La destitución y posterior prisión del exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, revela las fisuras profundas del aparato gubernamental ante el fracaso de sus políticas. Aunque las autoridades de la isla le imputan delitos de corrupción, múltiples indicios apuntan a que su salida responde más a una maniobra política para ofrecer un rostro culpable del desastre económico que a una cruzada anticorrupción, evidenciando los métodos arbitrarios de la dictadura cubana para gestionar sus propias crisis internas.
El 7 de marzo de 2024, el gobierno cubano publicó una nota oficial acusando a Gil de «simulación e insensibilidad» y afirmando que había reconocido «graves imputaciones». Sin embargo, la narrativa oficial se desmorona ante hechos evidentes. Apenas la víspera de su destitución, Gil había participado en un acto político junto a Raúl Castro, un escenario impensable para alguien bajo investigación por espionaje o desfalco. A esto se suma la visible sorpresa de Miguel Díaz-Canel en sus publicaciones sobre el tema y el tono condescendiente de la oficialista Arleen Rodríguez Derivet, quien llegó a escribir en Cubadebate que el exministro no se iba «con la cartera llena» y que solo terminaba «una tarea realmente dura».
Las declaraciones de su hija, Laura María, han arrojado más dudas sobre el proceso. Según su versión, Gil no reconoce haber cometido muchos de los delitos que se le imputan y que, en la escala de la justicia revolucionaria, podrían llevarlo incluso a enfrentar la pena de muerte. Esta supuesta confesión de culpabilidad, promovida por el régimen de La Habana, queda así en entredicho, planteando serias interrogantes sobre las garantías procesales y el uso de la coacción dentro de los tribunales cubanos para silenciar a los caídos en desgracia.
El momento de la destitución no parece casual. La caída de Gil coincidió con la entrada en vigor del paquete de medidas económicas anunciado en diciembre por el primer ministro Manuel Marrero, que incluía un aumento de más del 400 por ciento en los precios de los combustibles, recortes a los subsidios y alzas en las tarifas de transporte, electricidad, agua y gas. La sincronía sugiere la necesidad de las autoridades de la isla de fabricar un chivo expiatorio. Al ofrecer a un culpable de antemano, el ejecutivo cubano buscaba canalizar la indignación popular antes de que las medidas impopulares hicieran estragos en los bolsillos de una ciudadanía ya empobrecida por la desastrosa «Tarea Ordenamiento».
Sin embargo, los planes preestablecidos por la cúpula parecen haberse torcido entre el anuncio de la destitución, a inicios de febrero, y la nota oficial de marzo. Todo indica que Gil se negó a asumir públicamente la responsabilidad exclusiva por el fracaso de la Tarea Ordenamiento. Ya fuera por un inusual acto de honestidad o, más probablemente, por un orgullo exacerbado tras años de ser el rostro de la economía nacional, el exministro no aceptó el papel de mártir. Esta desobediencia, este rechazo a humillarse públicamente como un fracasado, es el error más imperdonable para el castrismo.
El patrón histórico de las purgas en la cúpula castrista
La intolerancia hacia el ego de sus propios cuadros tiene antecedentes ilustrativos. En abril de 2008, Fidel Castro acusó a Luis Ignacio Gómez Gutiérrez, tras 18 años al frente del Ministerio de Educación, de haber «perdido energía y conciencia revolucionaria». El verdadero motivo fue que el funcionario se había adjudicado méritos personales en conferencias internacionales, exaltando una obra que el dictador consideraba de su absoluta propiedad. Las acusaciones secundarias, como los «viajes excesivos» al exterior (más de 70 en 10 años), fueron meros pretextos para justificar una destitución basada en el control absoluto del poder y la intolerancia a la individualidad.
De igual forma, en 2009, figuras como Felipe Pérez Roque enfrentaron acusaciones de espionaje y corrupción tras ser destituidas. A pesar de la gravedad de los señalamientos revelados en un video acusatorio elaborado por el Ministerio del Interior, ninguno de esos altos funcionarios fue a la cárcel o al pelotón de fusilamiento. Este historial demuestra que, en la dictadura cubana, las acusaciones penales son herramientas flexibles que se adaptan a las conveniencias políticas del momento, utilizadas para purgar rivales y silenciar desleales sin necesariamente aplicar el peso máximo de la ley.
Más allá del orgullo y el deseo de evitar la humillación pública —a diferencia de Marino Murillo Jorge, el otrora «Zar de las Reformas» que aceptó su rebajamiento a director de Tabacuba como castigo—, otra arista del caso Gil apunta a intereses económicos tangibles. El exministro presuntamente se resistió a renunciar a sus vínculos con la empresa privada Agroindustrial Media Luna, en Ciego de Ávila. Este emprendimiento, que destacaba con su línea de jugos y compotas de la marca Tuaba, había llamado la atención de la élite militar que gobierna Cuba, acostumbrada a absorber cualquier negocio exitoso que escape de su control absoluto o que represente una competencia no deseada.
El éxito de Agroindustrial Media Luna no se debía solo a su propietario, Fernando Javier Alban Torres, exdirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas y amigo personal de Gil, sino a la experiencia de la esposa del exministro, Gina González García. Ella aportó al negocio sus conocimientos adquiridos en el departamento económico de Río Zaza, la empresa del exagente de inteligencia chileno Max Marambio, que también fue desmantelada por el régimen bajo acusaciones de corrupción. El proyecto avileño era ambicioso, importando insumos a través de empresas registradas en España (Yamfer Global Import Export SL y Boitex España SL, fundadas en Cantabria en junio de 2022), un modelo que representaba una amenaza para el monopolio estatal.
El contexto de crisis y el monopolio militar
La detención de Gil y de su amigo Alban Torres en marzo de 2024 no es un hecho aislado, sino que se inserta en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La economía cubana sufre una hiperinflación rampante, un desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un colapso total del sistema eléctrico y de los servicios públicos. En este escenario de miseria generalizada, el gobierno cubano ha recurrido a medidas de shock que solo ahondan la pobreza de la población, mientras la élite militar afianzada en el poder blindá sus privilegios y captura las divisas que entran al país.
Los arrebatos de empresas prósperas bajo el amparo de acusaciones de corrupción marcan un patrón de comportamiento que se consolidó en los años 90 con la apertura al capital extranjero. El régimen utiliza estas campañas para purgar rivales, silenciar desleales y, sobre todo, para protegerse de la influencia de empresarios extranjeros o nacionales que pudieran liderar una transición democrática o construir redes de poder económico independientes del Estado. En 2011, un tribunal de La Habana sancionó a varios cubanos y al empresario Vahe Cy Tokmakjian por delitos de cohecho y falsificación, concluyendo con el comiso de todos los activos de su corporación en Cuba, un golpe multimillonario que enriqueció las arcas estatales y eliminó a un competidor incómodo.
El caso de Alejandro Gil ilustra la ausencia total de un Estado de derecho en Cuba y la naturaleza depredadora del sistema. La arbitrariedad con la que se gestionan las destituciones y las acusaciones penales envía un mensaje demoledor tanto a los funcionarios del aparato estatal como a los inversores extranjeros y a los nuevos actores económicos privados. Mientras el régimen de La Habana continúe sacrificando a sus propios cuadros para maquillar el fracaso de su modelo económico, la ciudadanía seguirá soportando las consecuencias de un sistema incapaz de ofrecer soluciones reales, sumido en la represión y la permanente fuga de capitales y talentos. La inestabilidad institucional generada por estas purgas internas complica aún más cualquier perspectiva de recuperación económica y aleja cualquier posibilidad de confianza por parte de la comunidad internacional y los organismos financieros globales.
