El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) documentó el asesinato de Yeni María Peñas Leyva a manos de su expareja en la cabecera provincial de Las Tunas, elevando a 42 los feminicidios verificados en la isla durante este año, una tragedia que evidencia la inacción del régimen de La Habana frente a la violencia de género.
La víctima, de 23 años, fue atacada en la noche frente a su vivienda en el barrio La Fabela, en la zona periurbana de la ciudad. Según fuentes cercanas consultadas por la organización independiente, Peñas Leyva podría haber estado embarazada y deja atrás dos hijos de corta edad. Este crimen se suma al de Yesneidys López Hernández, asesinada recientemente por su expareja en Güines, Mayabeque, lo que refleja un patrón letal que continúa cobrando vidas sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades de la isla.
El registro del OGAT expone una alarmante escalada de violencia letal contra las mujeres. En el primer semestre del año, el observatorio verificó 37 feminicidios, frente a los 18 contabilizados en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento superior al 100%. Además de los 42 asesinatos confirmados hasta el momento, la organización monitorea 19 intentos de feminicidio y mantiene bajo investigación otros posibles casos, una tragedia que el grupo de activistas resume con una denuncia contundente: \»¡Nos están matando!\».
Opacidad estatal y crisis estructural
El monitoreo de organizaciones independientes surge como una necesidad urgente ante la opacidad del gobierno cubano. La dictadura mantiene una ausencia total de estadísticas públicas, periódicas y desagregadas sobre violencia machista, obligando a la sociedad civil a suplir las deficiencias del Estado. Aunque el Código Penal vigente establece sanciones para los asesinatos motivados por violencia de género, el ejecutivo cubano se niega a tipificar el feminicidio como un delito autónomo y ha ignorado sistemáticamente las demandas ciudadanas para promulgar una ley integral que incluya refugios seguros, mecanismos de prevención y protección real para las víctimas antes de que los crímenes ocurran.
El incremento de los feminicidios no es un fenómeno aislado, sino un reflejo más del profundo colapso social, económico e institucional que atraviesa Cuba. Mientras la dictadura prioriza el aparato represivo y el control político, las mujeres quedan en total estado de desprotección ante una violencia estructural que el Estado no reconoce ni combate con políticas públicas serias.
La falta de rendición de cuentas y la inacción gubernamental auguran que, sin transformaciones profundas en el sistema y el establecimiento del estado de derecho, la tragedia seguirá azotando a las familias cubanas. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su mirada sobre la isla, exigiendo al régimen que asuma su responsabilidad y garantice el derecho a la vida y a la integridad de la mitad de su población.
