Una investigación reciente revela que las autoridades de la isla han ordenado descuentos obligatorios en los salarios de más de 21.000 colaboradores médicos desplegados en al menos seis países. Bajo el pretexto de ayudar a los damnificados por el huracán Melissa, el ejecutivo cubano exige a sus profesionales en el exterior entregar parte del exiguo estipendio que reciben, en una nueva muestra de explotación a la fuerza laboral cualificada.
La práctica, documentada en naciones como Venezuela, México, Angola, Catar, Italia y Jamaica, afecta al 87% del personal cubano en el exterior. Los trabajadores, que ya sufren la retención de entre el 70% y el 94% de sus verdaderos salarios por parte del Estado, recibieron órdenes directas de sus superiores para entregar entre el 1% y el 10% de sus magros ingresos. Los jefes de brigada y coordinadores provinciales han sido los encargados de ejecutar y supervisar esta exacción, dejando claro que la supuesta \»donación\» es en realidad un descuento coactivo que no admite negativa.
Coacción y precariedad en el extranjero
En Italia, los 360 médicos de la brigada fueron obligados a aportar 20 euros, a pesar de que apenas pueden retener entre 1.000 y 1.200 dólares de los 4.700 que paga el país europeo por sus servicios. Situaciones similares se replican en Catar, donde a 1.200 colaboradores se les exigió el pago de 100 riales cataríes mediante mensajes intimidatorios, y en Jamaica, donde la jefa de misión ordenó un descuento de 10 dólares por persona. En Angola, una misión gestionada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias a través de la corporación Antex, los médicos aportaron 10 dólares y los técnicos cinco, bajo un ambiente de presión institucional donde la resistencia acarrea represalias laborales y administrativas.
Un modelo de exportación basado en la confiscación
Las estimaciones señalan que el monto recaudado supera los 188.000 dólares, una cantidad que sale directamente del bolsillo de profesionales que sostienen la economía nacional con su trabajo. Este episodio no es un hecho aislado, sino una extensión del modelo económico de la dictadura cubana, que históricamente ha mercantilizado la salud y confiscado los ingresos de sus trabajadores para financiar un Estado ineficiente. La crisis estructural de la isla, marcada por la inflación, el desabastecimiento y el colapso de los servicios básicos, obliga al régimen a apretar aún más las tuercas sobre sus ciudadanos, incluso sobre aquellos que se encuentran fuera de las fronteras nacionales generando divisas frescas.
Esta nueva política de extracción forzosa evidencia la desesperación financiera del gobierno cubano y profundiza la precariedad de la fuerza laboral médica, principal fuente de ingresos del país. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que estas misiones constituyen una forma de trabajo forzado. La persistencia de estas prácticas no solo agrava el agotamiento y la desmotivación del personal de salud, acelerando el éxodo migratorio de profesionales, sino que también debería encender las alarmas en los países receptores y en la comunidad internacional sobre las condiciones de explotación en las que operan los convenios médicos con La Habana.
