El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) ha lanzado una campaña ciudadana para modificar el artículo 5 de la Constitución y eliminar la hegemonía política del Partido Comunista. La iniciativa busca ampararse en las propias leyes de la isla para exigir pluralismo, aunque enfrenta el absoluto cierre institucional impuesto por el régimen de La Habana.
La propuesta, presentada por el opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente del CTDC, pretende utilizar los mecanismos formales del ordenamiento jurídico cubano para promover un cambio estructural. La estrategia consiste en reunir las firmas de al menos 50.000 electores, tal como exige la Ley 131, para presentar una solicitud de reforma ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. El objetivo es derogar la actual redacción del artículo 5, que consagra al Partido Comunista como la \»fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado\», ahogando cualquier opción de democracia y pluralismo político en la isla.
Para articular esta \»acción constitucional ciudadana\», la organización prevé convocar a 21 juristas, intelectuales y expertos para redactar una propuesta de modificación. Posteriormente, se realizarán 15 asambleas, una en cada provincia, con el fin de debatir y recoger los criterios de la población. Cuesta Morúa ha señalado que esta iniciativa busca atacar el \»núcleo de los problemas\» acumulados por la nación, atribuyendo el colapso sistémico del país al monopolio ejercido por el partido único sobre la vida nacional, la economía y la sociedad civil.
El blindaje jurídico de la dictadura cubana
Aunque la vía legal existe formalmente en la Constitución de 2019, la iniciativa choca frontalmente con el diseño autoritario del Estado. La dictadura cubana ha asegurado que cualquier modificación de la carta magna requiera la aprobación de dos tercios de la Asamblea Nacional, un parlamento carente de independencia y subordinado al poder ejecutivo. Además, la propia legislación establece que si una solicitud de reforma es rechazada, no podrá ser presentada nuevamente a trámite, evidenciando un cerco institucional absoluto frente a las demandas de apertura ciudadana.
El reto es aún mayor si se considera que el artículo 229 de la Constitución declara irreformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo. Sin embargo, el CTDC mantiene que \»el partido único o la nada no es el destino inevitable\» y responsabiliza a este sistema de la grave crisis de seguridad nacional, empobrecimiento y represión que atraviesa la isla. Esta acción, a pesar de las escasas posibilidades de prosperar bajo el actual aparato de control estatal, representa un desafío jurídico y político que desnuda la contradicción entre las leyes que el gobierno cubano dice defender y la realidad de exclusión, censura y falta de libertades que sufren los ciudadanos a diario.
