La Junta de Gobierno Local de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado una subvención de más de 30.000 euros para dos ONG que operan en la isla, una decisión que contrasta con el silencio oficial ante el impago masivo del gobierno cubano a cientos de empresas españolas. La falta de mecanismos de control independiente en la isla pone en duda la trazabilidad real de estos fondos en un entorno de crisis sistémica.
El consistorio español destinó 23.500 euros a la Asociación Sodepaz para el «fortalecimiento de las comunidades energéticas en las comunidades rurales de la provincia de Santiago de Cuba». Adicionalmente, Medicuba España recibirá 9.500 euros para la «puesta en servicio de un centro policlínico en la localidad de Báguanos, en la provincia de Holguín».
Aunque los proyectos serán ejecutados a través de organizaciones no gubernamentales españolas y no de forma directa por el gobierno cubano, la realidad operativa en la isla impone serias dudas sobre la transparencia. En un país donde no existe libertad de prensa ni instituciones independientes que fiscalicen la gestión de recursos, garantizar el uso adecuado de cada euro desembolsado resulta una quimera.
La donación se produce en medio de una grave crisis financiera bilateral, marcada por los impagos sistemáticos de las autoridades de la isla a exportadores españoles. Mientras el Ayuntamiento de Rivas canaliza fondos hacia infraestructuras médicas y energéticas controladas por el aparato estatal, decenas de empresas españolas permanecen sin cobrar por suministros ya entregados, muchos de ellos de carácter humanitario.
El abismo de la deuda comercial del régimen cubano
La organización empresarial Foment del Treball, principal patronal catalana, ha advertido recientemente sobre la crítica situación financiera derivada de la morosidad del ejecutivo cubano. Según la entidad, el monto de la deuda impagada supera los 350 millones de euros y afecta a cerca de 300 compañías españolas, una cifra que se ha ido acumulando de manera alarmante desde 2018.
El impacto de estos impagos ha sido devastador para el tejido empresarial español. La patronal catalana ha alertado de que más de un 15% de las compañías afectadas han tenido que cesar su actividad o han cerrado definitivamente, lo que conlleva un impacto directo y severo sobre el empleo en España. «La falta de respuesta efectiva a este conflicto podría tener graves consecuencias económicas, tanto para las empresas españolas afectadas como para las relaciones comerciales bilaterales con Cuba», señaló la organización.
La magnitud del problema trasciende el ámbito privado y ha llegado a las instituciones españolas. En declaraciones ante el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ismael Arroyo, reconoció que el monto de la deuda superaba los 300 millones de euros. Estos impagos están concentrados en operaciones de exportación hacia la isla, en sectores tan sensibles y clave para la población como la sanidad y la alimentación.
El impacto geográfico de la deuda también es notable. Más del 40% de las compañías perjudicadas tienen su sede en Cataluña, una región que históricamente ha mantenido fuertes y profundos lazos comerciales con Cuba. Ante esta situación, la «Plataforma de afectados por los impagos del Gobierno cubano», creada por Foment en 2023, ha insistido reiteradamente en la necesidad de activar mecanismos de compensación estatal para evitar el colapso definitivo del tejido exportador.
Contexto: La crisis estructural y el control absoluto del Estado
Para entender la paradoja de enviar ayudas a un país que no paga sus deudas comerciales, es indispensable observar el colapso estructural que sufre la isla. Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, caracterizada por una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de bienes básicos y un colapso total del sistema eléctrico nacional. Las provincias orientales, como Santiago de Cuba y Holguín, son de las más castigadas por los apagones prolongados y la falta de medicamentos en los centros de salud.
Sin embargo, las causas de este descalabro no son externas, sino producto de la ineficiencia del modelo económico centralizado impuesto por la dictadura cubana. La falta de libertades económicas, la prohibición a los ciudadanos de operar empresas medianas o grandes, y la militarización de la economía impiden cualquier desarrollo sostenible. En este contexto, los proyectos de «comunidades energéticas» o la reparación de policlínicos son parches temporales que el régimen utiliza para aliviar la presión social sin abordar las causas raíz de la crisis.
El sector de la salud, uno de los beneficiarios de esta donación a través de Medicuba España, es un claro ejemplo del deterioro institucional. A pesar de ser uno de los pilares propagandísticos del gobierno cubano, el sistema sanitario ha colapsado bajo el peso de la falta de insumos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria y la fuga masiva de personal médico debido a los bajos salarios y las pésimas condiciones de vida. Las misiones médicas internacionalistas, que generan cuantiosos ingresos para el Estado, han dejado vacíos en la atención primaria dentro de la isla, profundizando la crisis en policlínicos como el de Báguanos.
De igual manera, el sector energético en las zonas rurales de Santiago de Cuba sufre no solo por la obsolescencia de las redes, sino por la incapacidad del ejecutivo cubano para diversificar sus fuentes de generación y distribuir equitativamente los escasos combustibles disponibles. Las comunidades rurales son las últimas en recibir atención estatal y las primeras en sufrir los cortes de electricidad, lo que agrava el éxodo migratorio hacia las ciudades y hacia el extranjero. Inyectar fondos en estos sectores sin un control real de su ejecución final supone, en la práctica, suplir funciones que corresponden al Estado, el cual desvía sus propios y escasos recursos hacia otras prioridades del aparato represivo o de la cúpula militar.
Implicaciones y necesidad de condicionalidad democrática
Además, la naturaleza autoritaria del sistema impide que la cooperación internacional tenga el impacto y la transparencia esperados. Organismos como Medicuba España y Sodepaz defienden su labor humanitaria, pero sus proyectos operan inevitablemente dentro de un entorno controlado por el Estado, donde la participación ciudadana independiente y la fiscalización externa son nulas. La dictadura cubana mantiene un control absoluto sobre las infraestructuras, el acceso a las comunidades y la distribución de cualquier recurso, lo que permite al poder político instrumentalizar la ayuda extranjera a su antojo.
La decisión del Ayuntamiento de Rivas, aunque estrictamente legal y enmarcada en una legítima política de solidaridad internacional, abre un debate necesario sobre la responsabilidad de las administraciones públicas europeas al destinar fondos a países autoritarios. Inyectar recursos, por mínimos que sean, en un sistema que no rinde cuentas y que simultáneamente estrangula a empresas del propio país donante, evidencia una incoherencia en la política exterior y de cooperación.
Ante la gravedad de la crisis migratoria, la represión social y el colapso institucional en la isla, la comunidad internacional y, en particular, los gobiernos locales y nacionales de España, deben replantearse los mecanismos de ayuda. Exigir condicionalidad en materia de derechos humanos, transparencia financiera y respeto a la propiedad privada debería ser un requisito ineludible. Mientras el régimen de La Habana no asuma la responsabilidad de sus impagos y no permita la fiscalización independiente de los recursos, la cooperación internacional corre el riesgo de ser cómplice, de manera indirecta, del sostenimiento de un sistema que oprime a su propia población y desprecia sus compromisos comerciales.
