El gobierno de Panamá confirmó la detención de diez de sus connacionales en La Habana y anunció gestiones diplomáticas formales para garantizar su integridad física y el respeto a sus derechos, en medio de un nuevo episodio de persecución política orquestado por las autoridades de la isla.
El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba informó que los diez panameños, residentes en el país centroamericano, fueron arrestados el pasado sábado bajo la acusación de cometer \»hechos de propaganda contra el orden constitucional\». Según la versión oficial emitida por el régimen de La Habana, los detenidos ingresaron a la isla para confeccionar letreros de \»carácter subversivo\», con el supuesto objetivo de abandonar el territorio y recibir un pago de entre 1.000 y 1.500 dólares a su regreso a Panamá.
Ante esta situación, el ejecutivo panameño solicitó acceso consular continuo y el irrestricto respeto al debido proceso, actuando con \»responsabilidad, prudencia y firmeza\» en la defensa de sus ciudadanos. La medida diplomática ocurre tras un errático manejo de la información por parte del gobierno cubano, que inicialmente publicó la nota del MININT en medios oficiales, la eliminó y horas después la volvió a difundir, evidenciando la opacidad y el control estricto que caracteriza a los procedimientos policiales en la isla.
Endurecimiento represivo y criminalización de la disidencia
La detención de estos ciudadanos extranjeros se enmarca en el endurecimiento del aparato represivo y el control social que ejerce la dictadura cubana para silenciar cualquier forma de disidencia. Con un país sumido en una profunda crisis estructural, hiperinflación, colapso de los servicios básicos y un éxodo migratorio sin precedentes, las autoridades han priorizado la persecución de conductas consideradas desafiantes al orden establecido, utilizando el Código Penal para criminalizar la libre expresión y amedrentar tanto a nacionales como a extranjeros.
La respuesta de Panamá será crucial para determinar el destino legal de los diez implicados, quienes se enfrentan a un sistema judicial carente de independencia y sometido al poder político. Mientras la comunidad internacional observa el desarrollo de este caso, el incidente reaviva el debate sobre el constante deterioro de los derechos humanos en Cuba y la urgencia de exigir transparencia en los procesos judiciales emprendidos por la policía política del régimen.
