Un informe de la organización Archivo Cuba revela que el régimen de La Habana ha sometido durante tres décadas a un grupo de trabajadores en una refinería canadiense a un sistema de explotación laboral y control similar al aplicado en las misiones médicas internacionales, con confiscación de salarios y severas restricciones a su libertad de movimiento.
La investigación, liderada por María C. Werlau, detalla cómo el personal enviado a The Cobalt Refinery Company Inc. (COREFCO), en Alberta, es víctima de un mecanismo financiero que le arrebata la mayor parte de sus ingresos. Este esquema se originó en 1994 con la creación de Moa Joint Venture, un acuerdo comercial entre Sherritt International y la estatal CubaNíquel. Desde entonces, el gobierno cubano envía a Canadá a un reducido grupo de especialistas —seleccionados tras un riguroso filtro por su \»compromiso ideológico y político\»— para ocupar cargos directivos y técnicos en la refinería.
Según la documentación interna analizada, la empresa canadiense abona los salarios íntegros en territorio norteamericano, incluyendo deducciones de impuestos locales y beneficios de ley. Sin embargo, una vez recibido el pago neto, los trabajadores deben transferir mensualmente la mayoría de sus ingresos a Cuba a través de CubaNíquel. Las autoridades de la isla aplican un tipo de cambio arbitrario para estas transacciones, reteniendo hasta un 84,1 % del salario en el caso de los trabajadores sin familiares a cargo. Los fondos son enviados a una cuenta estatal en el Banco Financiero Internacional (BFI), dejando al empleado con un mínimo remanente para su subsistencia básica.
Control político y aislamiento en territorio extranjero
El control ejercido sobre estos empleados trasciende lo económico y se adentra en la represión sistemática característica de la dictadura cubana. Al llegar a Canadá, los trabajadores son sometidos a estrictas normas de conducta que les prohíben socializar o establecer relaciones sentimentales con residentes locales. Además, tienen vedada la posibilidad de salir de Fort Saskatchewan sin autorización expresa de la dirección cubana en la refinería, y siempre deben hacerlo en compañía de otro compatriota, configurando un claro escenario de trata laboral, vigilancia política y privación ilegítima de libertades.
Esta modalidad de exportación de capital humano bajo coacción no es un hecho aislado, sino una pieza fundamental del engranaje económico que sostiene al régimen frente a la profunda crisis estructural de la isla. La expropiación de salarios en el extranjero funciona como una válvula de escape para captar divisas frescas ante el colapso productivo, la hiperinflación y el desabastecimiento interno. Simultáneamente, el ejecutivo cubano blinda la lealtad ideológica de sus funcionarios mediante el chantaje y el control absoluto de sus recursos financieros.
Las revelaciones de este informe plantean serios interrogantes sobre la complicidad corporativa y la eficacia de las normativas laborales en países democráticos frente a los abusos de estados autoritarios. La exposición de este esquema de explotación obliga a la comunidad internacional y a las autoridades canadienses a revisar los marcos legales que permiten a la dictadura operar redes de trata laboral bajo el amparo de joint ventures comerciales, con graves implicaciones para los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos en el extranjero.
