Las autoridades de la isla suspendieron temporalmente los enterramientos en el cementerio Vicente García, principal camposanto de la ciudad de Las Tunas, debido al agotamiento total de su capacidad. La medida, que afecta directamente a las familias en duelo, evidencia el profundo deterioro de los servicios básicos y la inoperancia del gobierno cubano para gestionar la infraestructura pública.
La subdirectora municipal de Servicios Necrológicos, Dulce María Zayas Rodríguez, reconoció que el problema se arrastra desde hace ocho años sin una solución definitiva. La crisis se agravó de forma significativa entre noviembre y diciembre, cuando el registro de fallecimientos superó el promedio habitual, alcanzando entre ocho y nueve muertes diarias. Ante la imposibilidad de recibir más cuerpos, el ejecutivo cubano ha trasladado de manera provisional los entierros al cementerio de Becerra, una alternativa tardía frente a la saturación del sistema funerario.
A la falta de espacio se suma la ausencia de un crematorio en la provincia, la única en el país que no cuenta con esta instalación. Danicely Velázquez Martínez, subdirectora provincial, detalló que la obra del incinerador está prácticamente paralizada tras sufrir robos que desmantelaron parte de la infraestructura civil, incluyendo la sustracción de la caldera. El proyecto, que en su momento alcanzó un 47 % de ejecución, retrocedió a un escaso 15 %, evidenciando el descontrol institucional y la incapacidad del régimen de La Habana para proteger las obras públicas y garantizar su culminación.
Una crisis de dimensiones nacionales
El colapso del camposanto tunero no es un hecho aislado, sino un reflejo del abandono sistemático que sufre la infraestructura social en toda la nación. Cementerios en Camagüey, Holguín y el emblemático Cementerio de Colón en La Habana presentan situaciones igual o más críticas. En la capital, investigaciones periodísticas independientes han documentado restos óseos y pertenencias personales mezclados con escombros, un panorama dantesco que la censura oficial intenta invisibilizar. Esta crisis funeraria se entrelaza con el deterioro generalizado del sistema de salud, la inflación y el colapso de los servicios, factores que agravan la calidad de vida y empujan a miles de cubanos al éxodo migratorio.
La incapacidad para garantizar un servicio tan básico como el descanso final de los difuntos subraya la profunda descomposición del modelo estatal. Mientras la dictadura cubana prioriza el gasto en el aparato represivo y el mantenimiento del poder, la población enfrenta el desamparo incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. La falta de financiamiento para ampliaciones en Puerto Padre y Jesús Menéndez augura que la crisis funeraria continuará profundizándose, dejando a las familias a merced del infortunio y la negligencia institucional.
