El legislador cubanoamericano Mario Díaz-Balart denunció la crítica situación del joven manifestante del 11J, Duannis León Taboada, quien se encuentra en el décimo día de huelga de hambre en la prisión del Combinado del Este, en La Habana. Díaz-Balart emitió una alerta mundial sobre el estado del prisionero de 27 años y responsabilizó a los actores internacionales que financian al gobierno de la isla de ser cómplices de la represión sistemática.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el congresista exigió la liberación incondicional de León Taboada, encarcelado injustamente por su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021, consideradas las más significativas en la isla desde 1959. El joven cumple una condena de 14 años de privación de libertad y, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, ha sido sometido a tratos crueles, golpizas y aislamiento dentro del penal, agravando un cuadro clínico que incluye una enfermedad renal previa.
La huelga de hambre, iniciada a mediados de este mes como medida de protesta y en solidaridad con otras madres de presos políticos, ha generado una creciente preocupación internacional por la integridad física del recluso. La dictadura cubana ha respondido a esta situación con un incremento de la hostigación hacia su familia. Su madre, Jenny Taboada, fue detenida bajo engaño cuando intentaba visitar a su hijo, siendo trasladada a una estación policial donde la interrogaron y amenazaron con imputarle el delito de \»instigación a delinquir\».
Impunidad y responsabilidad internacional
En sus declaraciones, Díaz-Balart arremetió contra la complicidad de aquellos que mantienen vínculos diplomáticos y económicos con las autoridades de la isla. \»Todos aquellos que continúan financiando al régimen asesino en Cuba, son también cómplices de la opresión y la brutalidad que este régimen autoritario ejerce contra su pueblo y contra Duannis y su madre\», afirmó el legislador, reiterando su postura a favor de aplicar mayores sanciones y restricciones al ejecutivo cubano.
El caso de León Taboada no es un hecho aislado, sino una muestra más de la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa la nación. A cuatro años de las manifestaciones del 11J, el régimen de La Habana mantiene una política de encarcelamiento sistemático para disuadir cualquier intento de disidencia social. Organismos como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han exigido que se garantice la vida del joven, en medio de un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento, la falta de atención médica y la violencia institucional.
La denuncia del congresista estadounidense pone de relieve la urgencia de que la comunidad internacional centre su atención en la crisis carcelera en Cuba. Mientras tanto, desde La Habana, voces como la de Jenny Taboada resuenan frente a la indiferencia oficial: \»Como madre, vivo aferrada a Dios para que me siga dando las fuerzas y para no derrumbarme. En Cuba no me lo permiten, no me permiten salvar a mi hijo\», manifestó la progenitora, sintetizando la impotencia de miles de familias afectadas por la política represiva del Estado.
