El opositor Ramón Escalona Labrada presentó este martes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) una solicitud formal para revocar el mandato de Miguel Díaz-Canel, utilizando un mecanismo legal contemplado en la Constitución para denunciar el profundo deterioro económico y social que atraviesa la isla.
El activista, conocido en redes sociales por su perfil opositor, confirmó la entrega del documento a través de sus plataformas digitales, donde mostró el comprobante de recepción. En sus declaraciones, Escalona Labrada reconoció que no espera una renuncia efectiva del mandatario, a quien calificó como una figura de fachada del aparato militar que detenta el poder real en el país. La acción, según explicó, busca evidenciar que la crisis cubana no se resuelve con cambios de figuras, sino con el desmantelamiento del sistema autoritario.
En el texto presentado, el ingeniero en telecomunicaciones expone un diagnóstico detallado de la crisis estructural que enfrenta la nación. El documento cuestiona la estrategia oficial de \»resistencia creativa\», argumentando que el régimen de La Habana se ha limitado a \»administrar la escasez\» frente a la inseguridad alimentaria, la inflación galopante y el colapso de los servicios públicos. Asimismo, denuncia la criminalización de la protesta pacífica, señalando que la dictadura cubana utiliza figuras legales para procesar a ciudadanos que exigen cambios, vulnerando el principio de que la soberanía reside en el pueblo.
Contexto de represión y fragmentación opositora
La iniciativa de Escalona Labrada se enmarca en un escenario de creciente asfixia civil y éxodo migratorio sin precedentes. El activista, que ha sido víctima de detenciones y agresiones por parte de agentes del Estado tras participar en manifestaciones pacíficas, advirtió sobre la difícil situación de la disidencia interna. La represión sistemática y el exilio forzado han fragmentado a la oposición dentro de la isla, dificultando la articulación de un frente común capaz de impulsar una transición política.
Hasta el momento, las autoridades de la isla no han emitido ninguna declaración respecto a la recepción o el trámite de la petición, la cual se ampara en la Ley 135 de Revocación. La exigencia de un proceso \»transparente y público\» por parte del opositor pone a prueba la institucionalidad del gobierno cubano y evidencia la desconexión entre la fachada legal del Estado y la realidad de un país que exige soluciones urgentes frente a la precariedad y el autoritarismo.
