La joven Gisselle Ordoñez Millián fue citada y presionada por agentes de la dictadura cubana tras difundir en redes sociales las manifestaciones ciudadanas generadas por los apagones en el reparto Zamora, municipio de Marianao. La activista denunció que el régimen de La Habana recurrió a la intimidación y al chantaje emocional con su hijo menor durante un interrogatorio de dos horas.
Ordoñez, quien acudió a la Sexta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria al no tener con quién dejar a su hijo, relató que los oficiales intentaron prohibir la entrada del menor. Ante esta arbitrariedad, exigió que las autoridades de la isla asumieran su custodia mientras duraba el proceso. En sus declaraciones a medios independientes, la joven describió la experiencia como \»dos horas de profunda presión institucional y tortura psicológica\», advirtiendo que la próxima citación se llevará a cabo en Villa Marista, sede central de la Seguridad del Estado en la capital.
Intimidación y fabricación de cargos
Agentes de la Dirección de Contrainteligencia vincularon a Ordoñez con la presunta organización de las protestas marianenses y con un cartel pintado en un consultorio médico cercano a su domicilio. Ante la amenaza de incriminación, la ciudadana se negó a realizar una prueba caligráfica, temerosa de que su escritura fuera manipulada para imputarle delitos que no cometió. Además, los interrogadores recurrieron al chantaje emocional al cuestionar la custodia de su hijo y reprocharon que sus publicaciones en Facebook fueran replicadas por medios de prensa independientes, acusándola también de supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios y de recibir financiamiento del exterior.
Represión como respuesta al colapso estructural
El acoso contra Ordoñez no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la escalada represiva de la dictadura cubana frente al descontento social provocado por la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Los apagones prolongados, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, así como el colapso de los servicios públicos, han impulsado a los ciudadanos a manifestar su indignación. Frente a este escenario, el gobierno cubano ha optado por la criminalización de la protesta social, la vigilancia exhaustiva en redes digitales y el hostigamiento sistemático a activistas y periodistas ciudadanos que intentan visibilizar la realidad nacional.
Al finalizar el interrogatorio, los agentes exigieron la firma de un acta de advertencia, documento que Ordoñez utilizó para dejar constancia escrita de su negativa a cambiar su forma de pensar y de su determinación a continuar ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Este tipo de acciones de amedrentamiento revelan la vulnerabilidad de un sistema que recurre a la persecución política para silenciar el reclamo legítimo de una población que sobrevive en la precariedad. La persistencia de estos métodos represivos debería encender las alarmas en la comunidad internacional y exigir una condena firme hacia las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba, mientras el éxodo migratorio y la crisis de gobernabilidad continúan profundizándose sin solución a la vista.
