifas de ETECSA, un episodio de protesta que tomó por sorpresa a las estructuras de control del régimen de La Habana.
Durante las sesiones, otros estudiantes plantearon ideas como la masificación de zonas wifi —sugerida nuevamente por Álvarez— y la creación de paquetes de datos compartibles para familias con varios hijos, propuesta de Luis Yoel González, vicepresidente de la FEU de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona. Pese a la retórica de diálogo, los propios estudiantes reconocieron que el proceso está lejos de concluir. Fuentes admitió que «todavía hay exigencias sobre la mesa» y González reconoció que persisten «un grupo de insatisfacciones y criterios que no se han esclarecido del todo».
El monopolio de ETECSA y la crisis estructural
Para entender la magnitud del rechazo a las propuestas de mayor cobro y limitación de servicios, es indispensable situar a ETECSA dentro del contexto de la crisis estructural que atraviesa la isla. La empresa de telecomunicaciones opera como un monopolio estatal absoluto, sin competencia que regule los precios o mejore la calidad del servicio. En un país donde la inflación ha destruido el poder adquisitivo del salario en moneda nacional, las tarifas de internet representan un lujo inalcanzable para la mayoría de los trabajadores estatales.
El reciente «tarifazo» impuesto por el ejecutivo cubano obligó a los usuarios a adquirir planes de datos en moneda libremente convertible o a pagar tarifas exorbitantes en pesos cubanos, con el evidente objetivo de captar divisas frescas para un Estado en bancarrota. Esta política extractiva se impone en un momento de desabastecimiento crítico, apagones prolongados y colapso de los servicios básicos de salud y transporte. La presión sobre la ciudadanía para que financie con sus escasos recursos las arcas del Estado es una constante en el modelo económico cubano, y el sector de las telecomunicaciones no es la excepción.
Además, en Cuba no existe un mercado competitivo que permita al consumidor elegir entre diferentes proveedores, como sucede en las naciones donde se aplican los planes diferenciados por velocidad que citó el dirigente de la UCI. La comparación con el mercado internacional resulta inválida y cínica cuando se aplica a un sistema cerrado donde el usuario no tiene alternativa alguna y debe someterse a las condiciones impuestas por el único proveedor existente, respaldado por el aparato estatal.
Consecuencias para los derechos digitales y la libertad de expresión
La propuesta de limitar la velocidad de conexión también levanta profundas preocupaciones en el ámbito de los derechos humanos y la libertad de expresión. En un país donde los medios de comunicación tradicionales están bajo el control absoluto del Estado, las redes sociales y la internet se han convertido en el único espacio viable para la denuncia cívica, la organización pacífica y el acceso a información independiente.
Reducir la velocidad de conexión —incluso bajo el disfraz de una supuesta modernización tarifaria— puede leerse como una medida de contención y censura estructural por parte de la dictadura cubana. Un internet más lento dificulta la transmisión de videos, la subida de material gráfico que documente abusos o represión, y entorpece la comunicación fluida entre activistas y la ciudadanía en general. Antecedentes graves, como el corte total de las comunicaciones durante las protestas del 11 de julio de 2021, demuestran que el régimen no duda en utilizar el control de las telecomunicaciones como un arma para blindar el poder y silenciar la disidencia.
El «grupo multidisciplinario» continuará sus sesiones en el Centro de Estudios de Telecomunicaciones e Informática de la CUJAE, pero las expectativas de un cambio real que beneficie a la población son mínimas mientras la estructura monopólica y la prioridad de captación de divisas se mantengan intactas. Las propuestas surgidas de este espacio, como la de penalizar la velocidad de conexión, parecen estar más alineadas con los intereses comerciales del Estado que con las necesidades de la base estudiantil y popular.
A futuro, el deterioro del acceso a internet y el encarecimiento de las tarifas tendrán consecuencias directas en el aislamiento de la sociedad cubana y en el desarrollo educativo y profesional de las nuevas generaciones. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos digitales deberán prestar atención a cómo el gobierno cubano continúa utilizando la infraestructura tecnológica no como un motor de desarrollo, sino como un mecanismo de extracción económica y control social. La exigencia de un internet accesible, rápido y sin restricciones en Cuba es, hoy más que nunca, una demanda indisoluble de la lucha por las libertades democráticas y el bienestar de la ciudadanía.
