El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, utilizó las redes sociales para ensalzar la labor de los farmacéuticos en la Isla, en un acto de propaganda que choca frontalmente con la dramática escasez de fármacos y la peor crisis epidemiológica de los últimos años. Mientras el funcionario agradece el «compromiso» de los trabajadores, los cubanos se ven obligados a acudir a un mercado negro sin control sanitario para conseguir tratamientos vitales, evidenciando la profunda desconexión de la cúpula dirigente con la realidad nacional.
La maquinaria propagandística del régimen de La Habana rara vez hace pausas, ni siquiera cuando sus mensajes exponen de manera descarnada la hipocresía y el desdén de sus dirigentes hacia el sufrimiento cotidiano de la población. El mensaje publicado por el titular del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en la red social X, donde aseguraba que desde la institución «honramos a quienes, aun entre desafíos cotidianos, sostienen una labor esencial para el Sistema Nacional de Salud», resulta una afrenta para quienes recorren decenas de farmacias cada día solo para encontrar anaqueles vacíos.
El eufemismo «desafíos cotidianos» utilizado por Portal Miranda minimiza una catástrofe sanitaria de proporciones históricas. La verdadera cara de la farmacia cubana actual no es la de un sistema sostenido por el compromiso de sus trabajadores, sino la de instalaciones en ruinas, con chronos descontinuados, falta de energía para refrigerar ciertos productos y un personal que debe lidiar con la desesperación y el enojo de los pacientes a los que no puede atender. La responsabilidad de este colapso no recae en los farmacéuticos, sino en la ineficiencia estructural y la falta de previsión del gobierno cubano.
Ante la incapacidad del Estado para garantizar la distribución gratuita y universal de medicamentos —un pilar durante décadas de la retórica oficialista—, la población ha tenido que ingeniárselas por vías alternativas. La venta de medicamentos fuera de los canales oficiales, aunque está estrictamente prohibida y carece de cualquier tipo de regulación o certificación sanitaria, se ha convertido en el único «salvavidas» disponible para millones de cubanos. Este mercado negro, impulsado por la necesidad extrema, conlleva riesgos gravísimos para la salud pública, incluyendo la caducidad de los productos, la exposición a temperaturas inadecuadas y la proliferación de fármacos falsificados o de dudosa procedencia.
La magnitud del desabastecimiento es tal que ni siquiera las propias autoridades del MINSAP pueden ocultarla por completo. En recientes informes oficiales, el ministerio tuvo que admitir que más del 70 % del cuadro básico de medicamentos se encontraba en falta. Este cuadro está integrado por 651 productos, de los cuales alrededor de 400 deberían producirse en la Isla y el resto importarse. Sin embargo, la realidad dicta que apenas unos 300 estaban disponibles en la maltrecha red de farmacias estatales, lo que supone una cobertura inferior al 30 % de la demanda real de la población.
El fracaso en la producción nacional responde a la falta de materias primas, el envejecimiento de la maquinaria industrial y la ausencia de divisas para invertir en el sector biofarmacéutico, pese a los multimillonarios ingresos que el régimen obtiene de la exportación de servicios médicos. Por su parte, las importaciones se han visto estranguladas por la política de endeudamiento del gobierno cubano y su incapacidad para honrar las deudas con los proveedores internacionales, lo que ha paralizado los envíos de medicamentos esenciales, desde antibióticos hasta antihipertensivos e insulina.
El discurso desafortunado del Ministro de Salud cobra una dimensión aún más dramática si se tiene en cuenta que la Isla atraviesa la peor crisis epidemiológica desde el paso de la pandemia de COVID-19. Durante los últimos meses, la principal emergencia sanitaria ha estado marcada por la proliferación incontrolable de arbovirosis, tales como el dengue, el zika y, de manera alarmante, el chikunguña. La falta de métodos de diagnóstico, sumada a la ausencia de medicamentos para el manejo sintomático de estas enfermedades, ha dejado a miles de cubanos en un estado de vulnerabilidad absoluta.
Las viviendas cubanas se han convertido en hospitales de aislamiento forzoso. Miles de personas enfermas se ven obligadas a guardar reposo en sus casas sin siquiera tener la certeza de cuál es el virus que las aqueja, debido a que el sistema de salud no cuenta con las pruebas rápidas o de laboratorio suficientes para diagnosticar masivamente. En este escenario, la automedicación a ciegas y el uso de remedios caseros o productos adquiridos en el mercado negro son la única estrategia de supervivencia frente a la indolencia del Estado.
Las cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) corroboran la gravedad de la situación y desmienten cualquier intento de maquillaje oficial. Cuba se ha convertido en el país de las Américas con mayor incidencia de chikunguña en lo que va de año. Según datos de la OPS, la Isla registró un promedio escalofriante de 700 casos nuevos diarios durante el mes de octubre, alcanzando una tasa acumulada de 183,43 contagios por cada 100.000 habitantes. Entre octubre y noviembre, se identificaron más de 15.590 casos, elevando el acumulado anual a más de 20.062, con concentraciones críticas en las provincias de La Habana y Matanzas.
El contexto de un sistema en ruinas
Para comprender la dimensión de la actual crisis farmacéutica y sanitaria, es necesario observar el deterioro progresivo del Sistema Nacional de Salud, otrora presentado por la dictadura como su mayor logro de la revolución. Durante años, el régimen de La Habana priorizó la exportación de médicos y personal de salud a otros países como principal fuente de ingresos de divisas, descapitalizando en la práctica la red asistencial interna y descuidando la infraestructura hospitalaria y farmacéutica de la Isla.
La centralización extrema de la economía y la inexistencia de un sector privado robusto que pueda suplir las deficiencias estatales en la producción y distribución de medicamentos han agravado el colapso. La dependencia absoluta del Estado, sumada a la corrupción interna y la mala gestión de los recursos, ha transformado lo que alguna vez fue un sistema de acceso universal en una estructura de apartheid sanitario, donde solo quienes tienen familiares en el extranjero que les envíen medicinas, o quienes pueden pagar altísimos precios en el mercado informal, tienen garantizado el tratamiento.
Una crisis que se cobra vidas en el silencio
Mientras el ministro Portal Miranda y el resto de la cúpula dirigente se dedican a publicar felicitaciones en redes sociales, la realidad en las calles cubanas es de zozobra y muerte silenciosa. La escasez de fármacos no es una mera incomodidad económica; es una vulneración directa del derecho a la salud y a la vida. Personas con enfermedades crónicas no transmisibles, embarazadas, niños y ancianos son las principales víctimas de una política de estado que ha decidido mirar hacia otro lado mientras el sistema colapsa bajo su propio peso.
La celebración del Día del Trabajador Farmacéutico en estas circunstancias no es más que un ejercicio de cinismo institucional. El verdadero homenaje a estos profesionales no se hace con tuits complacientes, sino con la dotación de las herramientas, los insumos y los medicamentos necesarios para que puedan ejercer su labor con dignidad. Mientras el gobierno cubano no asuma la responsabilidad de su ineficiencia y continúe priorizando la propaganda sobre la salud pública, las farmacias de la Isla seguirán siendo monumentos mudos al fracaso del modelo impuesto por la dictadura.
