Alberto Díaz Pérez, uno de los seis reclusos condenados a muerte tras la violenta fuga ocurrida en diciembre de 1999 en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, ha hecho público un testimonio manuscrito donde detalla más de dos décadas de torturas, aislamiento y maltrato psicológico en diversas cárceles de la isla. El relato documenta el uso sistemático de la violencia por parte de las autoridades penitenciarias contra los reclusos, exponiendo una faceta oculta pero constante de la represión institucional en Cuba.
Díaz Pérez, quien antes de su encarcelamiento residía en el municipio de Morón, ingresó en el sistema penitenciario en 1995. Según su propio relato, la situación de extremo abuso dentro de la prisión de Canaleta llevó a un grupo de internos a planear una acción desesperada. El 6 de diciembre de 1999, él y otros cinco reclusos ejecutaron un motín con el objetivo de «ponerle fin a las torturas» que sufrían. Durante la revuelta, los reclusos asesinaron a los funcionarios de Orden Interior (FOI) que se encontraban de guardia, logrando tomar el control temporal de la instalación antes de fugarse. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado que en el incidente perdieron la vida cinco custodios, mientras que varios sobrevivientes quedaron gravemente heridos.
Tras permanecer tres días prófugo en zonas boscosas, Díaz Pérez fue capturado el 9 de diciembre de 1999. Su traslado a dependencias de la Seguridad del Estado marcó el inicio de un calvario de agresiones físicas. El recluso denunció que los agentes lo despojaron de sus ropas, lo golpearon de forma reiterada y lo mantuvieron durante 28 días consecutivos esposado por la cintura. Esta versión coincide con los informes emitidos en mayo de 2000 por la Fundación Avileña Pro-Derechos Humanos, los cuales detallaban que los primeros fugitivos capturados fueron golpeados hasta perder el conocimiento y vomitar sangre, permaneciendo posteriormente dos meses encadenados de manos y cintura a camas de cemento en total aislamiento.
El proceso judicial contra Díaz Pérez y sus compañeros se desarrolló en febrero del año 2000 bajo la Causa 44/2000. El régimen de La Habana garantizó un juicio a puertas cerradas, permitiendo únicamente la presencia de tres familiares por cada acusado, lo que levantó serias dudas sobre las garantías procesales y el derecho a una defensa justa. La condena inicial fue la pena de muerte, una sanción que el Tribunal Supremo Popular confirmaría posteriormente, dejando a los seis hombres en inminente riesgo de ejecución.
En enero de 2001, Amnistía Internacional emitió una alerta sobre el caso, advirtiendo que el Consejo de Estado, entonces presidido por Fidel Castro, había rechazado la apelación final de Díaz Pérez y los otros cinco condenados: Osmany Brito Cartaya, Julio Alberto Morales Montero, Morlaix Nodal Pozo, Reidel Rodríguez Reyes y Héctor Santana Vega. La organización internacional instó al ejecutivo cubano a conmutar las sentencias, evidenciando la falta de independencia judicial y el uso de la pena capital como herramienta de escarmiento.
A partir de su condena, las autoridades de la isla sometieron a Díaz Pérez a un peregrinaje por algunas de las prisiones más severas del país. En mayo de 2000 fue enviado a la prisión conocida como «La 26», en Camagüey. Allí, el recluso asegura haber permanecido en un pasillo vigilado por perros de ataque amarrados frente a cada celda. Las visitas familiares se restringieron drásticamente, permitiéndose solo el contacto visual a través de dos rejas, anulando cualquier posibilidad de contacto físico con sus allegados.
En mayo de 2002, el gobierno cubano ordenó la separación de los seis condenados, distribuyéndolos en prisiones de distintas provincias para fracturar cualquier vínculo entre ellos. Díaz Pérez fue trasladado a la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, donde fue recibido con golpizas y sometido a descargas eléctricas en tres ocasiones. Permaneció hasta diciembre de 2011 en el régimen de máxima seguridad conocido como «Boniatico», descrito por el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal —preso político de la Primavera Negra en 2003— como un verdadero corredor de la muerte. Vázquez Portal documentó en su diario carcelario cómo Díaz Pérez, entonces confinado en la celda 28 con apenas 24 años, gritaba desesperado para recibir atención médica mientras permanecía esposado y con grilletes en los pies para cualquier traslado.
El patrón de abuso no cesó con el paso de los años. Tras salir de Boniato, Díaz Pérez fue devuelto a Camagüey, donde nuevamente fue agredido físicamente. En 2013, un nuevo traslado lo llevó al Combinado del Este, en La Habana. En este penal, el recluso relata que los guardias le azuzaron un perro que le orinó en los pies, una práctica denigrante que ilustra el nivel de crueldad permitido por los custodios. Aunque en esta etapa las agresiones físicas disminuyeron en frecuencia, la dictadura cubana intensificó el maltrato psicológico como método de aniquilación emocional.
En 2019, fue devuelto a la prisión camagüeyana «La 26», donde volvió a ser golpeado y permaneció cinco días desnudo dentro de una celda expuesta al frío, una técnica de tortura por congelación utilizada frecuentemente para quebrar la resistencia de los presos. En 2021, fue trasladado al penal de Guanajay, en Artemisa. Cabe destacar que en 2008, el gobierno de Raúl Castro conmutó su pena de muerte por cadena perpetua, una medida que se aplicó a casi todos los condenados a muerte en el país, excepto a tres hombres acusados de terrorismo. Sin embargo, esta conmutación burocrática no implicó una mejora en las condiciones carcelarias ni el cese de los abusos sistemáticos.
El colapso del sistema penitenciario y la represión estructural
El testimonio de Alberto Díaz Pérez no es un caso aislado, sino el reflejo de la crisis estructural que atraviesa el sistema penitenciario en Cuba. Durante décadas, la dictadura ha utilizado las cárceles como centros de aniquilación física y psicológica, no solo para castigar delitos comunes, sino como instrumento de control social y represión política. El hacinamiento extremo, la desnutrición, la falta de agua potable y la ausencia de atención médica son constantes que afectan a miles de reclusos en la isla, configurando un panorama que diversas organizaciones internacionales han calificado como trato cruel, inhumano y degradante.
La situación en los penales se ha agravado profundamente en medio de la crisis económica que sufre el país. La escasez de recursos básicos y la inflación galopante han recortado aún más la ya precaria alimentación de los presos, mientras que el régimen de La Habana ha incrementado la criminalización de la protesta social. Las detenciones arbitrarias tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 han llenado las cárceles de jóvenes activistas y ciudadanos comunes, quienes se ven obligados a convivir en un sistema carcelario diseñado para la destrucción de la dignidad humana, compartiendo espacios con reclusos de alta peligrosidad y sometidos a la violencia de las guarniciones.
La impunidad con la que operan los funcionarios de Orden Interior es garantizada por la ausencia de un Estado de Derecho. No existen mecanismos independientes para denunciar la tortura, y los tribunales cubanos actúan como apéndices del poder ejecutivo, validando sentencias políticas y omitiendo las violaciones de derechos humanos. El silencio forzado dentro de los muros penitenciarios es complementado por la censura extramuros, impidiendo que la sociedad civil conozca la magnitud de los abusos cometidos con el dinero y el respaldo del Estado.
Implicaciones y respuesta internacional
La difusión de este testimonio cobra una relevancia crucial en un momento en que la comunidad internacional exige a las autoridades de la isla el respeto a los derechos fundamentales. El caso de los condenados por el motín de Canaleta subraya la necesidad de que organismos como la ONU y la Cruz Roja Internacional puedan acceder de forma independiente a las prisiones cubanas para inspeccionar las condiciones de vida y documentar los casos de tortura. Mientras el gobierno cubano mantenga intacto su aparato de represión, la esperanza de justicia para las víctimas de la violencia estatal permanecerá suspendida, y las cárceles seguirán siendo el testimonio más crudo de la fallida institucionalidad de la isla.
