Un recluso de la prisión camagüeyana de máximo rigor Kilo 8 denunció que personal militar del penal le impidió recibir alimentos básicos y artículos de aseo personal, alegando excusas arbitrarias y recurriendo al menosprecio ante sus reclamaciones. José Ricardo González Alfonso, recluido desde 2004, reportó que la medida obedece a la precariedad y el abuso sistemático que impera en el sistema carcelario bajo la administración del Estado cubano.
Según relató el propio González Alfonso mediante una llamada telefónica desde el centro penitenciario, durante la visita familiar del pasado 24 de diciembre, una militar sin identificación le prohibió el ingreso de gofio, pinol, azúcar y ocho rollos de papel sanitario. Aunque estos productos están permitidos por el reglamento penitenciario, la guardia argumentó que era \»mucha cantidad\», a pesar de tratarse de una simple bolsa de cada alimento. Al exigir el recluso que se le mostrara la norma que sustentaba la confiscación, la uniformada se negó a hacerlo y le espetó que debía \»pasar hambre\».
El recluso, natural del municipio Majagua en Ciego de Ávila, se encuentra a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que limita las visitas familiares a una cada tres meses. Esta distancia hace que las provisiones retenidas no sean excesivas, sino estrictamente necesarias para paliar la deficiente alimentación que recibe la población penal. González Alfonso detalló que la dieta en Kilo 8 se reduce a escasas cucharadas de arroz, un caldo aguado y una pasta en mal estado elaborada con harina. En cuanto al papel sanitario, las autoridades de la isla justifican su ausencia en las celdas echando la culpa al embargo estadounidense, una práctica habitual del régimen de La Habana para escudar su ineficiencia administrativa.
La indiferencia institucional ante el abuso quedó evidenciada cuando el recluso elevó su queja al jefe de unidad, el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, quien se limitó a escuchar la denuncia con rostro inexpresivo, sin ofrecer respuesta o solución alguna. Esta no es la primera vez que González Alfonso enfrenta este tipo de hostigamiento; en mayo del año pasado, junto al preso político Alieski Calderín Acosta, denunció una prohibición similar que, en aquella ocasión, también afectó a otros reclusos del penal.
El colapso del sistema penitenciario y la represión
El caso de Kilo 8 es un reflejo del deterioro estructural que sufre el sistema carcelario bajo el control de la dictadura cubana. La escasez de recursos básicos, la malnutrición y la falta de condiciones mínimas de higiene se entrelazan con un modelo punitivo basado en la arbitrariedad y el maltrato psicológico. González Alfonso, de 43 años y ayudante de albañil por cuenta propia, cumple una condena de 40 años por un supuesto delito de asesinato que asegura no haber cometido, siendo trasladado constantemente por diferentes prisiones del país hasta llegar a la instalación camagüeyana.
Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en las prisiones cubanas continúan sin encontrar eco en los tribunales de la isla, evidenciando la total ausencia de mecanismos de control sobre las fuerzas represivas. Mientras el gobierno cubano mantiene su discurso de victimización en foros internacionales, en el interior de los penales la vida de cientos de reclusos pende de la voluntad arbitraria de los militares y de la capacidad de sus familias para sortear las restricciones impuestas por el régimen.
