La esperanza de acceder a una vivienda digna en Cuba se ha desvanecido frente a una crisis sistémica que mantiene a la población atrapada entre salarios de subsistencia, inflación galopante y un mercado de materiales inaccesible. En provincias como Holguín, los ciudadanos denuncian que el esfuerzo diario apenas alcanza para comer, mientras que las políticas gubernamentales de subsidios se diluyen en un laberinto burocrático que ha registrado el peor indicador de construcción en la historia del programa estatal.
La imposibilidad de edificar o restaurar una casa es una constante en toda la isla. Roberto Pérez, residente en el reparto Vista Alegre de Holguín, resume la situación nacional: con los ingresos actuales, los cubanos apenas logran malcomer, por lo que la construcción ha dejado de ser un objetivo para convertirse en un lujo inalcanzable. Las cifras confirman esta percepción. Mientras el salario medio oficial oscila entre 6.506 y 6.649 pesos cubanos (CUP), observatorios independientes como el Food Monitor Program (FMP) estiman que una dieta mínima para dos adultos supera los 41.735 CUP mensuales. Bajo este esquema, el ingreso de un trabajador estatal no cubre ni una fracción de las necesidades básicas, dejando la adquisición de materiales de construcción fuera de cualquier lógica financiera familiar.
El abismo entre los salarios y los precios del mercado hace inviable cualquier proyecto habitacional. Lázaro Díaz Pérez, un maestro holguinero que reside en una vivienda en estado crítico, explica que su salario mensual de 4.800 pesos es insuficiente incluso para comprar un solo saco de cemento de 40 kilogramos, cuyo precio ronda los 7.000 pesos. \»Para comprar solo un saco de cemento tengo que trabajar casi dos meses y no comer. La cuenta no da\», señala Díaz, evidenciando cómo el régimen de La Habana ha empujado a sus profesionales a la indigencia material.
Un laberinto burocrático disfrazado de ayuda estatal
Frente a este colapso, las autoridades de la isla mantienen un programa de subsidios para la construcción y rehabilitación de viviendas, regulado por el Acuerdo 9072/2021, que destina hasta 188.560 CUP para una célula básica de 25 metros cuadrados. Sin embargo, la iniciativa es un fracaso rotundo. De los 3.069 subsidios previstos para 2025, apenas se ha culminado el 3%, marcando el peor indicador histórico del Programa de la Vivienda, según reconoció la propia Asamblea Nacional del Poder Popular. La burocracia estatal bloquea cualquier avance real, como lo experimenta Yanelis Rodríguez, quien recibió un subsidio en 2019 pero no ha podido ejecutarlo debido a exigencias absurdas, como la obligación de contratar albañiles con patentes, un trámite evitado por los trabajadores debido a los altísimos impuestos del gobierno cubano.
Esta parálisis en el sector de la vivienda es un reflejo directo del fracaso del modelo económico impuesto por la dictadura cubana. La falta de libertades para el emprendimiento real, sumada a la inflación incontrolable y el desabastecimiento crónico, ha transformado el derecho a un techo en una quimera. Mientras el deterioro del fondo habitacional del país se acelera y miles de familias viven en estructuras en riesgo de derrumbe, el éxodo migratorio continúa siendo la única vía de escape ante un sistema que no solo reprime políticamente, sino que condena a la ciudadanía a la supervivencia diaria más precaria.
