La madre de uno de los jóvenes que intentó secuestrar una aeronave en 2007 para huir de la isla ha relatado la penosa situación de salud en la que se encuentra su hijo, confinado en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. El testimonio coincide con un informe jurídico de la organización Cubalex que alerta sobre un patrón sistemático de tortura y aislamiento prolongado que ha dejado al recluso en un estado de indefensión total.
Cuando María Victoria Sirut Reyes habla de su hijo, Leandro Cerezo Sirut, ya no describe al joven polímata que dominaba cinco idiomas y aspiraba a cursar estudios superiores en Turismo. Hoy, tras casi dos décadas de encierro, relata la realidad de un hombre de 38 años que ha perdido la capacidad de comunicarse, apenas puede caminar y depende por completo de otros reclusos para alimentarse o acercar un vaso de agua a sus labios. «No sé cómo sigue vivo», repite con angustia la madre, residente en Estados Unidos, en declaraciones a la prensa independiente.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras la publicación de un análisis jurídico por parte del Centro de Información Legal Cubalex. La organización no gubernamental denuncia que el preso ha sido sometido a tratos crueles, torturas y aislamiento extremo durante años por parte de las autoridades penitenciarias. Este maltrato sistemático habría provocado un deterioro físico y cognitivo severo, evidenciando una vez más la vulnerabilidad de los reclusos ante la falta de control institucional en el sistema carcelario de la isla.
El punto de inflexión en el estado de salud de Cerezo Sirut ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Hasta entonces, su madre mantenía contacto telefónico con él desde el extranjero. Sin embargo, tras quejarse públicamente porque su hijo estaba vomitando sangre, las autoridades de la prisión le retiraron el derecho a las llamadas y lo castigaron con el aislamiento total de su núcleo familiar. Durante ese periodo, la dirección del penal aseguró que el recluso realizaba una huelga de hambre, cuando en realidad su precario estado de salud le impedía alimentarse con normalidad.
Leandro Cerezo Sirut (Foto: Cortesía)
Las escasas visitas familiares autorizadas con posterioridad permitieron constatar una progresión devastadora. Sus hermanas y sobrinas, residentes en Camagüey, así como su madre cuando viajaba desde Estados Unidos, lo encontraban cada vez más demacrado. Un reeducador llegó a admitir que Leandro ni siquiera podía bañarse por sí solo y que era necesario llevarle el agua. Permaneció durante años en una celda de castigo, sin exposición al sol y con condiciones de higiene deplorables, llegando a bañarse apenas una vez al mes y perdiendo la movilidad por la falta de acceso al patio.
Represión y abusos en el penal de Kilo 8
La situación se agravó aún más cuando Sirut Reyes viajó a Cuba y fue sometida a vigilancia permanente por parte de la Seguridad del Estado. En medio de esa estancia, recibió la noticia de que su hijo había sido brutalmente golpeado por varios guardias penitenciarios. «Me dijeron que entre cinco guardias le dieron una paliza terrible y le habían partido la cabeza, le dieron 14 puntos y cinco en una pierna», relató la madre. Cuando la familia acudió al penal, únicamente permitieron la entrada a la madre, quien tampoco pudo verlo, sino que recibió amenazas directas para que abandonara el país de inmediato.
La impunidad de los actores del régimen de La Habana se hizo evidente cuando, un mes y medio después, otros familiares lograron visitarlo y comprobar las cicatrices en su cuerpo. Leandro, sin embargo, ya no podía explicar lo sucedido. Su madre describe su estado actual como el de una persona ausente, incapaz de hablar o de valerse por sí misma. Posteriormente, directivos de la prisión sugirieron que el nuevo Código Penal podría beneficiarlo, lo que llevó a la familia a contratar a dos abogadas en Camagüey. Sin embargo, según la denuncia, las abogadas cobraron elevadas sumas de dinero sin obtener resultados, y uno de los informes médicos presentados por la defensa falsificaba la realidad, asegurando que el preso gozaba de buena salud.
Intentó secuestrar un avión. Ahora su madre denuncia 19 años de torturas y abandono en prisión
Recientemente, tras salir a la luz denuncias contra un jefe de Orden Interior del penal identificado como «Primelles», el gobierno cubano trasladó a Leandro a un cubículo donde comparte espacio con Yoan Torres, uno de los jóvenes involucrados en los hechos de 2007, y otros dos reclusos. Torres ha asumido el cuidado diario de Cerezo Sirut, lo que ha permitido una leve mejoría en su aspecto. Asimismo, el director de la prisión autorizó a la familia a llevarle un almuerzo semanal. No obstante, el recluso continúa sin hablar, sufre un grave deterioro psicológico y ha comenzado a presentar inflamación en las piernas.
Antecedentes: del Servicio Militar al intento de secuestro
Para comprender la magnitud de la tragedia, es necesario remontarse a los años previos al incidente. Antes de ingresar al Servicio Militar Activo, Leandro había terminado el preuniversitario y obtenido una plaza para estudiar Licenciatura en Turismo. Fue enviado a la Gran Unidad Militar de Tanques «Rescate de Sanguily», en Managua, donde comenzó a sufrir abusos constantes. La situación se agravó cuando, durante un acto político, el joven denunció públicamente las condiciones dentro de la unidad militar y realizó críticas directas a Fidel Castro. A partir de entonces, fue arrestado en varias ocasiones y retenido incluso cuando ya debía recibir la baja.
La noche del 27 de abril de 2007, Leandro Cerezo, Yoan Torres, Alain Forbes y Karel Rubio se alzaron en armas. Tras secuestrar un ómnibus con destino al Aeropuerto Internacional «José Martí», irrumpieron en una aeronave con la intención de abandonar el país. Las negociaciones se extendieron por seis horas y culminaron en tragedia: un teniente coronel retenido dentro del avión murió y Torres resultó gravemente herido por un disparo de un francotirador. Tras tres meses de hospitalización, fueron juzgados en agosto de 2007. A Sirut Reyes no se le permitió asistir al juicio por negarse a rogar públicamente la rendición de su hijo. Leandro fue condenado a prisión perpetua por delitos que incluyeron asesinato, toma de rehenes y salida ilegal del país.
El colapso del sistema penitenciario y la crisis estructural
El caso de Leandro Cerezo Sirut no es un hecho aislado, sino un reflejo del colapso estructural del sistema penitenciario en Cuba. Las prisiones de la isla, caracterizadas por el hacinamiento, la falta de higiene y la deficiente atención médica, funcionan como centros de castigo político y social más que como instalaciones de reinserción. La dictadura cubana ha utilizado el sistema carcelario como una herramienta de represión para silenciar la disidencia, castigar la deserción y disuadir cualquier intento de emigración irregular. La opacidad con la que operan estos centros impide la fiscalización internacional y deja a los reclusos en un estado de total desamparo jurídico.
Esta realidad se inserta en un contexto de crisis nacional multifactorial. El descontento social, exacerbado por la inflación, el desabastecimiento crónico y los apagones, ha sido respondido por el ejecutivo cubano con un endurecimiento de la represión. Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y las posteriores condenas a cientos de manifestantes demostraron que el régimen de La Habana prioriza el control político absoluto sobre el respeto a los derechos humanos. En este escenario, el exodo migratorio histórico que vive la isla también tiene sus raíces en la desesperación de una población que no solo enfrenta la miseria material, sino la certeza de que cualquier intento de rebeldía será aplastado con la máxima dureza del aparato coercitivo del Estado.
Organizaciones de derechos humanos como Cubalex advierten que, mientras Leandro Cerezo Sirut y cientos de otros presos permanezcan bajo las actuales condiciones de reclusión, sus vidas e integridades seguirán en riesgo inminente. La falta de voluntad política por parte de las autoridades de la isla para investigar las denuncias de tortura o garantizar una atención médica adecuada constituye una violación flagrante de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
El futuro de este caso y de la crisis carcelaria en Cuba dependerá en gran medida de la presión que pueda ejercer la comunidad internacional y los organismos multilaterales. Hasta ahora, la respuesta del poder frente a las denuncias ha sido el silencio y la retaliación contra los familiares. La tragedia de Leandro Cerezo Sirut, un joven que intentó huir de un sistema que lo asfixiaba y terminó destruido por el mismo, resume el costo humano de la falta de libertades en la isla. Mientras la dictadura mantenga su política de aniquilación física y psicológica contra los considerados enemigos, la sociedad cubana seguirá pagando un peaje impagable en vidas rotas y familias destrozadas.
