La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó un déficit de generación que provocará apagones simultáneos en el 40% del territorio nacional, especialmente durante las horas de mayor consumo. La falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura energética, gestionada de manera ineficaz por el gobierno cubano, sumerge a la isla en una crisis recurrente que exacerba el colapso económico y el descontento social.
Según los reportes oficiales, la capacidad máxima de generación disponible asciende a 2.155 megavatios (MW), frente a una demanda estimada de 3.450 MW. Esto genera un faltante de 1.295 MW y una afectación prevista de 1.365 MW. Mientras en varias provincias los cortes superan las 20 horas diarias, en La Habana oscilan entre seis y más de diez horas, evidenciando la incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar un servicio básico y esencial para la vida cotidiana.
Ante la publicación de estos datos, la frustración de la población ha quedado al descubierto. Los ciudadanos cuestionan la credibilidad de los reportes de la UNE, denunciando una profunda desconexión entre las cifras oficiales y la realidad cotidiana. \»En Artemisa dicen que casi no hay déficit, pero ayer estuvimos 13 horas sin corriente\», señaló un usuario, reflejando el escepticismo generalizado hacia una burocracia que intenta maquilar la magnitud del desastre. Otros cubanos lamentan la repetición constante del mismo ciclo de averías en plantas clave como Nuevitas y Mariel, ante la nula previsibilidad del sistema.
Una crisis estructural y crónica
El ejecutivo cubano atribuye la situación a la obsolescencia de las centrales termoeléctricas, que operan con décadas de explotación y escaso mantenimiento, sumada a la falta de combustible por problemas financieros para las importaciones. Sin embargo, especialistas independientes señalan que el sistema eléctrico, bajo control estatal absoluto desde 1959, sufre de infrafinanciación crónica. Se estima que se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para su modernización, un capital inalcanzable para un Estado que ha priorizado el aparato represivo y el control político sobre el desarrollo de la infraestructura nacional.
Este colapso energético no es un evento aislado, sino el síntoma de una crisis estructural más profunda. En los últimos meses, Cuba ha experimentado cuatro apagones de alcance nacional, incluyendo uno a finales de junio que dejó sin servicio a más de la mitad del país por un déficit de 1.907 MW. Esta situación se suma a la contracción económica del 1,1% registrada recientemente, acumulando una caída del 11% en los últimos cinco años, y profundiza la asfixia económica de la población.
El deterioro continuo de los servicios públicos, combinado con la inflación galopante y el desabastecimiento, alimenta un descontento social que la dictadura cubana intenta silenciar mediante la represión, la persecución y la censura. Ante la imposibilidad del régimen de La Habana para ofrecer soluciones reales y garantizar el mínimo bienestar, la ciudadanía se enfrenta a un futuro sombrío, donde la falta de electricidad se consolida como el detonante de protestas esporádicas y del masivo éxodo migratorio que sigue vaciando a la isla.
