La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el envío de un proyecto de ley de amnistía general a la Asamblea Nacional, destinado a liberar y limpiar los expedientes judiciales de cientos de presos políticos. La medida, pactada con Nicolás Maduro tras su captura por operativos estadounidenses a inicios de enero, llega en un contexto de presión internacional sin precedentes y plantea un escenario ineludible para la dictadura cubana, que mantiene a cientos de opositores tras las rejas por delitos de opinión.
En un acto celebrado en el Tribunal Superior de Justicia, Rodríguez aseveró que la iniciativa busca «favorecer la convivencia» en el país sudamericano y pidió que «nadie imponga la violencia o la venganza». La orden de trasladar la propuesta al Parlamento controlado por el chavismo marca un giro forzado en la narrativa del régimen de Caracas, que durante años ha negado la existencia de presos políticos y ha criminalizado la protesta social. El anuncio apunta no solo a excarcelar a los centenares de detenidos que permanecen en prisiones venezolanas, sino también a cerrar judicialmente los expedientes de quienes han salido de prisión en las últimas semanas bajo severas medidas cautelares.
El proceso de liberaciones comenzó tras el operativo estadounidense que culminó con la captura de Maduro el pasado 3 de enero, un evento que ha alterado profundamente la geopolítica regional. Sin embargo, las excarcelaciones tramitadas hasta ahora han estado plagadas de restricciones que limitan la vida cotidiana de los opositores. Muchos de los liberados tienen prohibido salir del país, hacer declaraciones a la prensa o acceder a determinados empleos, un esquema que, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos, deja a los ciudadanos expuestos a la discrecionalidad policial y a un estado de libertad condicional indefinido que perpetúa el miedo.
Las cifras sobre el alcance real de estas liberaciones son contradictorias y reflejan la opacidad habitual de los autoritarismos de la región. Mientras que el oficialismo venezolano ha sostenido que las excarcelaciones superan las 600 personas, las organizaciones de la sociedad civil manejan datos mucho más conservadores. La ONG Foro Penal informó esta semana que ha logrado verificar la liberación de apenas 302 presos políticos desde el 8 de enero. Esta discrepancia evidencia la estrategia mediática del gobierno cubano y venezolano de inflar logros para apaciguar la presión internacional, mientras en la sombra se mantienen condiciones de represión silenciada y control judicial.
Paralelamente a la iniciativa gubernamental, la sociedad civil ha reactivado el debate sobre una amnistía real y sin condiciones. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad ha impulsado una «Propuesta de Ley de Amnistía» con un diseño mucho más detallado y ambicioso. Este texto establece como punto de partida el 1 de febrero de 2014 y propone beneficios para investigados, procesados o condenados por causas políticas, incluyendo a quienes se encuentran bajo medidas restrictivas o en el exilio. La propuesta abarca explícitamente a activistas sociales, periodistas, comités de víctimas, militares perseguidos y dirigentes políticos, excluyendo tajantemente a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El silencio cómplice de La Habana y el espejo de la represión
El anuncio desde Caracas resuena con particular fuerza en Cuba, donde la dictadura cubana mantiene un hermetismo absoluto respecto a la situación de sus propios presos políticos. La relación simbiótica entre el régimen de La Habana y el chavismo ha sido históricamente un pilar de supervivencia para ambos autoritarismos, sostenida por el flujo de petróleo venezolano a cambio de servicios de inteligencia y médicos cubanos. Sin embargo, la caída de Maduro en manos de la justicia internacional y su forzado viraje hacia la amnistía representan un terremoto político para las autoridades de la isla, que observan con estupor cómo su principal aliado se ve obligado a ceder ante la presión externa.
Mientras Venezuela discute una amnistía bajo coacción, el gobierno cubano continúa negando sistemáticamente la existencia de cientos de presos políticos y de conciencia en la isla. Tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021 y la represión del 27 de noviembre, el ejecutivo cubano optó por la vía del encarcelamiento masivo, imponiendo penas desproporcionadas a jóvenes, artistas y manifestantes comunes. Organizaciones como Cubalex y Prisoners Defenders han documentado cientos de casos de ciudadanos que cumplen condenas por delitos fabricados, tales como desorden público, desacato o sedición, en un claro patrón de persecución política amparado por un Código Penal recién reformado para ahogar la disidencia.
Contexto sistemico: La crisis de las dictaduras en la región
La crisis estructural que atraviesa Cuba no se limita al colapso económico, la hiperinflación y el desabastecimiento crónico, sino que se profundiza por la asfixia de las libertades fundamentales. El régimen de La Habana se aferra a la represión como único mecanismo de control frente a una sociedad exhausta que ha optado masivamente por el exodo migratorio ante la falta de horizontes. En este panorama, la falta de una separación de poderes y la ausencia de un Estado de derecho impiden siquiera imaginar una iniciativa de amnistía similar a la venezolana dentro de las instituciones cubanas, controladas férreamente por el Partido Comunista, que actúa como juez y parte.
La presión de la comunidad internacional sobre la dictadura cubana ha ido en aumento, aunque los mecanismos de exigencia aún resultan insuficientes frente a la impunidad con la que operan las autoridades de la isla. El caso de Maduro sienta un precedente ineludible: la justicia transnacional puede alcanzar a los líderes que violan derechos humanos de manera sistemática. La interrupción del flujo de combustible desde Venezuela, agravada por la captura de Maduro, ha sumido a la isla en una crisis energética y productiva aún más profunda, demostrando que el modelo autoritario cubano es insostenible tanto en el plano económico como en el político.
Implicaciones a futuro
El futuro inmediato para la ciudadanía cubana y venezolana está marcado por la incertidumbre y la inestabilidad institucional. En Venezuela, la amnistía anunciada por Delcy Rodríguez deberá superar el escrutinio riguroso de las organizaciones defensoras de derechos humanos para asegurar que no se convierta en una mera fachada mediática, sino en una restitución real de derechos civiles y políticos. Para la dictadura cubana, el dilema es cada vez más estrecho: continuar por la vía de la represión implacable y arriesgarse a un colapso institucional similar o peor al de su aliado petrolero, o ceder espacio político ante una sociedad que ya no teme manifestar su descontento.
Por ahora, el silencio oficial de La Habana ante los acontecimientos en Caracas es la mejor muestra de su vulnerabilidad y su temor a que el viento de la rendición de cuentas también llegue a cruzar el Estrecho de la Florida en dirección contraria. La comunidad internacional mantiene la mirada puesta en el hemisphere, consciente de que el desenlace de la crisis venezolana determinará en gran medida el margen de maniobra que le quede al régimen más longevo del hemisferio occidental.
