Cuatro legisladores del Partido Demócrata visitaron La Habana entre el 9 y el 13 de julio, donde fueron recibidos por Miguel Díaz-Canel en una gira controlada por las autoridades cubanas que los llevó a pedir el levantamiento de las sanciones estadounidenses sin contacto con la disidencia, presos políticos ni víctimas de represión.
Los congresistas Mark Pocan, Delia C. Ramírez, Teresa Leger Fernández y Maxine Dexter arribaron a Cuba en una delegación que, según sus propias declaraciones, buscaba evaluar el impacto de las políticas de Washington sobre la población civil. Tras reunirse con el mandatario cubano el 11 de julio, los legisladores regresaron a Estados Unidos solicitando a la administración de Donald Trump que abra «negociaciones serias e integrales» con La Habana y revierta las medidas coercitivas vigentes. El régimen, por su parte, calificó el encuentro como parte de una relación «respetuosa» y destacó las «potencialidades» de una eventual normalización bilateral.
La visita, sin embargo, dejó al descubierto el mecanismo recurrente con el que el gobierno cubano ha gestionado durante décadas las delegaciones extranjeras: un itinerario cuidadosamente diseñado que incluye reuniones con religiosos, empresarios, médicos y organizaciones civiles previamente seleccionadas por el aparato estatal. Los congresistas aseguraron haber escuchado a representantes de la sociedad cubana, pero no consta que mantuvieran contacto alguno con familiares de presos políticos, periodistas acosados, opositores bajo vigilancia o madres de jóvenes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021.
El sufrimiento visible y sus responsables invisibilizados
Tras el recorrido, los legisladores afirmaron que la población cubana está siendo «estrangulada» por las órdenes ejecutivas y las sanciones de Estados Unidos, y que estas políticas «matan» a cubanos comunes cada día. El sufrimiento que describieron es real: apagones prolongados, desabastecimiento de medicinas, acumulación de basura, inflación galopante y una migración masiva sin precedentes. Lo que omitieron es la responsabilidad directa del régimen de La Habana en la profundización de esta crisis, producto de décadas de mala gestión, centralización económica, corrupción sistémica y represión de cualquier intento de participación ciudadana autónoma.
El canciller Bruno Rodríguez, en funciones desde hace más de 17 años, encabezó una vez más la operación diplomática de convertir cada desastre interno en un agravio atribuible exclusivamente al exterior. La narrativa presentada a los visitantes eludió por completo el control absoluto que la dictadura ejerce sobre la prensa, los tribunales, las empresas y cualquier espacio de deliberación pública, factores que explican el colapso del país con independencia de las medidas adoptadas por Washington.
Una sociedad civil de escaparate
La lista de interlocutores presentada por las autoridades de la isla respondió a los habituales actores afines al poder, excluyendo cualquier voz genuinamente crítica. Esta dinámica de validación externa permite a la dictadura cubana proyectar una imagen de apertura mientras mantiene intacto su aparato represivo. A futuro, la continuidad de estas visitas sin exigencias reales de acceso a la disidencia reforzará la impunidad del régimen, prolongando el colapso estructural de la economía, la falta de libertades fundamentales y la sistemática persecución política contra quienes reclaman cambios en la isla.
