El prisionero Yordanis Díaz Lozano, recluido sin sentencia desde noviembre de 2023 en el penal de máxima seguridad de La Habana, denunció que las autoridades penitenciarias han suspendido de forma reiterada y sin justificación sus visitas familiares y conyugales, agravando las condiciones de su prolongada prisión preventiva.
Díaz Lozano, de 42 años y originario de la provincia de Cienfuegos, fue arrestado durante un allanamiento en la vivienda de su esposa, donde las fuerzas del orden ocuparon un arma de fuego. Tras pasar por centros de detención en su provincia natal y por la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista, fue trasladado al Combinado del Este. Su caso está vinculado al de Ardelis García Álvarez, residente en Estados Unidos, a quien el gobierno cubano acusa de ingresar al territorio nacional en una moto acuática para promover protestas sociales.
Después de más de dos años y medio de encierro sin proceso judicial concluido, el recluso recibió la petición fiscal el pasado 12 de junio. El Ministerio Público solicita para él una condena de 25 años de prisión por los presuntos delitos de «espionaje», «otros actos contra la seguridad del Estado», «tenencia de armas de fuego» y «delitos contra el orden constitucional». Para García Álvarez se piden 30 años, mientras que alrededor de 56 personas más enfrentan severas peticiones en el marco de esta misma causa.
Represión intra-muros y castigo a los familiares
La dictadura cubana ha impuesto medidas punitivas adicionales contra el recluso, vulnerando sus derechos carcelarios. Díaz Lozano relató que el pasado 30 de abril le fue cancelada sin explicación una visita conyugal, y en al menos dos ocasiones su madre, de avanzada edad, viajó desde Cienfuegos solo para que le negaran el acceso al penal. Además, un envío de alimentos y artículos de primera necesidad fue retenido por las autoridades penitenciarias, obligando a la portadora a regresar con los víveres, que terminaron en mal estado. El recluso asegura que no ha visto a sus tres hijos menores desde su detención.
Esta situación refleja el patrón sistemático de la dictadura frente a disidentes y ciudadanos sospechosos de oponerse al régimen de La Habana. El uso de la prisión preventiva prolongada, la negación de asistencia familiar y la judicialización de la protesta social son tácticas recurrentes para infundir temor y desarticular cualquier intento de organización ciudadana en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.
El caso de Díaz Lozano y de las decenas de implicados en esta causa subraya la urgencia de que la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos monitoreen las condiciones carcelarias en el país. La continuidad de estas prácticas represivas no solo vulnera las garantías procesales de los acusados, sino que profundiza el sufrimiento de sus familias, quienes se convierten en víctimas colaterales de un sistema judicial subordinado al poder político.
