Mientras la prensa oficialista despliega un relato de eficiencia administrativa sobre la distribución de gas licuado en Cuba, la realidad de millones de hogares expone una crisis estructural sin precedentes. La suspensión total del servicio en Santiago de Cuba y la admisión del propio Ministerio de Energía y Minas sobre la inexistencia de distribuciones durante la mayor parte del año desmienten de plano la narrativa del gobierno cubano, evidenciando una profunda desconexión entre la propaganda institucional y el hambre real en las cocinas de la isla.
El pasado 16 de junio, el diario Granma publicó el artículo «Del barco a la cocina, ¿por cuántas manos pasa el gas?», un texto elaborado con el evidente propósito de enaltecer la cadena de distribución del combustible doméstico. En la nota, las autoridades de la isla se esfuerzan por retratar un proceso «organizado, sistemático y eficiente» que, supuestamente, garantiza un seguimiento minucioso del ciclo de llenado, entrega y retorno de los cilindros. Esta construcción discursiva busca proyectar una imagen de control gubernamental absoluto sobre los recursos básicos, intentando alejar cualquier atisbo de preocupación social sobre el desabastecimiento generalizado.
Sin embargo, los hechos en el terreno desmienten rotundamente este relato burocrático. El mismo 16 de junio en que Granma difundía su artículo laudatorio, la División Territorial de Comercialización de Combustibles de Santiago de Cuba emitió un comunicado para anunciar la suspensión total del servicio de gas licuado en toda la provincia. La razón esgrimida fue contundente y desoladora: no queda inventario disponible. Esta medida drástica contradice directamente los anuncios previos de las autoridades locales, quienes semanas atrás habían asegurado a la población que existía una «cobertura garantizada» y que se estaba cumpliendo un plan de distribución de 14.000 cilindros diarios en el territorio oriental.
El colapso del sistema de distribución no es una percepción aislada ni una exageración de la población, sino una realidad respaldada por las propias cifras del ejecutivo cubano. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, se vio obligado a admitir recientemente que durante 117 de los primeros 150 días del año no se distribuyó gas licuado en el país. Esta estadística lapidaria, que revela que la población cubana ha pasado más del 75% del período sin acceso a este combustible vital para la cocción de alimentos, choca frontalmente con la retórica oficialista que insiste en hablar de una supuesta «cobertura garantizada» para los ciudadanos.
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La raíz de esta parálisis logística se encuentra en la incapacidad financiera del régimen de La Habana para cumplir con sus compromisos internacionales. Un caso emblemático de esta crisis es el de un buque cargado de gas que permaneció más de tres meses varado frente a la costa de Santiago de Cuba, imposibilitado de descargar debido a los impagos del Estado cubano y a las severas trabas bancarias derivadas de su histórica falta de liquidez y su precaria credibilidad crediticia ante los proveedores internacionales. Mientras los barcos languidecen en el mar por falta de pago, las cocinas cubanas permanecen frías y el hambre acecha.
La consecuencia directa de esta ineficiencia administrativa y crisis económica es el sufrimiento cotidiano de millones de familias. Sin gas para cocinar y sumidos en apagones prolongados que a veces superan las 18 horas diarias en gran parte del territorio nacional, los cubanos se ven obligados a recurrir a alternativas precarias y costosas. La tarea de alimentarse ha devenido en una odisea diaria que consume tiempo, recursos y energía, golpeando con mayor dureza a los sectores más vulnerables, como los ancianos y las familias monoparentales, quienes deben ingeniárselas con cocinas de leña, carbón o precarios hornillos eléctricos cuando el fluido eléctrico lo permite.
El gas como síntoma de un colapso sistémico
La crisis del gas licuado no es un evento aislado o un simple bache en la cadena de suministro, sino un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana sufre de una escasez crónica de divisas, agravada por la caída estrepitosa de las exportaciones tradicionales, el estancamiento de la producción azucarera y una dependencia casi absoluta del turismo, sector que no logra recuperar los niveles prepandemia. Esta falta de liquidez imposibilita al gobierno cubano adquirir los combustibles necesarios para mantener operativa la infraestructura energética nacional, provocando un efecto dominó que paraliza desde la generación eléctrica hasta la distribución de alimentos y el transporte público.
El desabastecimiento de gas ha detonado además una crisis ecológica y sanitaria silenciosa que las autoridades intentan ignorar. La tala indiscriminada de árboles para obtener leña con fines de cocción se ha incrementado de manera alarmante en zonas rurales y periurbanas, un fenómeno que amenaza la ya mermada cobertura forestal del país y acelera la desertificación. Asimismo, el uso de fogones a leña y carbón en espacios reducidos y viviendas hacinadas ha incrementado los casos de enfermedades respiratorias y accidentes domésticos. Esta cruda realidad contrasta de manera hipócrita con los discursos ambientales que el régimen de La Habana pronuncia en foros internacionales.
Antecedentes de una crisis energética prolongada
La dependencia absoluta de combustibles importados y la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura energética son problemas que aquejan a Cuba desde hace décadas, pero se han agudizado de forma crítica en los últimos años. Tras el estrechamiento del suministro de petróleo subsidiado por parte de aliados como Venezuela y Rusia, y el impacto económico de la pandemia, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha colapsado en múltiples ocasiones. Los apagones masivos se han convertido en la norma, y la distribución de combustibles domésticos como el gas ha pasado de ser un servicio regular y planificado a un privilegio esporádico sujeto a la llegada impredecible de barcos al puerto.
El uso de la propaganda para maquillar la ineficiencia tiene una larga tradición en la isla, remontándose a las narrativas utilizadas durante el llamado Período Especial de los años noventa. Sin embargo, la brecha entre el relato oficial y la experiencia tangible de la ciudadanía nunca había sido tan escandalosa. La dictadura cubana ha recurrido tradicionalmente a la censura y al control monopólico de la información para sostener su narrativa, pero en la era digital y con el creciente descontento social, esta estrategia pierde eficacia rápidamente. Los ciudadanos utilizan las redes sociales para documentar y denunciar en tiempo real la realidad de los apagones, la escasez de alimentos y la falta de gas, desmintiendo de facto las afirmaciones de la prensa oficial.
Implicaciones políticas y futuro inmediato
El contraste obsceno entre el artículo de Granma y la suspensión total del servicio en Santiago de Cuba refleja una crisis profunda de legitimidad y capacidad de gestión. Al priorizar la imagen institucional y el maquillaje discursivo sobre el bienestar real de la población, el régimen de La Habana profundiza la brecha de confianza entre el Estado y los ciudadanos. La falta de soluciones tangibles para problemas tan básicos como cocinar alimenta el creciente y masivo exodo migratorio, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años en busca de dignidad y mejores condiciones de vida.
De cara al futuro, la incapacidad del gobierno para resolver la crisis del gas y la energía en general augura un escenario de mayor inestabilidad social y económica. La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro acelerado de las condiciones de vida en la isla, mientras el poder en Cuba se aferra a la retórica revolucionaria y a la culpabilidad de factores externos para justificar sus propios y sonados fracasos administrativos. Mientras la propaganda estatal siga intentando ocultar el hambre en las cocinas, la paciencia de una población exhausta y desprovista de lo más elemental se sigue erosionando, augurando tiempos de mayor tensión social y una inevitable exigencia de cambios estructurales en la dirección del país.
