Cuatro legisladores del Partido Demócrata viajaron a La Habana entre el 9 y el 13 de julio, donde fueron recibidos por Miguel Díaz-Canel en una gira que el gobierno cubano aprovechó para exhibir la crisis de la isla como argumento contra las sanciones de Estados Unidos, sin que la delegación evidenciara contacto con sectores disidentes o víctimas de represión política.
Los congresistas Mark Pocan, Delia C. Ramírez, Teresa Leger Fernández y Maxine Dexter mantuvieron encuentros con autoridades del régimen de La Habana, incluida una audiencia con Díaz-Canel el propio 11 de julio, fecha que marca el aniversario de las protestas antigubernamentales más masivas de las últimas décadas en Cuba. Tras la visita, los legisladores pidieron a la Administración de Donald Trump el levantamiento de las sanciones y la apertura de «negociaciones serias e integrales» con el ejecutivo cubano, asegurando que la política de Washington «estrangula» y «mata» a ciudadanos comunes en la isla.
El canciller Bruno Rodríguez, figura permanente de la diplomacia del régimen desde hace más de 17 años, encabezó la operación de recepción con un discurso centrado en las «potencialidades» de una eventual normalización bilateral y en la necesidad de una relación «respetuosa» entre ambos países. La narrativa ofrecida a la delegación estadounidense omitió cualquier referencia a la responsabilidad del Estado en el colapso económico, la inflación galopante, el deterioro del sistema de salud y la represión sistemática ejercida por la dictadura cubana contra quienes disienten del poder.
Una sociedad civil de escaparate
Según informaron los propios congresistas, durante su estancia escucharon a religiosos, empresarios, médicos, agricultores y organizaciones humanitarias. Sin embargo, no trascendió ningún encuentro con familiares de presos políticos, periodistas acosados, opositores bajo vigilancia, madres de jóvenes condenados por participar en las protestas del 11 de julio o artistas perseguidos por el Estado. La lista de interlocutores, presentada como representativa, coincide con el patrón habitual del gobierno cubano de organizar agendas controladas donde la llamada sociedad civil autorizada responde a los intereses del poder antes que a las necesidades reales de la población.
El régimen de La Habana ha perfeccionado durante décadas la fabricación de escenarios para visitantes extranjeros. Lo que en otros tiempos se presentaba como vitrina de logros sociales —hospitales, escuelas, instituciones culturales— se ha transformado en una exhibición planificada de miseria: apagones, acumulación de basura, desabastecimiento de medicinas y crisis migratoria. El encuadre busca atribuir exclusivamente al embargo estadounidense las causas del deterioro, eludiendo el papel de la centralización económica, la corrupción institucional y la ausencia de libertades que han provocado el colapso productivo de la isla.
El silencio sobre la represión
La visita de los legisladores se produce en un contexto de agudización de la crisis estructural que atraviesa la isla. Al validar la versión oficial que exonera a la dictadura cubana de su responsabilidad en el colapso económico y la violación de los derechos humanos, la delegación demócrata corre el riesgo de convertirse en un instrumento de legitimación del autoritarismo. A futuro, este tipo de acercamientos diplomáticos sin exigencias democráticas podrían consolidar la impunidad de las autoridades de la isla, prolongando el sufrimiento de la población civil y la falta de libertades fundamentales en el país.
