La mayor parte de la isla permanece sin suministro eléctrico tras casi 48 horas del colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), provocado por la avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas. Mientras el ejecutivo cubano anuncia recuperaciones parciales, los ciudadanos denuncian que la oscuridad persiste en amplias zonas del país, evidenciando un desastre infraestructural que profundiza la precariedad de la población.
La Unión Eléctrica (UNE) y el primer ministro, Manuel Marrero, han intentado transmitir una imagen de control asegurando que se han restituido alrededor del 73 % de los circuitos en la capital y que se han recuperado 500 megavatios de generación. Sin embargo, los testimonios desde distintas provincias desmienten los partes oficiales. Residentes en Ciego de Ávila, Cienfuegos, Santa Clara y municipios habaneros como Centro Habana y El Cerro reportan más de 24 e incluso 42 horas continuas sin electricidad ni agua, lo que agrava la crisis humanitaria en la isla.
La indignación ciudadana ha estallado en redes sociales, donde los cubanos no solo cuestionan la veracidad de los informes gubernamentales, sino que exigen transparencia sobre el destino de los recursos y el petróleo destinados al sector energético. Ante la falta de respuestas y el favorecimiento de \»circuitos privilegiados\», la población acusa a las autoridades de la isla de someterlos a un desgaste físico y mental continuo. Esta gestión opaca y arbitraria es un reflejo más de la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
El colapso de un sistema obsoleto y sin mantenimiento
El apagón nacional no es un hecho aislado, sino la culminación de años de mala administración y falta de inversión por parte del gobierno cubano. Las plantas termoeléctricas, la mayoría con más de tres décadas de uso, operan al límite de su vida útil debido a un mantenimiento deficiente y la escasez crónica de combustible. Este colapso eléctrico se entrelaza con la inflación galopante, el desabastecimiento alimentario y el éxodo migratorio masivo, conformando un cuadro de fracaso sistémico que la dictadura cubana intenta ocultar tras discursos triunfalistas y la repetición constante de culpas externas.
El prolongado apagón deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad extrema, afectando la conservación de alimentos, el acceso al agua potable y la prestación de servicios de salud, a pesar de los reportes aislados de hospitales reconectados. La incapacidad del régimen de La Habana para revertir esta crisis energética no solo presagia un deterioro mayor en la calidad de vida de los cubanos, sino que también agudiza el malestar social y la presión internacional sobre un sistema político que demuestra, día a día, su absoluta inviabilidad.
