El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, descartó este jueves cualquier retroceso en el controvertido aumento de tarifas impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y deslegitimó la ola de protestas estudiantiles que recorre la isla, atribuyendo el descontento social a una supuesta campaña de descrédito impulsada desde el exterior. La postura oficial cierra la puerta al diálogo con un sector clave de la sociedad civil y profundiza la brecha entre la narrativa del poder y la realidad ciudadana.
En una nueva emisión del pódcast oficialista «Desde la presidencia», el régimen de La Habana reafirmó su negativa a revertir la medida que obliga a los usuarios a pagar en divisas los servicios de internet una vez agotado un tope en moneda nacional. Díaz-Canel justificó la decisión como una urgencia ineludible para evitar el «colapso tecnológico» del país. «Renunciar a implementar las medidas sería renunciar a ingresos sin los cuales estaríamos acelerando el ya eminente desplome del servicio», sentenció el mandatario, en un claro mensaje de que las autoridades no cederán ante la presión popular.
La polémica se desató el pasado 30 de mayo, cuando ETECSA impuso un límite de 360 pesos cubanos (CUP) para las recargas nacionales. Una vez superado este tope, los usuarios deben adquirir paquetes de datos en dólares estadounidenses, lo que en la práctica implica una dolarización forzada del acceso a internet. Esta decisión, que afecta directamente la comunicación, el estudio y el trabajo de millones de cubanos, ha generado un rechazo generalizado que el ejecutivo cubano se ha negado sistemáticamente a reconocer.
En lugar de abordar las causas reales del descontento, la dictadura cubana ha optado por la descalificación y el silencio mediático. Díaz-Canel aseguró que las críticas no obedecen a un malestar legítimo, sino a una «campaña total de descrédito» orquestada desde el exterior por «plataformas de odio y contrarrevolucionarias». El gobernante minimizó las protestas y aseguró que el problema radica en la falta de «explicación exhaustiva» de la medida, evitando asumir la responsabilidad del poder sobre el deterioro de la calidad de vida y la vulneración del acceso a la información.
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Sin embargo, el relato oficial contrasta de forma abrupta con la documentación de múltiples movilizaciones en universidades de toda la isla. Desde la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana hasta centros de educación superior en provincias, los estudiantes han emitido comunicados, convocado asambleas y declarado paros académicos. Las actas de estas reuniones, difundidas ampliamente en redes sociales, evidencian un profundo rechazo a una medida que penaliza la economía familiar y restringe el derecho a la conectividad.
Díaz-Canel calificó los registros audiovisuales de las protestas como parte de una ofensiva «cargada de mentiras, montando carteles y videos en las redes». En su intervención, acusó a las plataformas digitales de intentar desprestigiar a la Revolución y generar desconfianza en «sectores sociales inseparables del alma de la Revolución», en una evidente referencia a la juventud universitaria. Esta estrategia de negación busca despojar de legitimidad a un movimiento pacífico que demanda equidad digital y justicia social.
El control de la conectividad y el negocio de las remesas
El mandatario rememoró en su discurso la expansión de los accesos a internet por móviles que comenzó en 2018, presentándola como un logro del gobierno cubano que abarató los costos. No obstante, omitió que durante décadas el acceso a la red estuvo severamente restringido y censurado en la isla. La apertura a la telefonía móvil no fue solo un avance tecnológico, sino también una estratégica fuente de captación de divisas, fuertemente dependiente de las remesas enviadas por la diáspora, que ahora se ve exacerbada con el nuevo tarifazo.
Contexto: La crisis estructural y la dolarización forzada
La determinación de ETECSA no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El régimen de La Habana enfrenta una escasez crónica de divisas, agravada por el fracaso del Ordenamiento Monetario de 2021, una inflación galopante en los mercados informales y la paralización productiva. Ante la incapacidad de generar riqueza por vías convencionales, las autoridades de la isla han recurrido a la extracción directa de dólares de la población y de sus familiares en el extranjero, privatizando en la práctica el acceso a un servicio público esencial.
Este escenario económico se desarrolla en un contexto de creciente represión social y un éxodo migratorio sin precedentes. La dictadura cubana ha endurecido sus mecanismos de control frente a cualquier forma de disidencia, utilizando amenazas, expulsiones universitarias y detenciones arbitrarias para amedrentar a quienes alzan la voz. El tarifazo de ETECSA actúa como un catalizador de la frustración acumulada por años de desabastecimiento, apagones prolongados y deterioro del sistema de salud y educación, empujando a sectores históricamente afines al poder a romper el silencio.
El sector educacional, en particular, ha sido uno de los más castigados por el colapso del modelo cubano. La falta de recursos materiales, el éxodo masivo de docentes hacia otros sectores económicos o hacia el extranjero, y la precariedad de las instalaciones han mermado drásticamente la calidad de la enseñanza. A esta situación se suma ahora la barrera económica para acceder a la información y el conocimiento a través de internet, lo que profundiza la brecha digital y limita el desarrollo académico de los estudiantes.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La intransigencia mostrada por Díaz-Canel frente a las demandas estudiantiles marca un punto de inflexión en la relación entre el poder y la juventud cubana. Al negarse a dialogar en términos de equidad y al tildar de «contrarrevolucionarios» a estudiantes que reclaman derechos básicos, el gobierno cubano no solo profundiza su aislamiento político interno, sino que siembra el germen de una futura confrontación social de mayores dimensiones. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada sobre la isla, donde la exigencia de conectividad y libertad se ha convertido en el nuevo frente de resistencia civil contra un sistema que se resiste a democratizarse.
