Organizaciones feministas independientes han documentado 346 feminicidios en Cuba desde 2019, una cifra que incluye 31 casos en lo que va de 2026. El escalofriante recuento, que casi duplica los registros del mismo período del año anterior, se conoció tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Yohanka Acosta Rodríguez en el céntrico Parque 23 y Paseo de La Habana, presuntamente a manos de su expareja.
El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) confirmó este lunes la muerte violenta de Acosta Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado en la madrugada del 4 de junio. Este crimen se suma a un acelerado registro anual: en poco más de cinco meses, los feminicidios de 2026 ya equivalen al 62,5% del total de 48 casos documentados durante todo el año 2025. La tendencia alarmante contrasta con los 16 casos reportados en igual lapso del año precedente.
El recuento histórico, elaborado por el OGAT y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), expone un crecimiento irregular de la violencia machista en la isla: 16 casos en 2019, 33 en 2020, 36 en 2021, otros 36 en 2022, un pico de 90 en 2023, 56 en 2024 y 48 en 2025. Las organizaciones advierten que estas cifras constituyen un subregistro verificable, ya que el monitoreo se realiza a través de redes sociales, medios independientes y testimonios familiares, ante la absoluta carencia de estadísticas oficiales públicas y desagregadas por parte del Estado.
El silencio institucional y la crisis de seguridad
El informe anual de OGAT correspondiente a 2025 revela que la mayoría de estos crímenes ocurren en el ámbito doméstico y afectivo. De los 48 casos verificados el año pasado, el 83,3% fueron cometidos por parejas o exparejas, y el 93,8% de las víctimas conocían a su agresor. La Habana encabezó la lista territorial con nueve feminicidios, seguida por Holguín, Camagüey, Granma y Matanzas. La inacción del régimen de La Habana frente a la violencia de género es evidente: mientras las plataformas independientes luchan por visibilizar estas tragedias, las autoridades de la isla se limitan a publicar datos judiciales fragmentados que no reflejan la urgencia ni la magnitud del problema en tiempo real.
La falta de políticas públicas eficaces, la impunidad y el colapso del sistema de justicia agravan la vulnerabilidad de las mujeres cubanas. La dictadura cubana no solo omite su responsabilidad de proteger a las ciudadanas, sino que obstaculiza el acceso a datos transparentes que permitan diseñar estrategias de prevención. Ante este panorama, la sociedad civil exige una respuesta inmediata y el cese de la censura sobre las cifras de violencia, mientras la comunidad internacional observa con preocupación cómo la crisis de derechos humanos en Cuba se cobra cada vez más vidas femeninas en la más absoluta indiferencia oficial.
