Un testimonio protegido revela prácticas sistemáticas de corrupción, falsificación de estadísticas y retención de documentos dentro de la brigada médica cubana en Bolivia, evidenciando el modelo de control y saqueo del régimen de La Habana sobre sus profesionales de la salud.
Un médico que prestó servicios en el Centro Oftalmológico \»El Alto\», en La Paz, ha remitido un relato detallado a la organización no gubernamental Archivo Cuba. Al llegar a territorio boliviano, agentes de la Seguridad del Estado confiscaban los pasaportes de los galenos, imponiendo un aislamiento estricto que les prohibía relacionarse con la población local sin autorización. El profesional denunció que debía registrar al menos 35 atenciones diarias, en su gran mayoría ficticias, para justificar la presencia de funcionarios del Partido Comunista, familiares y allegados que figuraban en las nóminas como personal médico sin ejercer la profesión.
Las autoridades de la isla orquestaron un esquema de fraude económico mediante la manipulación de datos clínicos. Según el testigo, se realizaban cirugías oculares innecesarias y se desperdiciaban insumos médicos, como jeringas y analgésicos, para inflar las cifras y cobrar al Estado boliviano. Mientras los altos cargos de la misión residían en mansiones con personal de servicio, choferes y cocineros privados, los médicos sufrían retenciones salariales. Bolivia pagaba cerca de 4.000 dólares mensuales por cada colaborador, pero los profesionales apenas recibían 670 dólares, de los cuales se les descontaban 100 por conceptos de vivienda que ya eran sufragados por el gobierno receptor.
Abuso de la inmunidad diplomática y silencio institucional
El entramado de corrupción contaba con la complicidad de figuras institucionales. El entonces embajador cubano en Bolivia, Benigno Pérez Fernández, utilizaba la categoría de \»Valija Diplomática\» para enviar grandes cargamentos a la Isla, mientras los galenos tenían un límite estricto de 40 libras de equipaje. El testimonio también señala a Pavel Noa, jefe de la misión, y a Fernando Leanes, representante de la OPS/OMS en Bolivia, quien supuestamente tenía conocimiento de las condiciones de semi-esclavitud y arbitrariedades a las que eran sometidos los colaboradores.
Esta denuncia no es un hecho aislado, sino una extensión del modelo de exportación de servicios médicos que sostiene la economía del régimen de La Habana. El tráfico de profesionales de la salud se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas para el ejecutivo cubano, complementando un sistema interno marcado por el colapso de los servicios públicos, la inflación galopante y un éxodo migratorio masivo. El control ejercido sobre estos trabajadores, privados de su libertad de movimiento y sometidos a retenciones salariales injustificadas, refleja la naturaleza represiva del aparato estatal.
Al concluir su misión, el médico fue \»regulado\» por el gobierno cubano, una medida de restricción de salida del país utilizada como castigo. Finalmente logró emigrar por otras vías, optando por no desertar en Bolivia para evitar represalias contra sus familiares en la Isla, una táctica de chantaje habitual de la dictadura cubana. Las revelaciones ponen en entredicho la legitimidad de los convenios internacionales firmados por La Habana y exigen una revisión por parte de los organismos multilaterales sobre el uso de la cooperación médica como tapadera de la explotación laboral y el fraude institucional.
