El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) anunció la inminente liberación de 51 personas privadas de libertad, una medida que ha sido recibida con escepticismo por legisladores cubanoamericanos y organizaciones de derechos humanos. Estos sectores exigen la liberación incondicional de todos los presos políticos y advierten sobre la falta de transparencia en los procesos de excarcelación selectiva llevados a cabo por las autoridades de la isla.
A través de un comunicado oficial, el régimen de La Habana informó que la excarcelación se llevará a cabo \»en los próximos días\» como resultado de las \»estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano\». El texto gubernamental justifica la decisión bajo un supuesto \»espíritu de buena voluntad\» y la proximidad de las celebraciones religiosas de Semana Santa. Sin embargo, la nota omite detalles cruciales como los nombres de los beneficiados, los delitos imputados, las condiciones de la libertad o el calendario exacto de las salidas, generando dudas sobre los criterios selectivos empleados por el ejecutivo cubano.
La respuesta desde el exterior ha sido contundente. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar advirtió a la dictadura cubana que el tiempo se agota, exigiendo la salida del poder y la liberación de todos los presos políticos, bajo la advertencia de que podrían terminar \»en una celda\» al igual que el mandatario venezolano Nicolás Maduro. En la misma línea, el también congresista Carlos Giménez manifestó desde el Capitolio la exigencia de liberar a quienes calificó como presos políticos injustamente encarcelados en las prisiones de la dictadura.
Falta de transparencia y advertencias de la sociedad civil
El grupo de trabajo Justicia 11J ha alertado sobre los riesgos de un proceso opaco y condicionado. La organización subrayó que cualquier excarcelación debe garantizar la libertad plena de quienes fueron encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales, además de revisar los juicios amañados que violaron el debido proceso. Esta exigencia cobra mayor relevancia tras la audiencia reciente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala, donde se documentaron las vulneraciones sistemáticas en el sistema penal cubano y se cuestionó la arbitrariedad de los indultos selectivos sin participación de las familias o la sociedad civil.
El anuncio del gobierno cubano se enmarca en una práctica recurrente de gestos diplomáticos destinados a aliviar la presión internacional, sin abordar el colapso estructural que atraviesa la isla. La medida remite directamente al anuncio de enero de 2025, cuando las autoridades de la isla prometieron liberar gradualmente a 553 presos tras gestiones del Vaticano, coincidiendo con un alivio de sanciones por parte de la administración estadounidense. Aunque el MINREX presume de haber indultado a miles de reclusos en la última década, no ofrece datos que distingan entre presos comunes y víctimas de la represión política.
La opacidad en este nuevo proceso de excarcelaciones refleja la naturaleza de un sistema que instrumentaliza la justicia para fines propagandísticos. Mientras la dictadura cubana mantenga el control absoluto sobre la información y continúe criminalizando la disidencia, las liberaciones puntuales no representan un avance democrático real. La comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos mantienen su mirada puesta en La Habana, exigiendo garantías reales de que estos beneficios no sean una mera cortina de humo para ocultar la persistente crisis social, económica y de libertades que sigue azotando a la ciudadanía.
