El artista independiente cubano Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, permanece encarcelado desde el 31 de diciembre de 2024 bajo acusaciones que su familia considera fabricadas, en un caso que evidencia el uso de la justicia penal como herramienta de represión por parte del Estado. Su madre, Eva Rivera, ha denunciado que las autoridades mantienen a su hijo recluido en un penal destinado a personas con VIH, a pesar de no padecer dicha enfermedad, en lo que califica como una medida de castigo y tortura psicológica por su activismo artístico.
La detención de Almenares Rivera se produjo en su vivienda del municipio capitalino La Lisa, sin mediar citación previa ni orden judicial presentada de manera formal. Según relata su madre, los operativos de seguridad irrumpieron en el domicilio con un nivel de violencia desproporcionado, tratando al artista como un criminal de alta peligrosidad. Días después del arresto inicial, las fuerzas del orden regresaron a la casa con chalecos tácticos, armas largas y vehículos de criminalística para realizar un segundo registro exhaustivo. Durante este operativo, los agentes sustrajeron únicamente una bandera, la cual fue posteriormente devuelta al no encontrar elementos incriminatorios que sustentaran una acusación formal.
El caso penal contra Nando OBDC se originó a partir de un incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2024 en el Parque Lenin, un área recreativa en las afueras de La Habana. Inicialmente, la policía política lo imputó por un presunto intento de sabotaje, argumentando la supuesta existencia de huellas dactilares en el lugar de los hechos. Sin embargo, la narrativa oficial se desmoronó cuando los verdaderos responsables del siniestro confesaron los hechos y declararon no conocer al artista. Ante la evidente falta de evidencias, el régimen de La Habana modificó la imputación a «propaganda contra bienes constitucionales», manteniéndolo en prisión sin pruebas concluyentes.
La incoherencia jurídica del Estado cubano
La arbitrariedad del proceso quedó al descubierto el 19 de agosto de 2025, cuando la Gaceta de Cuba publicó una Requisitoria oficial sobre los sucesos del Parque Lenin. En el documento jurídico no figura el nombre de Fernando Almenares Rivera entre los acusados, lo que contradice de manera flagrante su situación de privación de libertad. A pesar de esta exclusión documental que demuestra su inocencia en el hecho investigado, el ejecutivo cubano ha ignorado las inconsistencias del caso y se ha negado a dictar su excarcelación, exponiendo la subordinación del sistema judicial a los intereses políticos de control social.
Madre de preso político "Nando Obdc": "Me han tocado donde más duele"
Actualmente, el artista se encuentra recluido en la prisión conocida como Panamá, ubicada en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque. Este penal está destinado específicamente a la reclusión de personas diagnosticadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), una condición que Almenares Rivera no padece. La madre del activista denunció que el personal penitenciario intentó obligarlo a someterse a un tratamiento médico para dicha enfermedad, ante lo cual tanto él como su familia se opusieron tajantemente, evidenciando una grave violación a la ética médica y a la integridad física del recluso.
La reclusión en este centro representa una forma de aislamiento extremo, según denuncia Eva Rivera. El artista apenas recibe autorización para realizar llamadas telefónicas, lo que ha profundizado un cuadro de depresión severa derivado de la separación familiar. La situación afecta de manera colateral a la estructura familiar, especialmente a su abuela, quien padece problemas de salud que le impiden reconocer a su nieto tras nueve meses de ausencia forzada. «Él piensa en nosotros, en su abuela que ya está enferma y casi no lo reconoce. Yo lo siento destruido, y eso me mata por dentro», expresa su madre con desolación.
A pesar de las gestiones legales emprendidas por su abogado defensor, las solicitudes para modificar la medida cautelar de prisión preventiva han sido sistemáticamente denegadas por los tribunales. Eva Rivera ha recorrido diversas instituciones estatales, incluyendo la oficina de Atención a la Ciudadanía en la Plaza de la Revolución y los cuarteles de 100 y Aldabó, sin obtener respuestas formales o soluciones. La indiferencia institucional confirma que se trata de una persecución motivada por su trabajo independiente, en un sistema donde, como lamenta la madre, «nadie se ocupa de los presos políticos».
Contexto sistemático de represión y crisis estructural
El caso de Nando OBDC no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la política de criminalización de la disidencia y el arte independiente que ha implementado la dictadura cubana durante las últimas décadas. Desde la promulgación del Decreto 349 y los sucesos del 27 de noviembre de 2020, el aparato estatal ha endurecido sus mecanismos para silenciar a las voces críticas, utilizando el código penal para fabricar delitos comunes cuando las expresiones políticas o artísticas incomodan al poder. La utilización de figuras penales ambiguas para encarcelar a artistas, similar a los casos de Luis Manuel Otero Alcántara o Maykel Castillo, demuestra un patrón de aniquilación de la libertad de expresión.
El encarcelamiento injustificado se produce en medio de la peor crisis estructural que ha atravesado la isla en décadas. La hiperinflación, el colapso total del sistema electroenergético, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y la masiva ola de éxodo migratorio han generado un escenario de descontento social sin precedentes. En este contexto de fracaso económico, el gobierno cubano ha optado por incrementar la represión policial y judicial para evitar cualquier brote de protesta ciudadana similar al estallido del 11 de julio de 2021, utilizando a las prisiones como instrumentos de contención social y escarmiento público.
Las condiciones en el sistema penitenciario nacional reflejan el deterioro generalizado de los servicios públicos en el país. El hacinamiento, la falta de higiene, la alimentación deficiente y la ausencia de atención médica adecuada son prácticas comunes dentro de las cárceles. La utilización de pabellones especializados, como el de pacientes con VIH, para recluir a opositores o activistas que no padecen estas condiciones, constituye una violación grave de los derechos humanos y una práctica de segregación punitiva que ha sido señalada por diversas organizaciones internacionales de derechos fundamentales.
Implicaciones futuras y respuesta de la sociedad civil
La situación de Fernando Almenares Rivera representa un claro ejemplo de la vulnerabilidad en la que se encuentran los activistas culturales en Cuba. La impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad, capaces de alterar imputaciones y omitir nombres en documentos oficiales sin que ello repercuta en la libertad del acusado, evidencia la inexistencia del estado de derecho en la isla. Para la ciudadanía, este tipo de casos envía un mensaje de terror sobre las consecuencias de alzar la voz o ejercer el arte fuera de los márgenes permitidos por la ideología oficial.
De cara al futuro, el mantenimiento de este tipo de prácticas represivas por parte de las autoridades de la isla augura un endurecimiento adicional del clima de censura, complicando aún más los escenarios diplomáticos con la comunidad internacional. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y gobiernos democráticos continúan documentando estos abusos, lo que podría derivar en nuevas medidas de exigencia de rendición de cuentas y sanciones dirigidas a los funcionarios implicados en violaciones sistemáticas a las libertades fundamentales. Mientras tanto, familias como la de Nando OBDC permanecen en una angustiosa espera, golpeadas por un sistema que prioriza el control político sobre la justicia y la vida humana.
