Más del 90% de los reclusos del Destacamento 1 de la prisión de máximo rigor Kilo 8, en Camagüey, presentan un cuadro de desnutrición y pérdida crítica de peso, según reveló el preso político Alieski Calderín Acosta. Un pesaje realizado por las propias autoridades carcelarias expone la grave crisis sanitaria y alimentaria que impera en el sistema penitenciario cubano, agravada por recortes en las raciones y prohibiciones a los alimentos enviados por los familiares.
La denuncia tuvo lugar tras una inspección ordinaria efectuada el 6 de mayo por las autoridades del centro penitenciario, quienes procedieron a pesar a los internos del destacamento donde se encuentra recluido Calderín Acosta. El resultado arrojó cifras alarmantes: de un total de 60 reclusos, 55 presentan un peso por debajo de los límites saludables, lo que evidencia un nivel de desnutrición que roza el 92% de la población de ese pabellón. En el caso particular del prisionero político, su masa corporal se ha desplomado de 60 kilogramos, su peso habitual antes de su detención, a apenas 43 kilogramos en la actualidad, una reducción que compromete gravemente su integridad física.
Una dieta de hambre y restricciones arbitrarias
El dramático estado físico de los reclusos es consecuencia directa de la política de recortes alimentarios implementada en la prisión. A mediados de marzo, el régimen de La Habana redujo drásticamente las raciones destinadas a los reclusos, una medida que se sumó a la reciente prohibición de ingresar ciertos alimentos proporcionados por los familiares, denunciada a principios de este mes tanto por Calderín Acosta como por el recluso José Ricardo González Alfonso. Esta combinación de factores ha dejado a la población penal en un estado de virtual inanición.
El menú diario que describe el prisionero político ilustra la magnitud del abandono. El desayuno, servido a las 7:00 a.m., se limita a un pequeño pan y una tisana sin azúcar. Para el almuerzo, a las 11:30 a.m., los reclusos reciben tres cucharadas de arroz, un fragmento de una masa de composición desconocida y sopa de arroz. La última comida del día se sirve a las 4:00 p.m. y consiste en otras tres cucharadas de arroz, acompañadas de la misma masa del almuerzo o, en el mejor de los casos, menos de una cucharada de pescado desmenuzado. A esta escasez se suma el mal estado de los alimentos y su deficiente elaboración, lo que aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales en un entorno ya de por sí insalubre.
Negligencia médica y crisis de servicios básicos
La crisis alimentaria se ve agravada por un absoluto abandono médico. Calderín Acosta denunció que desde hace más de dos meses no recibe el medicamento captopril, imprescindible para el control de su presión arterial. Esta negligencia no es un caso aislado, sino una práctica sistemática: cuando los reclusos solicitan atención en la enfermería, los guardias carcelarios se niegan a trasladarlos argumentando que en el lugar no existen recursos ni medicamentos para tratarlos, condenándolos a soportar sus dolencias en sus celdas.
El acceso al agua potable es otro de los graves déficits estructurales del centro. La turbina de la prisión tiene una capacidad limitada, por lo que el líquido llega con muy poca fuerza. Además, el suministro se activa principalmente durante las madrugadas, coincidiendo con los horarios en los que el sistema eléctrico de la isla permite el funcionamiento de los motores. Esta situación obliga a los reclusos a pasar gran parte de sus horas de descanso formando interminables colas con sus depósitos, lo que constituye una violación adicional a sus derechos básicos y afecta su ya precario estado de salud.
El caso de Alieski Calderín Acosta y la discriminación política
Alieski Calderín Acosta, de 37 años, albañil de profesión y residente en el municipio cabecera de Camagüey, cumple una condena de 20 años de privación de libertad impuesta por el delito de sabotaje. Fue encarcelado el 7 de noviembre de 2012 tras ser acusado de presuntamente arrojar un cóctel Molotov a la tienda recaudadora de divisas (TRD) El Encanto, situada en el bulevar camagüeyano. A pesar de haber extinguido más de la mitad de su condena, las autoridades penitenciarias y agentes de la Seguridad del Estado le han negado de forma sistemática la progresión a un régimen de mínima severidad.
La negativa de este beneficio legal responde a un criterio estrictamente político. Según han declarado los propios funcionarios, «los contrarrevolucionarios no tienen derecho» a acceder a mejoras en su régimen penitenciario. Esta práctica de discriminación política dentro del sistema carcelario es una constante de la dictadura cubana, que utiliza las prisiones no solo como centros de castigo, sino como herramientas de represión ideológica y aniquilamiento físico para quienes disienten del modelo impuesto. Calderín Acosta figura en el listado de presos políticos elaborado por Prisoners Defenders, organización internacional de defensa de los derechos humanos con sede en España.
Contexto sistemático: El colapso del sistema penitenciario y la crisis nacional
La situación en la prisión Kilo 8 no es un hecho aislado, sino el reflejo del profundo colapso institucional que atraviesa Cuba. El gobierno cubano ha trasladado a las prisiones las mismas carencias que sufre la población civil en las calles. La crisis económica estructural, caracterizada por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad alimentaria, ha golpeado con mayor severidad a los sectores marginados y encerrados, como son los reclusos, quienes dependen absolutamente de la asistencia estatal.
En este escenario, el régimen de La Habana ha optado por reducir los ya míseros recursos destinados al sistema penitenciario, dejando a los reclusos a merced del hambre y las enfermedades. La prohibición de que los familiares complementen la dieta carcelaria funciona como una medida de presión y tortura psicológica, tanto para los internos como para sus seres queridos en el exterior, quienes ven cómo sus parientes se consumen lentamente sin posibilidad de auxiliarlos. Esta política de desnutrición forzada constituye una violación flagrante de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Cuba es signataria.
Asimismo, el panorama represivo se ha endurecido tras las protestas del 11 de julio de 2021. La dictadura cubana ha llenado las cárceles de opositores, activistas y ciudadanos comunes que exigieron cambios, imponiendo condenas desproporcionadas y manteniendo condiciones de reclusión que han sido calificadas por organismos internacionales como tratos crueles, inhumanos y degradantes. La negación de asistencia médica y la escasez de agua en Kilo 8 son tácticas complementarias en este andamiaje represivo, diseñadas para quebrar la voluntad de los presos y silenciar cualquier intento de protesta dentro de los muros.
Implicaciones y futuro
El deterioro acelerado de las condiciones de vida en la prisión Kilo 8 presagia un aumento en la mortalidad carcelaria y en la incidencia de enfermedades crónicas entre los reclusos. Si el ejecutivo cubano no rectifica estas políticas de abandono, es previsible que se desate una crisis humanitaria de mayores proporciones dentro de los centros de reclusión de la isla, lo que podría derivar en conflictos internos y motines impulsados por la desesperación.
Ante esta realidad, la presión de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos se vuelve ineludible. Es imperativo que los organismos multilaterales exijan a las autoridades de la isla el cumplimiento de las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como la liberación incondicional de los presos políticos como Alieski Calderín Acosta. Mientras tanto, la sociedad civil cubana y la diáspora continúan documentando estos abusos, demostrando que la maquinaria represiva del Estado opera sin freno, convirtiendo las prisiones en verdaderos campos de exterminio silenciados.
