El régimen de La Habana enfrenta una de las peores crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras la salida simultánea de varias plantas de generación que dejaron un déficit cercano a los 1.900 megavatios (MW), sumiendo en la oscuridad a más de la mitad del territorio nacional y evidenciando el fracaso de la gestión estatal en el sector.
El ministro de Energía y Minas, Vicente De La O Levy, calificó la situación como \»una falla excepcional que nunca nos había ocurrido\», tras la desconexión repentina de tres plantas de generación. El funcionario reconoció que esta salida intempestiva retiró del sistema más de 270 MW instantáneamente, agravando una baja disponibilidad que ya padecía la red eléctrica nacional y que mantiene a la isla en un estado de emergencia permanente.
De acuerdo con informes de la Unión Eléctrica (UNE), la emergencia eléctrica se mantiene con cortes que afectan al 57,6% del territorio. Para el horario de mayor consumo, la demanda estimada alcanzará los 3.300 MW, frente a una disponibilidad real de apenas 1.470 MW. Este desequilibrio estructural genera un déficit de 1.830 MW, lo que se traduce en apagones que superan las 20 y 30 horas diarias en las provincias orientales, mientras que en La Habana los cortes alcanzan hasta 10 horas al día.
Infraestructura obsoleta y parálisis del sistema
Actualmente, diez unidades termoeléctricas se encuentran fuera de servicio debido a averías, incluyendo la unidad 2 de Felton, las unidades 5 y 8 de Mariel, la 5 de Nuevitas y las 3, 5 y 6 de Renté. A esto se suman los mantenimientos prolongados en las unidades 1 y 2 de Santa Cruz y la 4 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. El estado de estas instalaciones refleja el deterioro de una infraestructura que el gobierno cubano ha sido incapaz de modernizar durante décadas.
La crisis energética no es un evento aislado, sino la culminación de años de mala gestión y falta de planificación por parte de las autoridades de la isla. La escasez crónica de combustibles y lubricantes, sumada a la paralización de decenas de motores de generación distribuida, se entrelaza con el colapso generalizado de la economía. Inflación galopante, desabastecimiento de alimentos y un éxodo migratorio sin precedentes conforman el escenario donde la población debe sobrevivir sin acceso a un servicio básico esencial.
Ante la incapacidad de la dictadura cubana para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico, las consecuencias sociales y económicas se profundizan de manera acelerada. El descontento ciudadano crece en medio de un contexto de represión y falta de libertades, mientras la comunidad internacional observa cómo la falta de control democrático y la ineficiencia institucional empujan al país hacia un colapso total de sus servicios públicos, con un futuro inmediato que se antoja aún más sombrío para los ciudadanos.
