Las autoridades penitenciarias de la prisión Kilo 8 en Camagüey han reanudado las hostigaciones contra los presos políticos firmantes de una carta que denuncia violaciones de derechos humanos en el centro. Los reclusos, entre ellos Ediolvis Marín Mora, fueron separados de sus celdas y amenazados con la fabricación de nuevos delitos bajo la acusación de \»trabajar para el enemigo\».
Según testimonio telefónico de Marín Mora, él y otros dos reclusos, Amaury Díaz García y Danisbel Labrada Morales, fueron extraídos de sus destacamentos de forma individual y trasladados esposados a un reducido cubículo conocido como \»El Chinchorro\». Durante el interrogatorio, agentes de la Seguridad del Estado identificados como \»Rafael\» y el mayor Juan Pablo Cano los amenazaron con aumentar sus condenas de prisión. La dictadura cubana justificó esta intimidación como castigo por reportar la deficiente alimentación, la carencia de medicamentos y el abuso sistemático dentro del penal de máximo rigor.
Los militares presentes levantaron actas de advertencia contra los tres reclusos, documentos que los afectados se negaron a firmar. La presión escaló con la intervención del segundo jefe de unidad, primer teniente Yasmani Fuentes Álvarez, quien instigó directamente a los agentes para que fabricaran nuevas causas penales y prolongaran el cautiverio de los manifestantes. Esta práctica de coerción judicial refleja el modus operandi del régimen de La Habana para silenciar cualquier atisbo de disidencia, incluso dentro de los centros de reclusión.
El caso de Ediolvis Marín Mora y la criminalización de la protesta
Marín Mora, de 39 años y residente en el reparto La Gloria, en el municipio de Nuevitas, fue arrestado el 6 de septiembre de 2022 por su participación en las protestas pacíficas ocurridas el mes anterior, motivadas por los prolongados apagones eléctricos. Tras un mes en los calabozos de la Seguridad del Estado y más de dos años de prisión preventiva en la prisión Cerámica Roja, el ejecutivo cubano lo condenó en enero de 2024 a 13 años de privación de libertad por los delitos de sabotaje y sedición. Su caso figura en la base de datos de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, con sede en España.
El hostigamiento contra estos reclusos no es un hecho aislado, sino parte de la crisis estructural de represión y falta de libertades que sufre la isla. Las cárceles cubanas se han convertido en centros de castigo político tras el estallido social de julio de 2021 y las subsiguientes movilizaciones de 2022. Las autoridades de la isla continúan recurriendo al amedrentamiento y a la judicialización de la protesta ciudadana para evitar la rendición de cuentas por el colapso de los servicios públicos y la profunda crisis económica que atraviesa el país.
Las consecuencias de estas acciones se centran en el deterioro físico y psicológico de los prisioneros y sus familias, mientras la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su exigencia de amnistía para los cientos de cubanos encarcelados por motivos políticos. La negativa del gobierno a modificar sus políticas penitenciarias y a respetar los derechos fundamentales augura un escenario de mayor tensión social y un inevitable escrutinio internacional sobre sus prácticas autoritarias.
