El empresario cubanoamericano Frank Cuspinera, detenido hace casi un año tras el cierre arbitrario de su supermercado Diplomarket en La Habana, ha roto el silencio desde la cárcel. En una carta dirigida a la opinión pública, el empresario expone haber sido víctima de torturas, fabricación de pruebas y violaciones sistemáticas a sus derechos legales por parte de la Seguridad del Estado, la Fiscalía y su propio abogado defensor, anunciando además una huelga de hambre para exigir una defensa legítima.
La detención de Cuspinera se produjo el 20 de junio de 2024, coincidiendo con la intervención y clausura inmediata de su negocio por parte de las autoridades de la isla. La operación fue ejecutada mediante un despliegue policial y militar que tomó por sorpresa tanto a los empleados como a los clientes del establecimiento. Desde ese momento, el empresario ha permanecido recluido sin acceso a una representación legal independiente ni a una comunicación fluida con su familia, en lo que él describe como un proceso judicial premeditado.
En el documento, fechado el 21 de mayo de 2025, Cuspinera detalla que su arresto fue orquestado conjuntamente por la Seguridad del Estado y la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI). El empresario asegura que la dictadura cubana ha limitado severamente su acceso a la justicia, negándole sus derechos fundamentales desde el primer momento. Además, denuncia que el caso fue fabricado con el propósito explícito de arruinarlo financieramente, utilizando falsas acusaciones, el decomiso ilegal de bienes valorados en millones de dólares y el bloqueo total de cualquier vía legal que pudiera probar su inocencia.
Diplomarket, conocido popularmente como el «Costco cubano», había abierto sus puertas en diciembre de 2022 dentro de la zona franca de Berroa, en el este de La Habana. El establecimiento operaba bajo la empresa estadounidense Las Américas TCC Corporation, de la cual Cuspinera es vicepresidente. Rápidamente se convirtió en uno de los supermercados más concurridos de la capital debido a su oferta de productos importados desde Estados Unidos —incluyendo marcas reconocidas como Kirkland y Goya— y a la facilidad de pago en múltiples monedas, abarcando pesos cubanos (CUP), dólares, euros y tarjetas de crédito internacionales.
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El éxito comercial de Diplomarket, sin embargo, incomodó a sectores del poder económico del régimen de La Habana. Las autoridades alegaron delitos de evasión fiscal, tráfico de divisas y lavado de activos para justificar la intervención, aunque hasta la fecha no se ha presentado públicamente evidencia alguna que respalde estas imputaciones. Diversas denuncias extraoficiales señalan que los bienes decomisados, incluyendo mercancía de alto valor, fueron posteriormente redistribuidos entre figuras de alto rango del gobierno cubano y sus allegados.
Ante la persistente negación de garantías procesales, Cuspinera ha anunciado que iniciará una huelga de hambre el próximo 1 de junio. Su exigencia principal es el derecho a una defensa legítima y la posibilidad de acceder a una fianza. En su misiva, aclara que su objetivo no es evadir la justicia, sino demostrar su inocencia frente a lo que califica como una detención arbitraria con fines políticos y económicos. Asimismo, hace un llamamiento directo al Departamento de Estado de Estados Unidos para que intervenga ante las instituciones cubanas debido a las constantes violaciones de sus derechos humanos.
Contexto Sistémico: La Criminalización del Éxito Privado
El caso de Frank Cuspinera enciende las alarmas entre los pequeños y medianos empresarios que operan en Cuba, particularmente aquellos que gestionan capital extranjero o estructuras comerciales independientes del Estado. La dictadura cubana ha utilizado históricamente la táctica de permitir el florecimiento de iniciativas privadas en momentos de crisis para luego despojar a los empresarios de sus propiedades, iniciando procesos judiciales arbitrarios o forzando su salida del país cuando estos negocios representan una amenaza a la hegemonía estatal.
La hostilidad hacia el sector privado no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado en el último año. Según reportes documentados por organizaciones de monitoreo económico y legal, entre finales de 2023 y mediados de 2024, el gobierno cubano recibió más de 200 denuncias contra mipymes por presunta evasión fiscal. En este mismo periodo, al menos 15 negocios fueron cerrados de forma intempestiva y más de un centenar fueron sometidos a investigaciones prolongadas, en un claro contexto de persecución selectiva.
El periodista Mario Pentón, al comentar la situación en redes sociales, sintetizó la realidad a la que se enfrentan los inversionistas: «El empresario que quiera ir a suicidarse financieramente a Cuba, tendrá un éxito 100% garantizado». Esta afirmación resuende con la experiencia de decenas de emprendedores que, tras la reforma de 2021 que permitió la creación de empresas privadas, invirtieron recursos y esperanzas en la isla, solo para encontrarse con un sistema diseñado para asfixiar cualquier independencia económica real.
Antecedentes y Crisis Estructural
Para comprender la magnitud de la represión contra Cuspinera, es necesario enmarcar el hecho dentro de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El régimen de La Habana enfrenta una inflación galopante, un desabastecimiento crónico de bienes básicos y un éxodo migratorio sin precedentes. En este escenario, la aparición de un supermercado capaz de abastecer a la población y aceptar diversas monedas funcionaba como una anomalía que evidenciaba la ineficiencia del aparato estatal para garantizar el comercio minorista.
La falta de un Estado de derecho y la inexistencia de un poder judicial independiente son factores determinantes en este caso. En Cuba, los tribunales operan bajo la dirección del Partido Comunista, lo que hace imposible un juicio imparcial cuando el ejecutivo cubano decide intervenir un negocio. La confiscación de propiedades, amparada en leyes ambiguas y aplicadas de manera retroactiva o selectiva, es el mecanismo preferido de la dictadura para silenciar a figuras económicas que escapan de su control directo.
Implicaciones a Futuro
El futuro de Frank Cuspinera pende de un hilo, condicionado por la respuesta que pueda generar su anunciada huelga de hambre y la presión internacional. Su caso representa un punto de inflexión que disuade a la diáspora y a inversionistas extranjeros de inyectar capital en la economía cubana, al demostrar que ningún contrato, licencia o permiso estatal ofrece seguridad jurídica frente a la arbitrariedad del poder.
Las consecuencias de este accionar represivo recaen directamente sobre la ciudadanía, que ve limitadas sus opciones de acceso a bienes de consumo y se ve forzada a depender exclusivamente del inefficiente mercado estatal o del comercio informal. La comunidad internacional, y en particular el gobierno de Estados Unidos, deberán evaluar cómo las violaciones a los derechos de empresarios con doble nacionalidad o capital foráneo afectan las relaciones diplomáticas y las políticas de intercambio comercial con la isla, en un momento donde la represión en Cuba no muestra signos de ceder.
