Ciudadanos en varias provincias de Cuba reportan un aumento alarmante de síndromes febriles, confirmando que el brote inicialmente localizado en Matanzas se ha expandido a territorios como La Habana y Holguín. La crisis sanitaria se agrava ante la escasez crónica de medicamentos, la acumulación de basura y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades de la isla, que mantienen un hermetismo informativo sobre la real dimensión de los contagios.
Tras los reportes iniciales en municipios matanceros como Martí, Perico, Colón y Cárdenas, la ciudadanía ha comenzado a alertar a través de redes sociales que el panorama apunta a una crisis a nivel nacional. Testimonios de residentes en la capital y en el oriente del país confirman la presencia de un cuadro viral caracterizado por fiebre alta y dolores intensos que mantienen a los pacientes incapacitados por varios días. La percepción general en la población es que el sistema de salud pública, otrora utilizado como referente internacional por el régimen de La Habana, se encuentra colapsado e incapaz de contener la propagación de la enfermedad.
La proliferación de mosquitos transmisores de arbovirus encuentra un caldo de cultivo ideal en el deterioro de la infraestructura sanitaria de la isla. La acumulación de desechos sólidos en las calles, el agua estancada debido a los constantes cortes en el suministro y la nula eficacia de las campañas de fumigación son consecuencia directa de la inoperancia del gobierno cubano. A esto se suma la crisis estructural de desabastecimiento, que obliga a las familias a adquirir medicamentos básicos en el mercado negro a precios exorbitantes, imposibilitando el tratamiento adecuado de los enfermos, especialmente niños y ancianos.
Hermetismo oficial ante el avance epidemiológico
Aunque las autoridades sanitarias han reconocido de manera tangencial la circulación activa de los serotipos 3 y 4 del dengue en Matanzas, así como la posible llegada del serotipo 2 presente en otras provincias, la dictadura cubana ha omitido ofrecer datos oficiales sobre la magnitud de la crisis fuera de esa región. Esta política de opacidad informativa impide a la población tomar medidas preventivas adecuadas y refleja la habitual falta de rendición de cuentas del ejecutivo cubano frente a emergencias que amenazan la vida de los ciudadanos.
El avance de este brote febril amenaza con profundizar aún más la ya crítica situación social de la isla. Mientras la inacción persiste y los servicios públicos continúan en ruinas, la ciudadanía enfrenta la epidemia en un estado de total indefensión. La falta de voluntad política para declarar una emergencia sanitaria transparente no solo compromete la salud de millones de cubanos, sino que evidencia, una vez más, la desconexión total entre el poder y las necesidades básicas del pueblo, augurando un escenario de mayor mortalidad y desesperación si no se revierte la situación.
