Un informe exhaustivo elaborado por la organización Justicia 11J documenta la ocurrencia de 290 protestas en todas las provincias de la isla durante el último año, un fenómeno que demuestra que la movilización ciudadana persiste frente al colapso estructural y la falta de libertades. El reporte, que abarca el periodo entre julio de 2024 y junio de 2025, revela una expansión territorial de la disidencia hacia municipios sin antecedentes de protestas públicas desde el estallido social del 11 de julio de 2021, al tiempo que confirma el endurecimiento de las políticas represivas por parte del Estado.
El informe anual «Otro año sin justicia (2025)», elaborado por el programa Justicia 11J de la asociación civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, ofrece una radiografía detallada de la realidad social cubana. La investigación contabiliza 290 manifestaciones distribuidas en 80 municipios de todo el país. Lo más significativo de este registro es la inclusión de territorios que, desde las históricas protestas de 2021, no habían registrado actos de disidencia pública, lo que representa una expansión territorial inédita del descontento social.
Según Camila Rodríguez, directora ejecutiva de la organización, los datos demuestran que la protesta en Cuba ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una forma persistente de resistencia frente a un sistema que no ofrece soluciones a la profunda crisis que atraviesa la nación. Esta persistencia cívica se da en un entorno de creciente hostilidad, donde el espacio público está fuertemente militarizado y vigilado por los aparatos de seguridad del Estado.
Represión sistemática y perfil de los presos políticos
El documento detalla que al menos el 24 % de las protestas registradas durante este periodo fueron reprimidas de manera directa por las fuerzas del orden y grupos paramilitares afines al poder. La dictadura cubana mantiene una estrategia de amedrentamiento que ha dejado un saldo de 543 personas encarceladas por el simple hecho de manifestarse. Entre la población reclusa se encuentran 30 mujeres —14 de ellas madres—, 14 personas adultas mayores, 70 activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos, así como 72 individuos que padecen condiciones de salud críticas y que no reciben la atención médica adecuada.
Cubanet Suscripción
Uno de los hallazgos más graves del informe es la denuncia de disparidades raciales estructurales en el trato judicial y penitenciario. La investigación señala que un 33 % de las personas negras y mestizas detenidas continúa tras las rejas, en contraste con el 22 % de las personas blancas en la misma situación. Esta brecha racial evidencia un patrón de discriminación institucional dentro del sistema de justicia penal, que la dictadura utiliza para aplicar castigos más severos a los sectores históricamente marginados en la isla.
Además de las condenas judiciales arbitrarias, el reporte documenta el uso generalizado de castigos prolongados en las prisiones y la aplicación de violencia vicaria como estrategia para disuadir la movilización ciudadana. La violencia vicaria —entendida como el hostigamiento y represalia contra los familiares de los activistas o manifestantes— se ha consolidado como una herramienta de tortura psicológica empleada por la dictadura para quebrar la determinación de quienes deciden alzar la voz. Durante el periodo analizado, se registraron cuatro muertes bajo custodia estatal de personas detenidas por participar en protestas, un hecho que refuerza las denuncias sobre las condiciones penitenciarias inhumanas y negligentes que prevalecen en el país.
Crisis económica y colapso de servicios como detonantes
Los principales catalizadores de la indignación popular durante el último año están directamente vinculados a la incompetencia administrativa y el colapso de la infraestructura básica. El gobierno cubano ha demostrado una incapacidad absoluta para garantizar el funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional, cuyos fallos provocaron apagones de hasta 96 horas en diversas regiones del país. La desesperación ciudadana ante la falta de electricidad se vio agravada por la acelerada devaluación del peso cubano, la escasez crónica de productos de primera necesidad y un repunte inflacionario del 25 % al cierre de 2024, lo que ha empobrecido aún más a la población.
La tensión social alcanzó uno de sus puntos más álgidos en junio de 2025, cuando el régimen de La Habana impuso nuevas tarifas a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA). Estas medidas dificultaron severamente el acceso a internet, la única ventana de información y conexión con el exterior para gran parte de la ciudadanía. La respuesta de la población no se hizo esperar y se tradujeron en paros universitarios inéditos desde el inicio del gobierno revolucionario, marcando un hito en la historia reciente al evidenciar el rechazo de la comunidad estudiantil hacia las políticas de asfixia económica y censura digital.
Liberaciones condicionadas y manipulación diplomática
Entre los eventos más trascendentales del periodo evaluado destaca la excarcelación, entre enero y marzo de 2025, de aproximadamente 202 personas presas por motivos políticos. Este proceso fue el resultado de una mediación diplomática llevada a cabo por el Vaticano. Sin embargo, las autoridades de la isla orquestaron estas liberaciones sin ofrecer garantías legales ni reconocer el carácter estrictamente político de las detenciones, presentándolas como actos de clemencia o beneficios penitenciarios.
La falta de garantías jurídicas quedó al descubierto cuando cuatro de las personas liberadas fueron reencarceladas poco tiempo después. Entre los reincidentes de la arbitrariedad estatal se encuentran tres presos de conciencia previamente reconocidos por Amnistía Internacional. «Estas liberaciones sin garantías fueron una farsa: nadie quedó realmente libre si el régimen conserva la llave de la celda», denunció Camila Rodríguez, sintetizando la estrategia del ejecutivo cubano de utilizar a los presos políticos como moneda de cambio en negociaciones internacionales mientras mantiene el control absoluto sobre sus destinos.
Contexto: La crisis estructural y el legado del 11J
Para comprender la magnitud de las 290 protestas registradas, es imprescindible enmarcarlas en la profunda crisis estructural que asfixia a la isla. La economía cubana atraviesa un proceso de dolarización forzada, hiperinflación y fragmentación social sin precedentes. El Estado ha perdido el monopolio de la distribución de bienes básicos, cediendo el espacio a un mercado informal salvaje donde los salarios estatales no alcanzan para cubrir ni las necesidades alimentarias más elementales. Este escenario ha provocado un éxodo migratorio masivo que ha vaciado al país de su fuerza laboral y joven, dejando a una población envejecida y empobrecida resistiendo el colapso diario.
El fantasma del 11 de julio de 2021 sigue pesando sobre la sociedad cubana. Aquel día, decenas de miles de personas salieron a las calles en más de 40 localidades para exigir libertad y exigir el fin de la dictadura. La respuesta fue una ola de terrorismo de Estado que resultó en más de mil detenciones, juicios sumarios y centenares de condenas prolongadas. Aunque las protestas actuales son de menor escala y a menudo espontáneas y focalizadas, el informe de Justicia 11J demuestra que la semilla del 11J germinó. La represión logró contener la movilización masiva, pero no logró apagar la indignación, que ahora se manifiesta de manera atomizada pero constante.
La organización advierte que las cifras presentadas en el informe reflejan solo una porción del fenómeno real, debido a la censura sistemática, la persecución política y el cierre del espacio cívico que impiden documentar todos los actos de rebeldía. Aun así, los patrones son consistentes y dibujan un país en ebullición contenido únicamente por la fuerza bruta y el miedo.
Consecuencias y exigencias a la comunidad internacional
El informe concluye con un llamado urgente a la comunidad internacional para que no normalice la situación de derechos humanos en la isla y refuerce su presión diplomática en favor de la sociedad civil cubana. La impunidad con la que opera la dictadura cubana es posible, en parte, gracias a la inacción o la complacencia de actores internacionales que priorizan los acuerdos económicos o migratorios por encima del respeto a la vida y la libertad de los ciudadanos.
Entre sus recomendaciones principales, Justicia 11J exige al Estado cubano la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, la prohibición absoluta de las prácticas represivas, la reforma urgente del sistema penitenciario y la garantía efectiva del derecho a la reunión pacífica. El futuro inmediato de Cuba se presenta como un escenario de tensiones crecientes: por un lado, una sociedad que ha perdido el miedo a demandar sus derechos básicos frente a la miseria; por el otro, un aparato estatal dispuesto a incrementar la represión para mantener su hegemonía a cualquier costo humano. La persistencia de la protesta sugiere que la estabilidad del régimen de La Habana es cada vez más frágil, sostenida únicamente por el control policíaco y no por el consenso social.
