El gobierno boliviano presentó una denuncia penal contra seis exautoridades de la aerolínea estatal BoA por pérdidas que superan los 18 millones de bolivianos en la ruta a Cuba. El caso destapa no solo la presunta mala gestión en La Paz, sino también la necesidad de recurrir al mercado negro y transportar efectivo físico para operar en la isla.
El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia detalló que la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) mantuvo operaciones hacia La Habana entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 sin contar con un informe de viabilidad que respaldara la rentabilidad de la ruta. Según explicaron el ministro Mauricio Zamora y el viceministro de Transparencia, Yamil García, se destinó un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros a una conexión que registró ocupaciones ínfimas, viajando en algunas ocasiones con apenas 11 o 22 pasajeros, lo que generó un descalabro inicial de 14,4 millones de bolivianos por asumir el costo de los asientos vacíos.
El mercado negro y el efectivo físico: el costo de hacer negocios con La Habana
El escrutinio de la auditoría reveló un aspecto especialmente sensible sobre la operativa financiera en territorio cubano. Para cubrir los pagos de los servicios de la aeronave en La Habana, BoA se vio obligada a adquirir divisas en el mercado paralelo, pagando hasta 17,5 bolivianos por dólar cuando la tasa de referencia era de 6,96. Además, se contrataron intermediarios financieros que cobraron un 10% adicional por las operaciones. El viceministro García confirmó que el dinero era transportado en efectivo físico hasta la isla, al margen del sistema bancario internacional, una práctica irregular que elevó las pérdidas en cuatro millones de bolivianos adicionales.
Estas anomalías financieras son un reflejo directo del aislamiento y la opacidad que caracterizan a las autoridades de la isla. La imposibilidad de realizar transacciones bancarias normales en Cuba obliga a empresas extranjeras a someterse a mecanismos turbios y a lidiar con la profunda distorsión cambiaria que sufre la economía nacional. El colapso estructural del sistema financiero cubano contamina cualquier intento de comercio exterior, evidenciando cómo la crisis de la isla traslada sus deficiencias a los socios comerciales.
Las denuncias penales por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes ya están en manos del Ministerio Público boliviano, con citaciones expedidas para los investigados. Sin embargo, el caso trasciende las fronteras de Bolivia y pone sobre la mesa los riesgos sistémicos de mantener lazos comerciales con el ejecutivo cubano. La falta de transparencia institucional y el descrédito bancario de la dictadura en La Habana convierten cualquier operación estatal en un agujero negro financiero, donde la ausencia de controles democráticos y la crisis económica terminan perjudicando también a los erarios públicos de sus aliados.
