Desde 1959, el régimen de La Habana ha construido un discurso basado en la negación de la tortura en Cuba como estrategia para legitimarse frente a la etapa anterior. Sin embargo, informes de organizaciones independientes y testimonios de víctimas demuestran que el Estado aplica métodos de tortura físicos y psicológicos con total impunidad en cárceles, unidades policiales y centros de la Seguridad del Estado, como herramienta fundamental de control social.
El mito de que en Cuba no se tortura ha sido uno de los pilares propagandísticos del castrismo desde su llegada al poder. Esta narrativa buscó marcar una ruptura radical con la dictadura de Fulgencio Batista, época en la que la prensa libre documentó el uso de la tortura contra opositores. Hoy, la respuesta del gobierno cubano ante cualquier interpelación internacional sobre el tema sigue siendo la negación tajante de su existencia, amparada en un estricto control de la información.
Esta percepción, arraigada en una parte de la población, se sustenta en dos factores principales. Por un lado, el férreo monopolio sobre los medios de comunicación que ejerce el régimen de La Habana, impidiendo que los casos de represión trasciendan. Por otro, un entendimiento distorsionado de lo que constituye la tortura, limitado por el ciudadano común a sus expresiones más crueles y visualmente evidentes, como la amputación o el uso de electricidad. El sistema educativo cubano solo aborda la tortura en contextos históricos pasados —como la etapa colonial y republicana—, omitiendo la definición actual de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cualquier acto intencional infligido por un funcionario público para obtener confesiones, castigar o discriminar.
Vacíos legales y blindaje institucional
Aunque el Estado cubano es firmante y ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, el régimen se ha negado a dar pasos fundamentales para su cumplimiento real. Giselle Morfi, abogada de la organización legal independiente Cubalex, explica que el ejecutivo cubano no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención ni ha aceptado el procedimiento de quejas individuales del artículo 22 del CAT.
Militares Cuba
Esta omisión deliberada libera al gobierno cubano de la obligación de aceptar visitas del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU. Además, evita la creación de un órgano interno independiente que investigue las denuncias y bloquea la posibilidad de que las víctimas presenten quejas individuales ante el Comité contra la Tortura. Este andamiaje jurídico y burocrático funciona como un filtro efectivo para impedir la comprobación internacional de las violaciones de derechos humanos que ocurren a lo interno de la isla.
Antecedentes históricos y testimonios desde 1959
La realidad es que la tortura nunca abandonó las celdas cubanas. Los testimonios de los primeros presos políticos tras 1959 ya evidenciaban prácticas aberrantes. El comandante rebelde Huber Matos, encarcelado por disentir de Fidel Castro, denunció haber sido víctima de tortura en los genitales y cuestionó cómo sus antiguos compañeros de lucha adoptaban conductas inhumanas. Los presos políticos plantados sufrieron trabajos forzados extenuantes de más de 12 horas, disparos por encima de sus cabezas, golpizas mortales, inmersión en excrementos, heridas con bayonetas y confinamiento en celdas de castigo extremadamente estrechas.
En la actualidad, las prisiones, los centros de instrucción de la Seguridad del Estado y las unidades policiales son los principales escenarios de estos abusos. Una investigación de Cubalex, basada en entrevistas a exprisioneros políticos y activistas, identificó métodos específicos de tortura en las cárceles como la suspensión con esposas, «la bicicleta», «el balancín», «la sillita», «las shakiras», «la mordaza» y «el sillón». En las estaciones policiales se documentaron 14 métodos que incluyen azotes con cables, simulacros de ejecuciones, exposición a temperaturas extremas y abandono en lugares despoblados tras las detenciones.
Represión contra manifestantes del 11J en La Habana. (Foto referencial: Facebook / Marcos Évora)
Los datos estadísticos confirman la gravedad del fenómeno. En 2023, la organización independiente Prisoners Defenders publicó un informe basado en testimonios de 181 presos políticos. El reporte destacó casos de menores de edad que sufrieron entre 8 y 15 tipos de torturas diferentes, desde la negación de atención médica y privación de líquidos y sueño hasta agresiones físicas y trabajos forzados. Más recientemente, en 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 105 eventos de torturas físicas y psicológicas, incluyendo agresiones sexuales ordenadas, palizas con resultados mortales, golpizas colectivas en estado de inmovilización y reclusión extendida en celdas de aislamiento inapropiadas.
Violencia de género e impunidad estatal
La represión también presenta marcadas formas de violencia de género. Cubalex documentó golpizas a mujeres embarazadas con conocimiento de su estado, desnudos forzados para revisión corporal, negación de almohadillas sanitarias durante el período menstrual y el retiro de la custodia de sus hijos como método de coerción psicológica. La asfixia en patrullas cerradas herméticamente bajo el sol es otra práctica recurrente durante los traslados de detenidos.
A pesar de las múltiples denuncias de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, la impunidad indica que se trata de una política de Estado. Hasta 2022, cuando se incluyó en el Código Penal, el régimen cubano fue reacio a tipificar la tortura como delito en su ordenamiento legal. No obstante, hasta la fecha no se tiene conocimiento de ninguna sanción a funcionarios públicos, agentes del orden interior o militares por este delito. Tampoco existe evidencia del desarrollo de programas estatales de formación en derechos humanos y prohibición de la tortura para estos cuerpos de seguridad.
Policías en Cuba. (Foto referencial: CubaNet)
Contexto sistémico: represión como pilar del poder
El uso sistemático de la tortura no puede entenderse de forma aislada del colapso estructural que atraviesa la isla. Frente a una crisis económica sin precedentes, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y apagones prolongados, la dictadura cubana ha respondido con el endurecimiento del control social. La represión y la tortura funcionan como herramientas disuasorias para acallar el descontento popular y evitar protestas masivas como las ocurridas el 11 de julio de 2021.
Este aparato represivo se sostiene gracias a la ausencia de un estado de derecho y de instituciones independientes que puedan fiscalizar la actuación de la policía y la Seguridad del Estado. El éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en busca de libertad y supervivencia, es la consecuencia directa de un modelo político que aniquila la disidencia y penaliza la libre expresión. La tortura, en este contexto, es el eslabón final de un sistema totalitario que inhibe el disenso desde sus formas más elementales, disminuyendo —aunque nunca suprimiendo— la necesidad del uso de la violencia extrema.
Además de aplicarla internamente, las autoridades de la isla exportan sus prácticas represivas. El Instituto Calas ha documentado la participación de militares cubanos en labores de entrenamiento y ejecución de torturas en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha recibido asesoría de inteligencia y contrainteligencia de La Habana para mantenerse en el poder. Esta proyección exterior demuestra que la represión es una industria del Estado cubano.
Implicaciones futuras y responsabilidad internacional
La persistencia de estas prácticas plantea serios desafíos para el futuro de la ciudadanía cubana y para la comunidad internacional. Mientras el gobierno cubano siga bloqueando los mecanismos de supervisión de la ONU y manteniendo la impunidad en sus filas de seguridad, las violaciones de derechos humanos continuarán siendo una herramienta de gobernanza. La presión diplomática, la exigencia de condicionalidad en los acuerdos bilaterales y el respaldo a las organizaciones de monitoreo independiente se presentan como vías necesarias para obligar al régimen a desmantelar su maquinaria de tortura y rendir cuentas por sus abusos.
