La organización no gubernamental Prisoners Defenders documentó un nuevo récord de 1.185 presos políticos en Cuba al cierre del mes de agosto, evidenciando la escalada represiva de la dictadura cubana contra la disidencia y la sociedad civil. El informe mensual revela un aumento sostenido en la criminalización de la oposición, en medio de la peor crisis estructural que atraviesa la isla en décadas.
El reporte elaborado por la entidad con sede en Madrid detalla que durante este período se sumaron 13 nuevos prisioneros políticos a la lista, mientras que se registraron cuatro bajas. Tres de estas corresponden a la culminación de sus condenas, y la cuarta se trata del destierro forzoso de la activista Aymara Nieto Muñoz. Según la documentación, Nieto Muñoz fue trasladada desde un centro de trabajos forzosos en La Habana directamente al aeropuerto, incomunicada y expatriada a República Dominicana sin posibilidad de comunicarse con sus familiares, una práctica habitual de las autoridades de la isla para silenciar a la oposición.
Los 13 nuevos casos documentados evidencian un patrón sistemático de persecución política impulsado por el régimen de La Habana. El análisis destaca que entre los nuevos reclusos figuran activistas, manifestantes pacíficos y ciudadanos comunes en situaciones de especial vulnerabilidad, quienes han sido sometidos a tratos crueles, golpizas y prolongadas detenciones cautelares sin tutela judicial efectiva. La fabricación de cargos y la imposición de penas extremadamente severas confirman el objetivo del poder de aniquilar cualquier forma de disidencia.
Salud en peligro y menores entre los reclusos
La situación dentro de las prisiones revela un cuadro de violaciones a los derechos humanos aún más alarmante. Prisoners Defenders alerta sobre 472 reclusos que padecen patologías médicas graves y 41 prisioneros con trastornos severos de salud mental, todos ellos carentces de atención médica o psiquiátrica adecuada. Además, la dictadura mantiene encarcelados a 33 menores de edad —30 de ellos cumpliendo sentencia y tres en proceso penal sin garantías procesales—, así como a 122 mujeres privadas de libertad por motivos estrictamente políticos.
Desde las protestas del 11 de julio de 2021, el gobierno cubano ha totalizado 1.882 presos políticos, consolidando un aparato de represión que opera con total impunidad. Este incremento de la violencia estatal se da en un contexto de profunda crisis sistémica en la isla, marcada por la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y el éxodo migratorio masivo. La criminalización del descontento social no solo refleja el miedo del régimen a la movilización ciudadana, sino que plantea un desafío urgente a la comunidad internacional para exigir la liberación incondicional de los presos de conciencia y el cese de las prácticas de destierro y tortura contra la población civil.
