La activista cubana Dayana Herrera denunció el abandono institucional y la penuria médica que enfrenta su familia en La Habana, evidenciando el colapso total del sistema de salud pública en la isla. Su madre, diagnosticada con epilepsia, y su esposo, un exprisionero político que contrajo tuberculosis durante su encierro, se encuentran en estado crítico ante la imposibilidad de acceder a tratamientos básicos, cirugías urgentes y atención hospitalaria adecuada.
La situación de Daineris Morales Carbó, madre de Herrera, ilustra la desesperación de miles de cubanos ante el desabastecimiento absoluto de medicinas. La mujer padece crisis epilépticas diarias que se han intensificado por la falta de fármacos anticonvulsivos. Recientemente, sufrió una severa convulsión en plena vía pública, en la intersección de la Virgen del Camino, un episodio que le provocó múltiples fracturas en el hombro, el codo y los dedos al caer al pavimento sin control.
Tras el accidente, los intentos de buscar ayuda médica se convirtieron en un peregrinario frustrante por centros hospitalarios inoperantes. En el Hospital Miguel Enríquez, conocido como La Benéfica, las autoridades de la isla informaron a la familia que no existían recursos ni insumos quirúrgicos para realizar la operación que requería la paciente, detallando que otros ciudadanos llevan hasta dos meses en lista de espera sin recibir solución. La búsqueda de alternativas en el Hospital Ortopédico Frank País resultó igualmente infructuosa: la falta de equipos básicos de diagnóstico, como placas de rayos X y el somatón, imposibilitó cualquier evaluación o intervención médica.
Actualmente, la paciente permanece confinada en su domicilio con un simple vendaje en el brazo, sin la colocación de yeso ni acceso a analgésicos para mitigar el intenso dolor de sus fracturas. La ausencia de respuesta por parte del sistema de salud obliga a la familia a asumir el cuidado paliativo en casa, en medio de una profunda indefensión.
Su mamá convulsiona sin medicinas y su esposo no tiene tratamiento
Negligencia carcelaria y represión médica
El drama de la familia Herrera se agrava con el caso del esposo de la activista, un exprisionero político cuya identidad se ha protegido por motivos de seguridad. El joven contrajo tuberculosis durante su estancia en prisión, un hecho directamente atribuible a las precarias condiciones carcelarias y a la negligencia médica del régimen de La Habana. Durante su reclusión, solicitó reiteradamente atención tras presentar síntomas respiratorios y fiebres altas, pero su pedido fue ignorado por más de un mes.
Solo cuando su estado de salud se tornó crítico fue trasladado a una unidad de terapia intensiva. La falta de medicación durante su encierro ha dejado secuelas severas, incluyendo una infección pulmonar no identificada que los propios médicos no logran diagnosticar pese a haber realizado múltiples exámenes clínicos. A esta grave condición se suma la interrupción de su tratamiento contra la tuberculosis. Tras concluir el primer ciclo de medicación prescrito por la comisión médica, el paciente lleva un mes esperando el segundo ciclo, lo que compromete gravemente su recuperación y pone en riesgo inminente su vida.
El caso de este exprisionero evidencia cómo la dictadura cubana utiliza la privación de atención médica como una herramienta de tortura y represión silenciosa contra los presos políticos y de conciencia. Las cárceles en la isla se caracterizan por el hacinamiento, la mala alimentación y la ausencia de protocolos sanitarios, convirtiéndose en focos de enfermedades infecciosas. La negación sistemática de tratamiento médico a opositores constituye una grave violación de los derechos humanos que ha sido ampliamente documentada por organizaciones internacionales.
La crisis estructural del sistema sanitario cubano
Los testimonios de la familia Herrera no son hechos aislados, sino el reflejo del colapso estructural del sistema de salud pública cubano. Durante décadas, el gobierno cubano ha ostentado el sistema sanitario como uno de sus principales logros propagandísticos a nivel internacional. Sin embargo, la realidad actual muestra una infraestructura deteriorada, sin mantenimiento, con techos hundidos y carente de los insumos más elementales. La falta de antibióticos, analgésicos, anestésicos y equipos de diagnóstico ha convertido la atención médica de calidad en un privilegio inalcanzable para la mayoría de la población.
Esta debacle sanitaria está intrínsecamente ligada a la profunda crisis económica que atraviesa el país. La inflación galopante, la caída de las exportaciones tradicionales y la falta de liquidez para importar bienes básicos han dejado a las farmacias y hospitales en estado de abandono. A esto se suma el masivo éxodo de profesionales de la salud, quienes han emigrado buscando mejores condiciones laborales y de vida, dejando al sistema sin el personal suficiente ni especializado para atender las emergencias cotidianas y las enfermedades crónicas.
Históricamente, la red hospitalaria cubana dependía en gran medida de importaciones subsidiadas y de acuerdos internacionales que hoy se han reducido drásticamente. La falta de previsión del ejecutivo cubano y su incapacidad para diversificar la economía han derivado en un escenario donde enfermedades que estaban controladas, como la tuberculosis, reaparecen con fuerza en sectores vulnerables, incluida la población carcelaria, sin que exista un plan efectivo de contención.
Consecuencias y abandono institucional
La tragedia de Dayana Herrera y su familia resume el desamparo absoluto en el que se encuentra la ciudadanía. Mientras las autoridades de la isla minimizan la crisis o atribuyen la responsabilidad exclusivamente a factores externos, las personas continúan sufriendo discapacidades evitables e incluso la muerte por la simple ausencia de una pastilla, un yeso o una operación rutinaria. La falta de transparencia en la gestión de los recursos destinados a la salud pública profundiza la desconfianza de los cubanos en sus instituciones.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención urgente a la crisis humanitaria que se desarrolla en silencio dentro de los hospitales y prisiones de Cuba. La falta de medicinas y el colapso sanitario no son solo una tragedia de salud pública, sino una consecuencia directa de la falta de libertades y de un modelo político que prioriza el control ideológico sobre el bienestar, la dignidad y la vida de sus ciudadanos.
