El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara ordenó la revocación del beneficio de libertad condicional de la activista Donaida Pérez Paseiro, miembro de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, obligándola a regresar a un establecimiento penitenciario para cumplir el resto de su condena. La medida, justificada bajo pretextos burocráticos, evidencia una nueva ola de represión selectiva contra figuras del opositorismo que habían sido excarceladas meses atrás mediante un acuerdo entre el Vaticano y el régimen de La Habana.
Según el comunicado oficial emitido por las autoridades judiciales de la isla, la decisión de recluir nuevamente a Pérez Paseiro se fundamenta en el supuesto incumplimiento de sus obligaciones laborales y su inasistencia a una citación del juez de ejecución en el municipio de Placetas, su lugar de residencia. El tribunal alegó que estas acciones vulneran los artículos 149, 150 y 172 de la Ley No. 152 de 2022 de Ejecución Penal, así como el artículo 128.1 del Decreto Ley No. 74 de 2023, que sirve como reglamento de dicha normativa. Bajo este manto de legalidad, el ejecutivo cubano materializa la reincorporación de la opositora al sistema carcelario.
La activista había sido excarcelada en enero, como parte de un grupo de presos liberados tras negociaciones entre el gobierno cubano y la Santa Sede. Sin embargo, la estabilidad de su libertad estaba supeditada a un estricto control institucional que, según denuncias de la sociedad civil, se utiliza de manera arbitraria para silenciar cualquier atisbo de disidencia. Periodistas y opositores coinciden en que el acuerdo diplomático resultó ser un mecanismo limitado, ejecutado a espaldas de los afectados y carente de garantías reales para los liberados.
Una medida calificada de represalia política
El periodista cubano José Raúl Gallego fue uno de los primeros en denunciar la arbitrariedad del proceso en redes sociales. Gallego destacó que Pérez Paseiro se convierte en la tercera líder opositora, junto a José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez, a quienes las autoridades de la isla regresan a la cárcel bajo argumentos similares. Desde su excarcelación, la activista se había limitado a ejercer su derecho a la libre expresión y a exigir la liberación de su esposo, el también líder opositor y preso político Loreto Hernández García, quien se encuentra en un precario estado de salud.
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Observadores políticos y diplomáticos sugieren que la revocación de la libertad anticipada es, en realidad, una represalia directa contra la activista por su encuentro a finales de abril con Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba. Durante dicha reunión, Pérez Paseiro expuso su situación y reiteró su intención de poder practicar libremente su religión junto a su comunidad yoruba y sus ahijados, así como su derecho a expresarse sin cortapisas. El 30 de abril, la sede diplomática estadounidense denunció «la injusticia» del encarcelamiento de la opositora y su esposo, lo que habría encendido las alarmas en los cuerpos represivos del Estado.
El contexto del 11J y la persecución religiosa
Los antecedentes del caso de Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García se remontan a las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertades y denunciar la profunda crisis económica y social. Ambos fueron condenados a ocho y siete años de prisión, respectivamente, tras un juicio calificado de injusto y carente de pruebas. Los cargos imputados incluyeron los supuestos delitos de «desacato» y «desorden público», sumando en el caso de Donaida el de «atentado» contra un funcionario público.
En junio de 2023, Amnistía Internacional (AI) declaró a la pareja como presos de conciencia, reconociendo que su reclusión respondía únicamente a sus convicciones políticas y a su activismo pacífico. La organización internacional subrayó que la sentencia condenatoria hacía referencia reiterada a la oposición política de los manifestantes frente al gobierno, un elemento que, según los estándares internacionales de derechos humanos, no debe tener cabida en una causa penal. La persecución contra los miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba evidencia, además, cómo la dictadura cubana extiende su control represivo hacia las instituciones religiosas que se niegan a alinearse con la oficialidad.
El marco sistémico de la represión en Cuba
El retorno de Pérez Paseiro a la cárcel no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la crisis estructural que atraviesa la isla. Ante el colapso del sistema económico, una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un éxodo migratorio sin precedentes, el régimen de La Habana ha optado por el endurecimiento de la represión como única vía para mantener el control social. La judicialización de la disidencia, amparada en el nuevo Código Penal (Ley 152 de 2022), permite al gobierno cubano criminalizar la protesta social bajo un manto de supuesta legalidad, elevando las penas y restringiendo aún más las garantías procesales.
La utilización de figuras como el «desacato» o el «desorden público» para penalizar la crítica ciudadana revela la naturaleza autoritaria del sistema. Mientras la población enfrenta apagones prolongados y la incapacidad estatal para proveer servicios básicos, las autoridades de la isla dedican sus recursos institucionales a monitorear, hostigar y encarcelar a quienes alzan la voz. El caso de los líderes opositores y religiosos de Placetas es un reflejo de cómo el miedo a la organización independiente de la sociedad civil guía las acciones del aparato estatal.
Además, la reincidencia carcelaria hacia excarcelados demuestra que los mecanismos de libertad condicional son utilizados como herramientas de chantaje y disciplina política. La amenaza constante de un regreso a la prisión funciona como un cepo para los activistas, obligándolos a elegir entre el exilio, el silencio o el encarcelamiento. Esta política de tierra quemada contra el activismo de base ahonda el clima de desesperanza en una ciudadanía que ya sufre las consecuencias de la ineficiencia gubernamental en todas las esferas de la vida cotidiana.
Implicaciones a futuro y respuesta internacional
La revocación de la libertad condicional de Donaida Pérez Paseiro envía un mensaje contundente tanto a la disidencia interna como a la comunidad internacional. Por un lado, demuestra que las concesiones diplomáticas del ejecutivo cubano, como las liberaciones pactadas con el Vaticano, son tácticas temporales que no implican una apertura democrática ni un respeto real por los derechos humanos. Por otro, supone un desafío directo a la diplomacia occidental, particularmente a Estados Unidos y a la Unión Europea, cuyas políticas de diálogo se ven sistemáticamente socavadas por las acciones represivas en la isla.
El futuro inmediato para los activistas en Cuba se presenta bajo un horizonte de alta incertidumbre y riesgo. La continuidad de estas prácticas arbitrarias exigirá una revisión profunda de los mecanismos de presión internacional. Mientras la dictadura cubana mantenga intacta su maquinaria de control y siga utilizando el sistema penal como instrumento de silenciamiento político, casos como el de Pérez Paseiro, Ferrer García y Navarro Rodríguez seguirán repitiéndose, dejando en evidencia la inviabilidad de un régimen que prefiere la cárcel y la represión antes que el diálogo con su propio pueblo.
