La Unión Eléctrica de Cuba confirmó que un déficit de generación superior a los 1.300 megawatts mantendrá sin servicio a gran parte de la isla este domingo, profundizando una crisis estructural que afecta crónicamente a la población y colapsa los servicios básicos.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una de sus peores coyunturas. Según el informe de la Unión Eléctrica (UNE), se pronostica un déficit de 1.370 megawatts (MW) durante el día y de 1.605 MW en el horario pico, lo que provocará cortes que afectarán a más del 40% del territorio nacional. Esta situación es el resultado directo de averías en varias unidades termoeléctricas y la paralización de 87 plantas de generación distribuida, así como cinco motores en la patana de Regla, debido a la aguda escasez de combustible.
En provincias del interior del país, las afectaciones pueden superar las 20 horas diarias, trastocando por completo la vida cotidiana. Las familias se ven obligadas a cocinar con leña e improvisar métodos para conservar alimentos perecederos. Los sectores más vulnerables, como personas mayores, infantes y pacientes con enfermedades crónicas, sufren directamente las consecuencias, viendo agravada la inseguridad alimentaria y el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios.
El colapso de una infraestructura obsoleta y la ineficiencia estatal
La crisis energética no es un fenómeno coyuntural, sino la manifestación del deterioro estructural de la isla. El régimen de La Habana ha demostrado una incapacidad sistemática para revertir la falta crónica de divisas, la dependencia de combustibles importados y el envejecimiento de la infraestructura generadora. Desde que los apagones masivos comenzaron a recrudecer hace varios años, la situación ha escalado de forma ininterrumpida, registrándose en lo que va de año al menos cuatro apagones nacionales que han dejado a la isla completamente a oscuras.
Ante el empeoramiento de la crisis, que en junio pasado alcanzó un déficit récord de 1.907 MW, la dictadura cubana ha optado por la censura y la desinformación, bloqueando el acceso libre a datos técnicos transparentes y reprimiendo cualquier manifestación de descontento social. La prolongación de este escenario energético augura un mayor deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos, amenazando con intensificar el éxodo migratorio y profundizando el aislamiento del país frente a la comunidad internacional.
