Organizaciones independientes de defensa de los derechos de las mujeres confirmaron el asesinato de Diosdeisis Sandoval Dama a manos de su expareja en el barrio habanero de La Güinera, elevando a 41 los feminicidios verificados en lo que va de 2025, una cifra que refleja la profundidad de una crisis de violencia machista que el Estado cubano se niega a reconocer en su real dimensión.
Según la información publicada por el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), Sandoval Dama fue atacada el pasado 13 de noviembre dentro de su vivienda en el municipio Arroyo Naranjo. El agresor la arrastró hasta la vía pública, donde la dejó herida. Familiares intentaron socorrerla, pero la víctima no sobrevivió. La joven, trabajadora del hogar, era madre de una niña pequeña fruto de una relación anterior, quien queda ahora al cuidado de su padre.
El registro conjunto de ambas organizaciones contabiliza, desde el 1 de enero hasta la fecha, además de los 41 feminicidios, el asesinato de un hombre por motivos de género y 15 intentos de feminicidio. Los observatorios mantienen además tres casos pendientes de acceso a la investigación policial para determinar su clasificación definitiva, y advierten que investigan otros posibles crímenes feminicidas en Santiago de Cuba, Camagüey, Artemisa, Villa Clara y Granma, lo que indica que el número real podría ser sustancialmente mayor.
Opacidad oficial y ausencia de marco legal
La labor de verificación de OGAT y YSTCC se desarrolla en un entorno marcado por la criminalización del activismo feminista, el acceso restringido a fuentes institucionales y la inexistencia de una tipificación legal del feminicidio en el ordenamiento jurídico cubano. Desde 2019, ambas organizaciones han documentado al menos 300 feminicidios en la isla, un trabajo que el gobierno cubano no solo no reconoce, sino que obstaculiza mediante el silencio informativo y la negativa a facilitar datos oficiales de manera sistemática.
El régimen de La Habana evita sistemáticamente el término \»feminicidio\» y prefiere expresiones como \»asesinato por razones de género\» o \»violencia de género extrema\». En julio pasado, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad estatal, reportó que los procesos judiciales concluidos en 2024 registraron 76 mujeres cubanas mayores de 15 años asesinadas por razones de género. De estos, 55 fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima y 21 por otras personas conocidas. Sin embargo, el informe oficial omitió el término \»feminicidio\» y no ofreció datos desagregados con enfoque interseccional, limitando cualquier análisis serio del fenómeno.
Una crisis que la dictadura cubana se resiste a nombrar
La inexistencia de una ley integral contra la violencia de género, la falta de protocolos públicos de registro y la ausencia de estadísticas oficiales accesibles configuran un cuadro de negligencia institucional que agrava la vulnerabilidad de las mujeres en la isla. Mientras los colectivos independientes mantienen líneas de acompañamiento y mecanismos de verificación basados en denuncias ciudadanas y trabajo en territorio, la dictadura cubana mantiene su política de opacidad, que impide dimensionar la magnitud real de la violencia machista y bloquea cualquier respuesta estatal efectiva.
El caso de Diosdeisis Sandoval Dama se suma a una lista que no deja de crecer. Detrás de cada cifra hay una vida truncada, familias devastadas y menores huérfanas. La responsabilidad del gobierno cubano en esta crisis no se limita a la omisión: se extiende a la negación deliberada de un problema que, al no ser nombrado, tampoco es combatido. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su exigencia de que el Estado cubano adopte medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, pero hasta ahora esa demanda choca con el muro de inacción de un sistema que prioriza el control político sobre la vida de sus ciudadanas.
