Las autoridades de la isla han detenido finalmente al oficial militar que hirió de bala al joven recluta Deiby Díaz-Pimienta Domínguez en septiembre de 2025, en la unidad militar 46-00 de El Ocho de La Coloma, en Pinar del Río. Tras meses de impunidad, el sujeto, identificado como \»teniente Ernesto\», fue arrestado a principios de febrero, mientras el soldado, víctima del ataque, continúa privado de libertad acusado de desobediencia.
El incidente ocurrió el 20 de septiembre del año pasado, cuando, tras una riña, el oficial disparó al joven en el muslo derecho, una herida que, según el personal médico, pasó a un milímetro de la arteria femoral y puso en riesgo su vida. Tras dos meses de hospitalización en el Hospital Militar de Pinar del Río y dos meses de convalecencia en su hogar en Sandino, Díaz-Pimienta fue detenido y trasladado a la Unidad de Prevención en Entronque de Ova. Su madre, Yarenni Domínguez Caldevilla, confirmó que el recluta permanece bajo custodia a la espera de ser enviado a la prisión militar El Globo, en La Habana.
La madre del joven ha denunciado las condiciones en las que su hijo se encuentra recluido, evidenciando un claro patrón de represión y acoso psicológico. Durante las visitas, el régimen de La Habana mantiene a un militar vigilando cada movimiento, impidiendo cualquier privacidad o comunicación fluida entre ambos. Domínguez Caldevilla detalló que en una de sus visitas recientes observó en su hijo claros \»rasgos de depresión, tristeza y miedo\», secuelas evidentes tras el ataque y el posterior encarcelamiento. El gobierno cubano ha optado por criminalizar a la víctima, imputándole los delitos de \»desobediencia y violencia contra el jefe\».
Opacidad y violencia en el Servicio Militar Activo
El caso de Díaz-Pimienta no es un suceso aislado, sino que refleja una problemática estructural dentro del Servicio Militar Activo (SMA), de carácter obligatorio en Cuba. La dictadura cubana ha mantenido durante décadas un hermetismo absoluto sobre las bajas y abusos dentro de los cuarteles. No existen cifras oficiales sobre los jóvenes que han fallecido o sufrido agresiones desde 1963, ya sea por suicidios, accidentes o violencia intencional por parte de superiores, dejando a las familias en un estado de indefensión total ante la arbitrariedad del poder militar.
Frente a esta política de silencio impuesta por el ejecutivo cubano, plataformas independientes y activistas han asumido la labor de documentar estos abusos. Iniciativas como la página \»No más víctimas en el servicio militar en Cuba\» han logrado registrar al menos 50 muertes entre 2020 y 2025. La detención tardía del oficial agresor y el encarcelamiento inmediato del joven recluta evidencian, una vez más, la falta de garantías procesales y el desprecio institucional hacia la vida de los ciudadanos obligados a vestir el uniforme, profundizando la crisis de legitimidad y el rechazo social hacia el servicio militar obligatorio.
