La capital cubana atraviesa una nueva tragedia habitacional tras registrarse dos colapsos de edificaciones en menos de veinticuatro horas, dejando un saldo de al menos tres personas fallecidas, incluida una niña, y dos individuos desaparecidos bajo los escombros. Los sucesos, ocurridos en los municipios de Diez de Octubre y Habana Vieja, evidencian una vez más el fracaso del Estado en garantizar la seguridad ciudadana y el profundo deterioro de la infraestructura urbana de la isla, consecuencia directa de décadas de abandono y mala gestión.
El primer derrumbe se reportó en la tarde del viernes en la intersección de las calles San Bernardino, Serrano y Durege, ubicada en el Consejo Popular Tamarindo, perteneciente al municipio Diez de Octubre. Según informaciones de la prensa oficial, el inmueble colapsado había sido declarado como deshabitado y se encontraba en proceso de demolición desde hacía más de tres meses. Pese a las advertencias reiteradas de las autoridades locales sobre el inminente peligro de acceder al lugar, dos personas permanecían en el interior al momento del colapso, quedando sepultadas bajo toneladas de escombros.
Brigadas de bomberos, rescatistas, personal del sistema de Salud Pública y efectivos de la policía trabajan de forma ininterrumpida en la zona para localizar a los dos cubanos atrapados. La dinámica de este rescate refleja la precariedad de los recursos con los que cuentan las instituciones de emergencia en la isla, quienes deben operar en escenarios de alto riesgo sin el equipamiento tecnológico adecuado que exige un desastre de esta magnitud. El régimen de La Habana ha guardado silencio sobre las causas que motivaron a estos ciudadanos a permanecer en una edificación condenada, un detalle que la narrativa oficial suele omitir para evadir la responsabilidad sobre el déficit habitacional.
En un lapso de pocas horas, la tragedia se replicó en el corazón histórico de la ciudad. En la madrugada del sábado, un edificio multifamiliar situado en la calle Monte número 722, entre Rastro y Carmen, en el municipio de Habana Vieja, sufrió un colapso repentino que dejó a tres personas atrapadas en su interior. El Gobierno de La Habana confirmó a través de sus redes sociales la movilización de fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos de la capital y de las principales autoridades del ejecutivo cubano hacia el lugar del siniestro.
Aunque el comunicado oficial se limitó a señalar que se continuaban las acciones para acceder a las víctimas, la opacidad informativa característica del gobierno cubano fue rápidamente desbordada por reportes independientes. El perfil oficialista Ransel Londres confirmó el fallecimiento de las tres personas atrapadas en el inmueble de Habana Vieja, entre ellas una niña de apenas siete años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado las identidades de las víctimas ni han ofrecido una explicación detallada sobre el estado técnico previo del edificio colapsado.
Una crisis estructural que devora a sus ciudadanos
La situación de la vivienda en Cuba representa uno de los capítulos más críticos y silenciados de la crisis nacional. Según los propios datos del Estado, al cierre de 2024, apenas el 65% de las viviendas en el país se encontraban en buen estado técnico. Esto implica que el 35% restante, una cifra alarmante que engloba a cientos de miles de hogares, estaba en condiciones regulares o malas, con alto riesgo de colapso. La antigüedad de las construcciones, especialmente en La Habana, sumada a la nula política de mantenimiento estatal, ha convertido a la capital en una zona de desastre permanente.
El gobierno cubano ha reconocido, a través de informes burocráticos, que en la capital se derrumban aproximadamente unas 1.000 viviendas cada año. Esta estadística, que provoca la muerte sistemática de adultos y niños, no ha generado ninguna política pública de choque. Por el contrario, la escasez de materiales de construcción, la inflación galopante y la concentración estatal en la importación y venta de insumos han imposibilitado a las familias para reparar sus hogares. La dictadura cubana ha normalizado la tragedia, obligando a la población a convivir con el terror de que el techo se desplome mientras duermen.
La desesperación habitacional ha empujado a numerosas familias a aceptar el traslado hacia albergues colectivos administrados por el Estado. Sin embargo, las pésimas condiciones de estos centros, que carecen de privacidad, agua potable constante, saneamiento adecuado y alimentación, han provocado un fenómeno social desgarrador: la ciudadanía opta por regresar a edificaciones en mal estado, asumiendo el riesgo inminente de muerte bajo los escombros antes que someterse a la precariedad de los refugios oficiales. Es una elección entre dos formas de desamparo, ambas propiciadas por la ineficacia del régimen.
Décadas de abandono y centralización fallida
Para comprender la magnitud de estos colapsos, es indispensable remontarse a la política urbanística de las últimas décadas. Desde la crisis de los años noventa, el Estado abandonó prácticamente la conservación del fondo habitacional existente, concentrando sus escasos recursos en la construcción de nuevas obras de carácter político o turístico, en detrimento de los barrios populares. La falta de mantenimiento preventivo ha sido la tónica constante, convirtiendo a ciudades patrimoniales como La Habana en escenarios donde el deterioro avanza más rápido que cualquier intento de salvataje.
El colapso del sector de la construcción se ve agravado por el éxodo migratorio masivo, que ha diezmado a la fuerza laboral especializada, incluidos albañiles, arquitectos e ingenieros. A esto se suma el desabastecimiento crónico de cemento, madera, hierro y otros materiales básicos, cuyos precios en el mercado informal son inalcanzables para el salario promedio cubano. El régimen de La Habana no solo ha fallado en construir, sino que ha cercenado la capacidad individual y privada de los ciudadanos para solucionar sus problemas de vivienda mediante trabas burocráticas y normativas absurdas.
Los recientes derrumbes en Diez de Octubre y Habana Vieja no son accidentes aislados, sino la consecuencia lógica y previsible de un sistema que ha priorizado el control ideológico sobre el bienestar y la vida de sus ciudadanos. Mientras las autoridades de la isla destinan recursos a la represión social y al aparato de seguridad del Estado, el fondo habitacional se desmorona, cobrando víctimas inocentes como la niña de siete años fallecida en la calle Monte.
Las implicaciones políticas de esta crisis son profundas. La incapacidad del gobierno para ofrecer respuestas mínimas a la emergencia habitacional erosiona aún más la ya nula legitimidad del poder en la isla. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben dirigir su atención hacia esta catástrofe silenciosa, exigiendo accountability por las vidas perdidas bajo escombros que hace décadas debieron ser reforzados. La ciudadanía cubana continúa atrapada en una urgencia vital, obligada a esperar rescates que muchas veces llegan demasiado tarde, en un país donde la infraestructura se derrumba al mismo ritmo que las promesas del régimen.
