La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este jueves la política de apoyo a Cuba como una \»decisión soberana\», en respuesta a una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos donde se cuestionó el envío de combustible y la contratación de médicos cubanos. La mandataria rechazó que esta postura afecte la relación bilateral con Washington, aunque legisladores estadounidenses advierten sobre posibles violaciones de tratados comerciales por esquemas de trabajo forzado.
La respuesta de la mandataria mexicana llega tras una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja estadounidense. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lideró el cuestionamiento al gobierno mexicano por su política exterior, señalando una contradicción entre el discurso de no intervención y la práctica de sostener económicamente a la dictadura cubana. Salazar detalló que en los últimos meses México habría enviado de forma gratuita 55 buques tanqueros de petróleo, valorados en más de 3.000 millones de dólares, además de pagos superiores a 100 millones de dólares por la contratación de galenos de la isla.
Desde su conferencia matutina, Sheinbaum defendió la continuidad histórica de las relaciones con la isla, una postura que, según afirmó, se mantiene desde el gobierno de Adolfo López Mateos. La presidenta mexicana argumentó que su política hacia Cuba está basada en el \»humanismo\» y rechazó el endurecimiento del embargo estadounidense, asegurando que \»quien sufre es el pueblo\». Sin embargo, esta narrativa oficial omite el papel del régimen de La Habana en el colapso económico y la represión sistemática que han provocado el desabastecimiento crónico y el éxodo masivo de la población.
Esquema de médicos y alertas de trabajo forzado
El cuestionamiento desde Washington no se limita a los envíos de combustible, sino que pone el foco en la explotación laboral como mecanismo de financiamiento del Estado cubano. La legisladora estadounidense advirtió que los acuerdos por los médicos violarían el capítulo 23 del T-MEC, relativo a la erradicación del trabajo forzoso. Diversos organismos internacionales han documentado cómo las autoridades de la isla retienen la mayor parte de los salarios de los profesionales de la salud enviados al extranjero, dejándoles solo una mínima fracción, una práctica que constituye una violación flagrante de los derechos laborales y una fuente vital de divisas para la dictadura cubana.
El intercambio evidencia una nueva fricción en la relación entre México y Estados Unidos, centrada en la complicidad implícita de gobiernos latinoamericanos con el sistema autoritario de la isla. Mientras el ejecutivo mexicano prioriza la retórica diplomática, la presión del Congreso estadounidense podría escalar hacia revisiones comerciales si se comprueba el vínculo con la explotación laboral. Para la ciudadanía cubana, el sostenimiento de estos convenios representa un oxígeno temporal para el aparato estatal, perpetuando la falta de libertades y evitando que el gobierno cubano asuma la responsabilidad de su propia ineficiencia y el colapso de los servicios públicos.
