El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la reapertura de una investigación criminal para esclarecer la responsabilidad de Raúl Castro en el derribo de dos avionetas civiles en 1996, un acto de terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura cubana que costó la vida a cuatro personas.
El anuncio se produce a casi tres décadas del ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana interceptaron y destruyeron dos aeronaves Cessna en aguas internacionales. Las avionetas, pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, realizaban labores de patrullaje para localizar balseros cubanos en el Estrecho de Florida. El ataque dejó un saldo de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos muertos, en lo que constituye uno de los episodios más graves de violencia estatal del régimen de La Habana contra la comunidad exiliada.
Uthmeier detalló en una conferencia de prensa en Miami que el proceso judicial busca determinar las responsabilidades directas por la orden de derribo, la cual presuntamente fue emitida por Raúl Castro, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas. El fiscal enfatizó que el caso requiere una \»resolución y rendición de cuentas\», subrayando que los responsables de agravios contra los ciudadanos de Florida deben responder ante la justicia estatal y federal. La reapertura del expediente se ha visto impulsada por la aparición de nuevos elementos, según fuentes cercanas al caso.
Coordinación estatal y federal tras años de obstrucción
La medida marca un punto de inflexión tras años de gestiones frustradas. Uthmeier confirmó que la fiscalía estatal trabaja en estrecha coordinación con el gobierno federal, revelando que un intento previo de presentar cargos fue obstaculizado durante la administración de Joe Biden. En aquel entonces, la exfiscal general de Florida y actual senadora Ashley Moody había explorado iniciar el proceso penal a nivel estatal. La presión de legisladores del sur de Florida, incluidos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, ha sido fundamental para exigir al Departamento de Justicia que actúe contra el exgobernante cubano.
El derribo de las avionetas no fue un incidente aislado, sino el resultado de la maquinaria de espionaje y represión de la dictadura cubana, que había infiltrado agentes de inteligencia en Hermanos al Rescate para facilitar el ataque. Este movimiento judicial se enmarca en una postura más enérgica de Washington frente a las administraciones adversarias en el hemisferio. Para la diáspora cubana, que continúa sufriendo las consecuencias del exilio forzado y la persecución política impulsada por las autoridades de la isla, esta investigación representa un paso crucial hacia la justicia histórica. La eventual formulación de cargos contra Raúl Castro sentaría un precedente legal sin precedentes y enviaría un mensaje contundente sobre la impunidad con la que el ejecutivo cubano ha operado durante más de seis décadas.
